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Un nuevo proyecto de ley aspira a aumentar las protecciones para la comunidad inmigrante en Puerto Rico.

El proyecto de la Cámara 331 fue presentado el jueves por representantes de la minoría del Partido Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño, a petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La medida surge en respuesta a la serie de redadas llevadas a cabo por autoridades federales de inmigración en sectores con alta concentración de inmigrantes, que han provocado temores de discriminación y vulneraciones de derechos, según un comunicado de prensa de ACLU.

«Queremos un Puerto Rico donde la dignidad de cada persona sea respetada y donde nadie tema acudir a servicios médicos o educativos por miedo a ser detenido o interrogado injustamente», explicó en declaraciones escritas la Lcda. Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU-PR.

El proyecto tiene 20 páginas y plantea en su exposición de motivos que las nuevas ordenes ejecutivas del presidente no suspenden las leyes y el ordenamiento vigente, que garantiza la igual protección de las leyes, y que prohíben la discriminación.

«Las nuevas prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración no es un cheque en blanco para a violación del estado de derecho estatal y federal vigente», lee la exposición de motivos de la medida.

La propuesta legislación establece una serie de lugares sensibles como escuelas, hospitales, centros comunitarios en los que se prohíbe recopilar información sobre el estatus migratorio de una persona «a menos que sea estrictamente necesario por ley», y cualquier información que se obtenga solo se usaría para fines de la ayuda solicitada, salvo orden judicial. Tampoco se podría dar información ya recopilada, y no se estaría usando a las agencias del orden público estatales para detenciones migratorias, entre otros asuntos.

«Merecemos un país en el que todos podamos confiar en las instituciones y tener acceso a los servicios esenciales», enfatizó por escrito la directora de política pública de la ACLU PR, Lcda. Lolimar Escudero Rodríguez.

Por su parte, Héctor Ferrer hijo, portavoz de la delegación en la Cámara de Representantes, dijo que esta medida hace falta no solo ante las acciones del gobierno de Trump pero también ante las posturas asumidas por la gobernadora Jenniffer González sobre este tema.

«Se debe establecer un marco legal para representar la dignidad del ser humano y que los servicios importantes para las personas se puedan dar sin que sea detenido e interrogado injustamente», dijo Ferrer.

El legislador entiende que el gobierno de Puerto Rico está facultado para este tipo de legislación a pesar de las directrices del presidente de Estados Unidos. «Se debe reconocer que la dignidad del ser humano es inviolable», añadió.

Ferrer dijo que aún no tiene información de que legisladores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) vayan endosar esta medida, pero «conociendo la timidez con a que están actuando, imagino que no habrá espacio para defender a la comunidad inmigrante de Puerto Rico, espero que me sorprendan».

De inmediato no fue posible obtener la postura del presidente de la Cámara, Carlos «Johnny» Méndez, del PNP, sobre esta medida.