Para Gorrín Peralta la vista en el Supremo evidenció el poderío federal de los Estados Unidos sobre la Isla

A su salida de la vista oral que hubo esta semana sobre el caso Aurelius v. Puerto Rico, el licenciado Carlos Gorrín Peralta, profesor de Derecho Constitucional de Universidad Interamericana de Puerto Rico, explicó que, a diferencia de lo que algunos esperaban que fuera un espacio para ventilar debates profundos sobre la relación de los Estados Unidos con Puerto Rico, la audiencia ante el pleno del Tribunal Supremo federal sirvió de evidencia de que los poderes plenarios del Congreso sobre la Isla son un hecho indiscutible, lo cual pudiera dar pie para que ese foro valide como constitucional los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal.

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En entrevista con Microjuris, realizada por el licenciado Jeffrey Pérez Cabán, Gorrín Peralta opinó que la línea de preguntas de los jueces del Supremo siempre estuvo alineada con el reconocimiento de un «gobierno territorial», sugiriendo que los miembros de la Junta de Supervisión son oficiales territoriales y no oficiales federales. En ese sentido, para el jurista, quien presenció los argumentos orales de las partes, el Supremo federal podría revocar la decisión del Primer Circuito de Boston que invalidó estos nombramientos, pero que dejó intacta las determinaciones que hasta el momento había tomado la Junta al emplear la doctrina de «oficial de facto».

La pregunta más dramática en la vista, de acuerdo con el parecer de Gorrín Peralta, vino por parte del juez Neil Gorsuch cuando cuestionó: «¿De no ser por la Ley PROMESA, Puerto Rico podría llevar a cabo las acciones que está llevando a cabo la Junta?». A lo cual, el abogado litigante por parte de Aurelius tuvo que titubear, lo que le pareció al profesor de Derecho Constitucional una mala señal que le va en contra a la determinación del Primer Circuito en este caso.

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De manera que si los jueces del Tribunal Supremo decidieran que los miembros de la Junta se consideran oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ello no tendría que requerir que los mismos cuenten con el aval del Senado federal.

Para Gorrín Peralta, este pleito es resultado de que se haya «descorrido el velo de respetabilidad» en las relaciones de los Estados Unidos con Puerto Rico, ya que es un reconocimiento de que el Congreso puede legislar y tomar decisiones que afectan a la Isla, sin que ello requiera del consentimiento de los puertorriqueños mediante el voto ni del aval del Senado de los Estados Unidos mediante lo provisto en la cláusula de nombramientos de la Constitución federal.

Casos insulares

Según detalló Gorrín Peralta, el argumento de revisitar los casos insulares en aras de resolver el caso de Puerto Rico no es algo que haya «tomado vuelo» en la vista. A su mejor entender, dicho argumento se alejó del razonamiento principal que deben seguir los jueces para contestar la pregunta sobre si los miembros del ente fiscal son o no oficiales federales a la luz de la cláusula de nombramientos.

PROMESA

Sin embargo, sobre el tema de la ley PROMESA, el profesor apuntó a un artículo publicado por Antonio Weiss, a quien identificó como el redactor de dicho estatuto, en la revista norteamericana Foreign Affairs en julio pasado. Sobre la publicación destacó el que el propio redactor de PROMESA denunciara que dicha ley -y la subsiguiente Junta de Supervisión Fiscal- es el resultado más reciente del poder imperial de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Para encarar este asunto, el jurista identifica que se trata de lograr una voluntad política que dé al traste con esta relación de poderes desiguales, lo que a su vez suscitaría un cambio definitivo en el estado de derecho actual. Esperar por que la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelva este asunto político no es una opción favorable ni adecuada, desde la perspectiva del constitucionalista.

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