El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) sometió una ponencia escrita ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, durante el proceso de vistas públicas referente a la nominación de la licenciada Maite Oronoz, para el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

«Las comunidades LGBTT ya están cansadas de que se utilice su orientación sexual o identidad de género para aterrorizar al país o menoscabar sus capacidades en procesos públicos", expresaron durante la mañana de ayer los líderes de CABE al someter el documento.

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Según indica el documento de 58 páginas, el colectivo de organizaciones decidió comparecer en las vistas con dos objetivos principales: exigir que se respete la separación entre Iglesia y Estado y que se evalúe a la Lcda. Oronoz en su justa perspectiva y al margen de su orientación sexual.

"Las personas LGBTT ya no están dispuestas, ni deben estarlo, a estar escondidas o a avergonzarse de su orientación sexual o identidad de género. Las personas LGBTT tienen derecho a vivir vidas plenas y a ser nombradas y confirmadas a puestos como el de jueza del Tribunal Supremo sin que su orientación sexual sea un elemento que les inhabilite para los mismos. Por eso, hoy CABE comparece. Comparece para hacer frente a los grupos que insisten en mentirle al país sobre las repercusiones de un nombramiento como éste y para dejar claro que exigimos una evaluación transparente y justa de las capacidades de la licenciada Maite Oronoz Rodríguez como nominada al Tribunal Supremo de nuestro país", lee la ponencia.

En la ponencia, el colectivo hizo un recuento de los nombramientos judiciales en tribunales federales de personas LGBTT en los últimos años. No obstante, llamó también la atención sobre el proceso de nombramiento al decir que "no podemos dejar de mencionar que en este caso las comunidades LGBTT no parecen haber sido consultadas y que la estrategia de nuestro gobernador Alejandro García Padilla no fue la de pedir recomendaciones a sectores y organizaciones de derechos humanos".

"De hecho, precisamente a nivel federal, el presidente Barack Obama ha ejercido acciones afirmativas dirigidas a diversificar la judicatura en tribunales de distrito y cortes de apelación. También ha recurrido a fuentes de información y recomendación no tradicionales, tales como grupos de activistas LGBTT, organizaciones de mujeres y otros sectores de avanzada", explicaron.

Otro aspecto importante de la ponencia de CABE es la inclusión de un extenso análisis de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en temas LGBTT. Tal y como destacan en su ponencia, existe en esas decisiones un alto grado de discrimen y marginación que está presente en el Tribunal Supremo, a pesar de estar llamados a velar por los derechos de todas y todas.

Finalmente, CABE reiteró que la orientación sexual de Oronoz no debe ser un elemento que impida la ponderación justa de sus capacidades.

"Ahora le toca a esta Comisión y al Senado de Puerto Rico estar a la altura de los tiempos. Saber detener a los grupos que vienen a predicar desigualdad y discrimen y que han querido apoderarse de nuestras estructuras políticas para negarles humanidad no sólo a las comunidades LGBTT sino a toda persona que no piense como ellos. Les toca, honorables senadores y senadoras, evaluar a la licenciada Oronoz a la luz de los requisitos del puesto para el cual fue nominada y dejar claro al país que en Puerto Rico, se respeta y se honra la diversidad, no sólo con palabras o eslóganes, sino con acciones", concluyeron.

CABE se compone de una serie de organizaciones, entre ellas: la Coalición Orgullo Arcoiris, Coaí, Comunidad de Osos de Puerto Rico, Proyecto Matria, Amnistía Internacional, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, la Clínica de Discrimen por Orientación Sexual y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la UPR, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS (PR CoNCRA), la American Civil Liberties Union (ACLU), ICM Cristo Sanador, CLADEM de Puerto Rico y personas en su carácter individual.