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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston emitió tres opiniones, aunque consolidadas, en contra de las alegaciones de tres miembros de la Asociación Pro derechos y Rehabilitación del Confinado, conocidos como los Ñeta, que cumplen largas condenas de prisión por crímenes castigables bajo la Ley RICO «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act», creada para combatir organizaciones criminales.

De acuerdo al documento, fueron tres de 15 confinados procesados en el 2016 por un pliego acusatorio de un gran jurado federal que alegaba que Ñeta, aunque creada hace décadas con el propósito declarado de abogar por los derechos de los confinados, se había convertido «en una organización criminal cuyos miembros y asociados participaban en distribución de droga y actos de violencia, como asesinatos».

Los acusados en este caso son José R. Andino-Morales, quien cumple 15 años de prisión, José J. Folch Colón, y Aníbal Miranda-Montañez, estos últimos condenados a cadena perpetua.

Todos alegaron insuficiencia de la prueba para sus condenas, Folch planteó que una expresión del fiscal ameritaba un «mistrial» y Andino que la sentencia era irrazonable.

Se alega que los tres estuvieron involucrados incluso en delitos como asesinatos en instituciones en Ponce y Bayamón y que Miranda era líder Ñeta en una cárcel ponceña.

Uno de los alegatos de la defensa de los imputados es que no procedía acusarlos por RICO Act, cuando hay miembros de los Ñeta que no están relacionados al trasiego de drogas.

Sin embargo, Boston expresa que la definición del RICO Act permite que se emitan acusaciones aun cuando la organización tenga fines legítimos.

También los condenados alegaron que era insuficiente para acusarlos bajo comercio interestatal que la droga que se traficaba, cocaína y heroína, no era producida en Puerto Rico, pero Boston expresa que hay precedentes judiciales de que «es suficiente para establecer un mínimo efecto de comercio interestatal».

Entre esos precedentes judiciales citados varias veces en este caso de Boston es el caso contra Reinaldo Millán Machuca, quien fue acusado y enjuiciado por separado y que es descrito por Boston como uno de los principales líderes de los Ñeta.

Otro argumento rechazado por el foro apelativo es que el Código Penal de Puerto Rico no prohíbe el delito especifico de «murder for hire» (asesinato por encargo), y los jueces indicaron que el delito de asesinato en la ley estatal es suficiente.

En un alegato a Boston relacionado a uno de los asesinatos, el foro apelativo indica que el hecho de que Folch haya pagado a Millán por el asesinato de un sujeto identificado como Alexis Rodríguez Rodríguez es suficiente para determinar que Folch «causó» el homicidio.

Uno de los testigos del caso federal, según la opinión, fue la persona que llevó a cabo el homicidio, que lo hicieron mediante una sobredosis de drogas, y testificó que fue amonestado por retrasarse en cumplir con la directriz.

Además, los convictos hicieron otras alegaciones relacionadas a suficiencia de la prueba, pero estas fueron rebatidas por testimonios de otros confinados en contra de los acusados.

¿Qué es el RICO Act?

El «RICO Act» es una legislación estadounidense conocida oficialmente como la Ley de Influencia Corrupta y Organizaciones Corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Fue promulgada en 1970 como una herramienta legal para combatir las actividades de organizaciones criminales, particularmente en relación con el crimen organizado.

El propósito principal del RICO Act es penalizar y desmantelar las empresas y organizaciones involucradas en actividades delictivas continuas y sistémicas.

La ley también permite a las víctimas de actividades delictivas organizadas presentar demandas civiles para recuperar triple compensación por daños y perjuicios.