Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

La Comisión de Gobierno del Senado presenta un informe positivo con enmiendas sobre el Proyecto del Senado 31, el cual busca enmendar varias leyes para establecer disposiciones específicas sobre el uso y solicitud del certificado de antecedentes penales en ciertas profesiones. Su objetivo principal es fomentar la rehabilitación y reinserción social de personas con antecedentes penales y garantizar un proceso justo para obtener licencias y certificaciones profesionales.

El Proyecto, de la autoría del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y suscrito por la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve,  enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Salud, la Ley para Regular la Relación entre el Departamento de Estado y las Juntas Examinadoras Adscritas, y la Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales. Estas modificaciones buscan eliminar restricciones automáticas y establecer procesos electrónicos para facilitar la gestión de estos documentos, en conformidad con la Ley Núm. 75-2019.

Descarga el Proyecto del Senado 31

La Comisión evaluó memoriales de varias entidades, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y el Departamento de Justicia (DJ). El DSP se mostró a favor de la medida, resaltando que el historial delictivo no debe ser un obstáculo absoluto para acceder a empleos regulados. La OATRH destacó que la iniciativa responde a un problema sistémico de discriminación contra personas con antecedentes penales y enfatizó la importancia de aplicar los principios de igual protección de las leyes y debido proceso.

Disposiciones claves

• Juntas Examinadoras: Se prohíbe rechazar automáticamente a aspirantes a profesiones reguladas por el hecho de tener antecedentes penales. En su lugar, se les obliga a evaluar cada caso individualmente considerando:

  1. Requisitos legales.
  2. Naturaleza del delito y su impacto en la seguridad pública.
  3. Si el solicitante está bajo sentencia probatoria o libertad bajo palabra.

• Certificación Electrónica: Se moderniza el trámite para la obtención y uso del certificado de antecedentes penales a través del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), de acuerdo con la Ley 75-2019, permitiendo que las solicitudes y revisiones se realicen electrónicamente.

  
  

• Procedimiento de Apelación: En caso de rechazo, el solicitante tendrá derecho a ser notificado por escrito y a apelar la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de un plazo de 30 días.

  
  

• Agilización de Trámites Gubernamentales: Se autoriza a entidades gubernamentales a solicitar certificados de antecedentes penales sin costo para evaluar la elegibilidad de aspirantes a profesiones reguladas.

  
  

El informe concluye que la propuesta legislativa refuerza el derecho a la rehabilitación, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa y recomienda su aprobación con enmiendas.

La medida queda pendiente de consideración ante el pleno del Senado.