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El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) le envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que vete o devuelva el Proyecto de la Cámara 1654, mejor conocido como el nuevo Código Civil.

Dos de las mayores preocupaciones del colegio son que el nuevo Código Civil dispone que comenzará a regir a los 180 días después de su aprobación y que la medida requiere un historial legislativo que permita conocer el origen de los nuevos artículos.

«El periodo de ciento ochenta (180) días para la vigencia de este Código Civil es simplemente inimplementable. La adopción de una pieza legislativa tan abarcadora que trastoca todos los aspectos de la vida privada de nuestra ciudadanía presupone el conocimiento pleno en cada ciudadano de lo allí dispuesto», explica la carta del colegio.

«Tal conocimiento es especialmente importante para la abogacía y la judicatura del país, quienes tendrán que readiestrarse en no menos de cinco materias sustanciales que afectan directamente los derechos de sus clientes y las partes que acuden ante los tribunales», agrega la carta.

El CAAPR planteó que en Quebec se dispuso que su Código Civil entraría en vigor a los dos años de aprobado y que el Código Penal de 2004 entró en vigor hasta un año después de su aprobación.

La carta del CAAPR también plantea que el nuevo Código Civil no incorpora elementos tecnológicos necesarios y relevantes a los procesos de contratación y el ordenamiento sucesoral, mantiene casi intactos los preceptos del derecho real «con sus anticuados e irrelevantes periodos prescriptivos en decenas de años, no adopta mecanismos responsables para regular la maternidad subrogada en todas sus modalidades, así como los problemas jurídicos que conlleva la concepción de hijos póstumos, a través de técnicas validadas y de uso común, a nivel mundial, para la inseminación artificial».

Antes, plantearon que el Código Civil tiene el potencial de servirle bien a Puerto Rico y que, a partir de la discusión pública que requieren, «podría ser corregido sujeto a que se incorporen enmiendas precisas que permitan clarificar derechos, armonizar conceptos jurídicos y eliminar la posibilidad de que las personas sean discriminadas o pierdan sus derechos».

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