La Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Isabel Llompart Zeno, explicó que las disposiciones de la Resolución aprobada por el Tribunal Supremo con el fin de revisar los derechos arancelarios correspondientes a la tramitación de acciones civiles en los tribunales y otros servicios de la Rama Judicial no entran en vigor de manera inmediata ya que se requiere que la Asamblea Legislativa apruebe enmiendas a la legislación vigente.

"En el día de ayer el Tribunal Supremo aprobó una Resolución revisando la estructura del costo de los derechos arancelarios que se pagan por la presentación de diversas instancias judiciales en los tribunales de Puerto Rico. Esta nueva estructura propuesta será sometida a la Asamblea Legislativa para iniciar los trámites requeridos con el fin de enmendar la legislación vigente. Será entonces cuando entre en vigor la nueva estructura arancelaria", explicó la Directora de la OAT.

• Costo actual de derechos arancelarios (*.PDF)

Según Noticel, entre los aumentos arancelarios destacan:

• Pleito civil contencioso ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), excepto en demandas de alimento a favor de menores, aplicable a la parte custodia o a ambas partes si comparecen en conjunto pagará a quien se reclama, aumenta a $60 en las salas municipales y $90 en las salas superiores.
• Primera alegación de la parte demandada en pleito civil ante el TPI, excepto el recurso de expropiación forzosa será de $60 en las salas municipales y $90 en las salas superiores.
• Petición de divorcio por consentimiento mutuo ante el TPI será de $78.
• Declaratoria de herederos ante el TPI costará $78.
• Recursos extraordinarios, excepto habeas corpus pagarán $90.
• Por cada oposición de cualquier parte en recursos extraordinarios, excepto habeas corpus costará $90.
• Escrito de promoción de expediente de jurisdicción voluntaria ante el TPI pagará $78.
• Solicitud de intervención u oposición de procedimiento de jurisdicción voluntaria pagará $78.
• Demanda por desahucios por falta de pago ante el TPI costará $60.
• Demandas en reposición de bienes muebles ante el TPI costará $90.
• Cada recurso de revisión de multas administrativas bajo la Ley de Tránsito pagará $6.
• Escrito de apelación civil o certiorari ante el Tribunal de Apelaciones (TA) costará $102.
• Escrito de revisión de decisiones administrativas en el TA costará $102.
• Primera alegación del apelado o recurrido en apelación civil o certiorari ante el TA pagará $102.
• Escrito o apelación de certiorari en recursos extraordinarios ante el TA, excepto habeas corpus, costará $102.
• Escrito o apelación de certiorari o cualquier otro recurso en casos civiles en el Tribunal Supremo (TS), incluyendo certificación, costará $120.
• Transcripciones pagarán $6 por página.
• Regrabaciones pagarán $12 por hora o fracción, hasta un máximo de $24.
• Copias de documentos pagará $6 la primera página, y las demás .60 centavos por página por el manejo y búsqueda del expediente.
• Bodas costarán $20.
• Juramentación en secretarías del diligenciamiento de cada emplazamiento costarán $5.
• Traducciones pagarán $25 por la primera página, y $5 las restantes, mientras las certificaciones de traducción costarán $5.

Llompart Zeno explicó que el Alto Foro también aprobó una Resolución con enmiendas al Reglamento de Personal de la Rama Judicial. "Sobre este particular, la OAT cumplirá con su responsabilidad de poner en vigor de manera inmediata lo dispuesto por el Tribunal Supremo", indicó.

Ambas medidas se suman a las acciones administrativas ya tomadas por la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Liana Fiol Matta, con el propósito de lograr economías y generar ingresos ante la situación fiscal de la Rama Judicial tras el recorte de $54 millones en su presupuesto para el presente año fiscal. Entre ellas se encuentran el traslado de operaciones de once salas del Tribunal de Primera Instancia, el cierre parcial de operaciones en determinadas fechas, la reducción de la contratación de servicios profesionales, la reubicación de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Tribunal de Apelaciones, la reducción en 11% del personal mediante la congelación de plazas que se desocupan por jubilación o renuncia y la suspensión del desarrollo de proyectos como el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, según se informó.