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El Senado de Puerto Rico dio su aprobación de forma unánime, para el Proyecto del Senado 213, con el propósito de  actualizar la política pública ambiental de Puerto Rico en cuanto al manejo de residuos electrónicos.

La medida, de la autoría del senadora Nitza Morán Trinidad, propone incluir en el marco regulatorio de la Ley 18-2012, conocida como Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico, los sistemas de energía solar renovable y baterías de vehículos eléctricos, anticipando su eventual desecho masivo.

Puedes leer el Proyecto del Senado 213 aquí

El proyecto de ley enmienda múltiples secciones de ley para incorporar nuevas categorías de equipos dentro de su definición de "equipos electrónicos", incluyendo los sistemas fotovoltaicos (PVS), los sistemas de almacenamiento en batería (BSS), las baterías de iones de litio de vehículos eléctricos, los cargadores correspondientes y otros componentes de sistemas solares susceptibles de reciclaje o disposición especial.

Asimismo, se eliminan todas las referencias a la Autoridad de Desperdicios Sólidos y a la Junta de Calidad Ambiental, consolidando las funciones de reglamentación, supervisión, certificación y fiscalización en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Esta reestructuración responde a los cambios administrativos establecidos mediante el Plan de Reorganización de 2018.

Se establece que toda entidad privada con 11 empleados o más deberá rendir al DRNA un informe anual sobre las estrategias implementadas para la disposición, reciclaje o reutilización de equipos electrónicos. Los fabricantes, importadores y distribuidores de estos equipos serán responsables de su disposición una vez concluyan su vida útil, incluyendo la coordinación con detallistas para la recolección.

El DRNA mantendrá un registro actualizado de entidades certificadas y será la agencia encargada de revisar y aprobar los planes de reciclaje y disposición, así como autorizar instalaciones dedicadas a estos fines.

Las empresas que lo soliciten podrán obtener una certificación como "Empresa Verde" y ser reconocidas públicamente por su cumplimiento.

La medida también establece que los municipios deberán coordinar con el DRNA la supervisión de personas o entidades que almacenen equipos electrónicos desechados. Además, se faculta al DRNA a participar en convenios intergubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, para mejorar la gestión de residuos electrónicos.

Finalmente, se prohíbe expresamente la autorización de programas de disposición que impliquen trasladar residuos a jurisdicciones con leyes ambientales más permisivas o que solo almacenen equipos sin un plan de disposición. Se establece la obligación del DRNA de crear estándares de manejo y reciclaje basados en las recomendaciones de la EPA, con miras a proteger la salud pública, la seguridad de los trabajadores y la integridad de las instalaciones.