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La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que sanciona el maltrato a animales domésticos, pero que a su vez, permite el uso de estos para sacrificios, medicina tradicional y rituales ancestrales.
La medida, denominada «Ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato» fue criticada por activistas en defensa de los animales, quienes argumentan que "es una puerta abierta para que se continúe con el maltrato a los animales". Así lo expresó Ana Serrano, representante de la organización Amor por los Animales Bolivia (APLAB).
«Entendemos que Bolivia es muy arraigada a los ritos y costumbres de cada pueblo pero creemos que el país puede crecer moralmente y que, por ejemplo, no es necesario matar zorros para vender sus hocicos o sus patas para la buena suerte… Es cruel matar perros o gatos negros para curar los dolores musculares», añadió Serrano.
La crítica surge por el artículo que dispone que se exceptúa de la definición de maltrato "los actos ejercidos en la medicina tradicional, ritos ancestrales, que se rigen conforme los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios, debiendo realizarse evitando el sufrimiento innecesario y agonía prolongada".
Según un artículo publicado en el periódico El Comercio, en Bolivia es habitual el sacrificio de animales. Por ejemplo, en diversos rituales dedicados a la Madre Tierra es común que los indígenas sacrifiquen llamas a cambio de prosperidad y buenas cosechas.
La principal propulsora de la medida, la diputada Sonia Brito, explicó que la medida contempla que en ese país las prácticas culturales que involucran sacrificios de animales son muy fuertes, y que por tanto la medida atiende el problema evitando que a estos animales se les someta a agonía y sufrimientos innecesarios y prologados. Asimismo Brito cuestionó que los activistas critiquen el sacrificio de animales para rituales religiosos pero no critiquen la matanza de animales para el consumo.
La ley incluye los términos "trato cruel" y "biocidio" contra animales, que serán incluidas en el Código Penal de ese país y sancionadas con cárcel de seis meses a cinco años, trabajo comunitario de tres a seis meses y multas.