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Según la información provista, el anuncio fue divulgado por Chris Jay Hoofnagle en su cuenta de X. Hoofnagle es Professor of Law in Residence en University of California, Berkeley, School of Law, donde enseña ciberseguridad, programación para abogados y daños extracontractuales. El documento divulgado establece una política de inteligencia artificial efectiva en verano de 2026 para UC Berkeley School of Law.
El documento, titulado Artificial Intelligence Policy, identifica como institución emisora a UC Berkeley School of Law y dispone que su vigencia comenzará en verano de 2026. El texto provisto no describe el trámite interno de aprobación ni detalla el proceso institucional previo a su emisión.
La política parte de una premisa expresamente reconocida: los futuros abogados podrían necesitar utilizar inteligencia artificial con fluidez. Sin embargo, el documento advierte que el estado actual de la tecnología exige que su uso esté acompañado por destrezas cognitivas que permitan emplearla estratégicamente, evaluar críticamente sus resultados y cumplir obligaciones éticas frente a clientes y al sistema legal.
Desde esa perspectiva, Berkeley Law sostiene que el pensamiento continúa siendo un elemento esencial de la buena abogacía y de una educación jurídica de calidad. La política busca que los cursos, como regla general, se enfoquen en el desarrollo de destrezas necesarias para conceptualizar, organizar, redactar, revisar y editar trabajos académicos sin delegar esas funciones en sistemas de inteligencia artificial.
La regla principal dispone que el uso de inteligencia artificial está prohibido para ayudar a conceptualizar, bosquejar, redactar, revisar, traducir o editar cualquier trabajo sometido para crédito académico. La prohibición cubre tanto las etapas iniciales de elaboración de un trabajo como las intervenciones posteriores sobre el texto.
El documento ofrece ejemplos específicos de conductas prohibidas. Entre ellas se encuentran pedir a una herramienta de inteligencia artificial que sugiera un tema o tesis para un trabajo, que proponga una estructura organizativa, que redacte un párrafo para resumir una regla jurídica, que identifique pasajes repetitivos que deban eliminarse o que corrija errores gramaticales. También se prohíbe utilizar inteligencia artificial para traducir al inglés un trabajo escrito originalmente en otro idioma.
La prohibición sobre traducción tiene una justificación expresa en el documento. Según la política, esta regla procura que el estudiantado desarrolle y ejerza su propia fluidez en inglés jurídico. De ese modo, la traducción no se trata como una tarea meramente mecánica, sino como parte del proceso formativo en la educación legal.
La política contiene una prohibición más amplia para situaciones de examen. En ese contexto, el uso de inteligencia artificial queda prohibido para cualquier propósito. El documento incluye como ejemplo vedado solicitar a una herramienta de inteligencia artificial que genere un bosquejo de examen cuando sus elementos luego sean utilizados durante la prueba.
Además, la política impide que el estudiantado cargue materiales de curso en sistemas de inteligencia artificial generativa. La prohibición menciona expresamente asignaciones, lecturas, diapositivas, grabaciones de clase y otros contenidos del curso. Esta regla no depende de que el material cargado sea utilizado posteriormente en un trabajo académico; el acto de subir esos contenidos al sistema generativo queda comprendido en la prohibición.
El documento permite un uso limitado de inteligencia artificial en la investigación de trabajos escritos, pero únicamente para identificar fuentes. La política menciona como ejemplos casos, estatutos y fuentes secundarias. Esa autorización no se extiende a la conceptualización, organización, redacción, revisión, edición o traducción del trabajo sometido para crédito.
La política también establece que el estudiantado conserva la responsabilidad por la exactitud de la investigación y por todos los demás aspectos del trabajo presentado. Además, dispone que las citas a fuentes inexistentes levantarán una presunción de uso prohibido de inteligencia artificial. Esta disposición se relaciona directamente con la exigencia de verificación independiente de las fuentes identificadas mediante herramientas tecnológicas.
Aunque la regla general es restrictiva, el documento reconoce discreción al profesorado para apartarse de ella. Esa desviación puede ocurrir en cursos diseñados intencionalmente para enseñar fluidez en inteligencia artificial o en otros cursos en los que el profesor determine que una regla distinta es pedagógicamente apropiada.
La excepción debe constar por escrito, notificarse adecuadamente y requerir que el estudiantado divulgue cualquier uso autorizado de inteligencia artificial. Si un estudiante tiene dudas sobre si un uso específico viola la regla general o una regla alternativa del profesor, debe solicitar aclaración y recibirla por escrito antes de realizar ese uso.