La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, estará próximamente considerando la firma o el veto de un proyecto de ley que propone prohibir el estacionamiento de vehículos de motor en espacios designados como puntos de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad, salvo aquellos vehículos estacionados que se encuentren conectados y utilizando dicho dispositivo de carga.

Se trata del Proyecto del Senado 217, de la autoría de la senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Nitza Morán Trinidad, que de ser firmado por la primera ejecutiva, el mismo estaría enmendando la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

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La pieza legislativa, que fue aprobada por unanimidad en ambos cuerpos legislativos y que posteriormente tuvo enmiendas en Cámara y las mismas fueron avaladas por el cuerpo de origen, define además el término «punto de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad» como la instalación que permite la carga de vehículos enchufables (híbridos o "plug-in" y eléctricos) y están ubicados en zonas públicas, en viviendas privadas o en estaciones de servicios.

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Según expone la medida, en centros comerciales y otros lugares donde se han instalado estaciones de carga para beneficio de los consumidores, se ha recrudecido la práctica de utilizar estos espacios como estacionamientos regulares, aun cuando el vehículo no es eléctrico o, si lo es, permanece estacionado sin hacer algún uso del cargador, una situación que ha estado creando un obstáculo para los conductores de autos eléctricos que realmente necesitan utilizar del servicio de recarga.

Actualmente, la Ley 22-2000, según enmendada, y conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito, no contempla disposición alguna sobre este asunto, lo cual se explica en el contexto de que, al momento de su aprobación, la tecnología de vehículos eléctricos apenas comenzaba a desarrollarse y no se anticipaba la problemática que al presente enfrenta la Isla.

En atención a esta realidad, la legislación aprobada establece una multa de $500 dólares a toda persona que estacione un vehículo en un espacio de recarga sin hacer uso del servicio.

Además, ordena a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a llevar a cabo una campaña de orientación ciudadana para garantizar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

La medida fue firmada por ambos presidentes legislativos y fue enviada el día 20 de noviembre de 2025 a La Fortaleza para la consideración de la Gobernadora.