Por Daniel Rivera Vargas

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico reclamó esta semana ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se equivocó de diversas maneras, infringiendo leyes estatales y disposiciones federales, cuando rechazó entregar a periodistas y a ciudadanos las grabaciones relacionadas al caso de la mujer asesinada Andrea Ruiz Costas.

Mediante un recurso Amicus Curiae de 25 páginas, con fecha del 2 de diciembre y firmado por Jessica E. Méndez Colberg, Carlos Gorrín Peralta, y Nelson N. Córdova Morales, esto como parte del reclamo de grupos periodísticos y pro acceso a información pública, el Colegio aseguró que este caso plantea asuntos sustanciales sobre acceso a la información en el manejo judicial de casos de violencia de género, graves asuntos procesales en el uso del mecanismo de certificación intrajurisdiccional y de cómo sumariamente puede disponer de un caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

"El Tribunal Supremo de Puerto Rico malinterpretó los estatutos aplicables al imponer una denegación categórica del acceso del público y la prensa a todas las audiencias y registros judiciales en casos de violencia doméstica. Su decisión contradice la política pública de Puerto Rico en materia de violencia doméstica y restringe el derecho de acceso a los recursos judiciales garantizado por la Constitución de los Estados Unidos", indicó el recurso.

También se plantea que la forma en que deciden intervenir para elevar el caso ante ellos, por decisión propia sin que nadie se lo pidiera, y a la vez denegando sumariamente el pedido de acceso a las grabaciones es violatorio del derecho a acceso a los tribunales bajo las cláusulas de debido proceso de la Constitución federal.

El recurso del Colegio elabora que el acceso a información pública emana de las protecciones de la Primera Enmienda a la Libertad de Prensa y de Expresión; y cita numerosas decisiones judiciales del propio Tribunal Supremo federal que resaltan la importancia de la participación de la prensa en procesos judiciales.

Además, el escrito del Colegio repasa el alcance de la problemática de la violencia de género, resaltando la política pública del gobierno establecida desde 1989 con la Ley 54, y la gravedad de los casos criminales, destacando que hubo 5,017 incidentes de violencia de género, sólo en 53 ha habido condenas, y que la problemática se ha incrementado desde los recientes azotes naturales del huracán María en 2017, los terremotos de 2020 y la pandemia que no ha concluido ya casi en las postrimerías de 2021.

La clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información (MFIA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en conjunto con la representación legal de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) presentaron el recurso ayer en Washington. La ASPPRO y el Club Ultramarino de Prensa (OPC) son parte de la Alianza pro Transparencia, que reclama acceso a las grabaciones del caso Andrea.

En expresiones hoy a Microjuris.com, el abogado de la clínica de Yale, Stephen Stich, resaltó la importancia del recurso amicus curiae del Colegio, y de otros que se puedan presentar. El plazo para comparecer por escrito ante el Supremo vence hoy, viernes.

"El apoyo a nuestro recurso es crucial para subrayar el significativo interés público en este caso y los múltiples errores del Tribunal Supremo de Puerto Rico", dijo Stich, en declaraciones escritas.

Ruiz Costas fue encontrada asesinada y parcialmente calcinada el pasado 29 de abril en el sector Guavate, de Cayey, en un crimen de violencia machista luego de que acudiera sin suerte en varias ocasiones ante los tribunales para tratar de frenar a su agresor, Miguel Ocasio, quien posteriormente se quita la vida en una cárcel. La jueza Sonya Nieves Cordero y la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez quienes por separado denegaron una orden de protección y determinaron no causa para arresto en los recursos iniciados por Andrea, fueron objetos de quejas éticas por parte de Olga Costas, madre de la mujer asesinada, pero la Administración de Tribunales anunció recientemente que en ambas denuncias «no se cumple con el estándar de prueba legal» por lo que no procedía continuar el trámite disciplinario.

"El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico apela al sentido más básico de la justicia procesal de este Honorable Tribunal para su revisión y eventualmente revertir la desafortunada decisión a continuación, para que la muerte de Andrea Ruiz-Costas no sea totalmente en vano", concluyó el Colegio.