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La Cámara de Representantes aprobó el pasado martes, una medida sustitutiva a los Proyectos de la Cámara 4 y 14, y al Proyecto del Senado 909, que persigue establecer un nuevo Código Electoral de cara a las próximas elecciones.

La medida impulsa enmiendas técnicas a la ley actual a «los fines de que se inserten nuevas disposiciones en la ley que brinden certeza, garantías y confianzas del proceso electoral de Puerto Rico», sostiene.

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El Proyecto sustitutivo, atendido en vistas públicas por la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño, presidida por el vicepresidente de la Cámara, José «Conny» Varela Fernández, recibió el aval de los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), y la representante Lisie Burgos del Proyecto Dignidad.

La medida recibió votos en contra de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

«La información y los comentarios obtenidos a través de las ponencias de los partidos políticos, las agencias públicas, así como de todos los que asistieron a este proceso (de vistas públicas), nos llevó a un análisis ponderado que brindó como resultado lo propuesto en el Sustituto que acompaña este Informe», destacó el vicepresidente cameral.

Durante un turno inicial, Varela Fernández destacó algunos conceptos presentados y enmendados en la medida sustitutiva.

«Este proyecto que les voy a presentar no es perfecto, pero les garantizo que mejora sustancialmente la forma de cómo debe operar la Comisión Estatal de Elecciones; una forma que sea justa, balanceada y equitativa para el pueblo de Puerto Rico y para los partidos políticos», indicó Varela Fernández.

Destacó también que el nuevo Código Electoral establece mayores protecciones para el Voto Ausente y Voto Adelantado. «Entre ellas, se ordena que los reglamentos se aprueben un año antes de la elección, y que el Registro Electoral cierre 50 días antes del evento, para evitar cambios de última hora y falta de controles», informó.

Varela Fernández añadió que la medida aprobada garantiza la representación de todos los partidos existentes en la Comisión Estatal de Elecciones, y sus estructuras, sin crear posiciones redundantes ni inflamar las nóminas.

Por otro lado, destacó que la legislación asegura que los candidatos independientes tengan derecho a representación efectiva en los procesos de escrutinio y recuento; y que garantiza la participación efectiva de todos los partidos en la elección del presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones.

«No de uno, no de dos, como está ahora mismo el Código Electoral. Es para los cinco partidos políticos que están representados en la Comisión Estatal de Elecciones», abundó sobre las bondades del nuevo estatuto.

Por su parte, el portavoz alterno del MVC, José Bernardo Márquez Reyes, reconoció que la Comisión dirigida por Varela Fernández ha estado «abierta al diálogo». Sin embargo, Márquez Reyes señaló que el MVC ha sometido múltiples proyectos de ley dirigidos a enmendar aún más el Código Electoral «y no han sido atendidos debidamente por la Comisión de Asuntos Electorales».

Entre ellos, una medida que propone las alianzas electorales y candidaturas coaligadas.

«Si bien es cierto que corrigen unos asuntos, por otro lado, crean problemas o diferencias nuevas», afirmó Márquez Reyes.

«No estamos descartando esos aciertos. Lo que sí estamos descartando es que varias delegaciones hicimos una lista de reclamos mínimos y presentamos proyectos de ley concretos y no fueron atendidos por la comisión ni considerados en este proyecto», resaltó.

Al mismo tiempo, el representante pipiolo Denis Márquez Lebrón señaló que su voto en contra se debe a que la medida «le hace un flaco servicio a la democracia».

«La joya de la corona es la absoluta negación a una realidad política que hay en la discusión pública; que hay en la exigencia pública; que hay en el clamor público: que nos pongamos de acuerdo diversos políticos en todo aquello que nos podamos poner de acuerdo para adelantar procesos políticos», expresó Márquez Lebrón.

«Ese reclamo es un reclamo democrático y electoral que estaba plasmado en la ley», subrayó.