La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Daisy Calcaño López anunció la férrea oposición de la Institución al Proyecto de la Cámara 1416 de la Cámara de Representantes.

Este proyecto propone como requisitos para una transacción sin financiamiento, someter una tasación, un informe de mensura y ahora también una certificación de fondos.

Calcaño López recordó que recientemente el Colegio radicó un pleito en los Tribunales que concluyó declarando una pieza legislativa similar como inconstitucional.

"Al declararse inconstitucional el artículo 86 de la Ley 52-2022 para imponer requisitos a las transacciones sin financiamiento, la Asamblea Legislativa pretende mediante este nuevo proyecto reestablecer la enmienda truncada en los Tribunales, aunque en términos sustantivos y éticos sea igualmente procedente" añadió.  "Esta medida resultará en que miles de hermanos puertorriqueños no puedan vender su propiedad, no puedan segregar una parcela para sus hijos, es un intento de golpe de estado peligroso a la propiedad privada."

La referida legislación es de tal importancia que la presidenta del Colegio designó una Comisión Especial para el estudio de la medida. La Comisión está presidida por el abogado financiero Rafael Ferreira Cintrón, exvicepresidente en bancos multinacionales.

Por su parte, Ferreira Cintrón explicó que enviaron un extenso informe a la legislatura donde concluyen que "es excesivo, opresivo y un ataque al derecho a la intimidad consagrado en nuestra constitución que se le exija a un ciudadano, que se presume cumplidor de la ley que presente seis estados bancarios para probar que los fondos con que adquiere un inmueble son lícitos. Añadió que la medida es un subterfugio para crear unas carpetas de información financiera sobre la ciudadanía en lo que denominó "Carpeteo Económico".

El análisis legal de la medida fue sometido hoy a la Cámara de Representantes por encomienda de la presidenta Calcaño López.

La Comisión Especial creada por la presidenta está integrada además por los prestigiosos catedráticos universitarios Pedro Ortiz Álvarez, Migdalia Fraticelli Torres y Lourdes I. Quintana Llorens, así como experimentados abogados practicantes de la empresa privada tales como Ana V. Piñero Parés, Manuel Correa Márquez, Ángel Flores Rivera y Raúl Hernández González.

El informe de la Comisión Especial es un esfuerzo adicional de la presidenta del Colegio en defensa de los derechos de los ciudadanos, que ha sido uno de los postulados que ha caracterizado su gestión en el Colegio.

Finalmente, en declaraciones conjuntas, tanto la presidenta del Colegio como el presidente de la Comisión especial expresaron que: "el proyecto pretende convertir a los notarios en aquellos agentes que actuaban para carpetear a los disidentes del Estado. Sin lugar a duda, la supervisión a la vida privada e íntima de las personas que hacen transacciones en efectivo en Puerto Rico se encuentra en juego de aprobarse esta legislación que pretende convertir a los notarios en agentes investigadores del Departamento de Hacienda y de la Policía. Este proyecto significaría el pago adicional por los ciudadanos de miles de dólares en informes profesionales, atrasaría los procesos de transacciones, bienes raíces y constituye además una intromisión directa del Estado en los contratos privados que están protegidos en nuestro estado de Derecho", señalaron.

"Confiamos en que la Asamblea Legislativa no le dé paso a un proyecto tan peligroso a la intimidad del ciudadano y el derecho a la libre contratación», culminaron expresando Calcaño López y Ferreira Cintrón.