La Cámara de Representantes aprobó el viernes la medida que propone enmendar la Constitución para que se consulte en torno a la limitación del derecho a la fianza en casos de asesinato de primer grado.

La resolución concurrente que propone un referéndum para que los ciudadanos aprueben o rechacen la propuesta, obtuvo 43 votos a favor y 8 votos en contra. Votaron a favor los miembros de la delación de mayoría y los representantes populares Jorge Colberg Toro, Lydia Méndez Silva, Luis Raúl Torres, José «Pito» Torres, Pedro Rodríguez, Víctor Vassallo, Sylvia Rodríguez de Corujo.

Al momento de la votación se encontraban presentes los padres de Julián Romero Rodríguez, joven asesinado a puñaladas por un menor de 14 años.

De paso, se aprobó con igual votación (43-8), la resolución para consultar si se otorga discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinato cometido con premeditación, deliberación o acecho.

La resolución incluye también a los acusados de asesinato cometido en medio de un robo en el hogar; los acusados de asesinato cometido en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados de asesinato cometido al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber.

La presidenta de la Cámara, Jenniffer González Colón, dijo que lo que pretenden las medidas es que se decida si es propio y pertinente reducir la criminalidad.

«No puedo creer que le quieran negar la oportunidad al pueblo de que decidan si estas enmiendas para limitar la fianza son buenas o malas», dijo en referencia a los reparos de la minoría en torno a la propuesta.

Durante su turno presentó un sinnúmero de cifras en torno a las reincidencias en asesinatos. Presentó ejemplos de acusados por delitos de asesinato que se encontraban bajo fianzas y asesinaron a quienes testificaban en su contra o a otros ciudadanos y miembros de la Uniformada.

«A casos como éste, la delegación popular le quiere defender su derecho a la fianza», sentenció la Speaker.

Opinó que los derechos de las víctimas no son los mismos derechos de los agresores.

«Aquí no puede haber nadie contento con la situación criminal. Hoy todos tenemos la oportunidad de hacer. Pero para otros, el derecho absoluto a la discreción vale más que la vida y la seguridad de la gente», lamentó González Colón.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Elizabeth Casado Irizarry, dijo que el proyecto brinda la oportunidad de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de que se enmiende la Constitución a esos fines.

Destacó la interés apremiante que tiene el Estado de garantizar la seguridad y la vida de la ciudadanía.

Se dispone que el referéndum se celebrará el 19 de agosto del presente año.

De acuerdo a Casado Irizarry, la medida no quita el derecho a la fianza. Incluso, consignó que la pieza tiene las herramientas para combatir la ola criminal que azota a los puertorriqueños.

«Mediante la resolución se le da esperanza a los ciudadanos de bien, de que se puede restablecer la paz y la seguridad en sus vidas. Se le da valor a la vida y no desprecio a la misma. Hoy se crea un balance actualizado entre lo que son los derechos de los acusados y los derechos de todo residente de Puerto Rico que se le proteja su seguridad y su integridad», consignó.

Agregó que la medida es clara y precisa en establecer una discreción al tribunal, que tampoco es una discreción absoluta, porque tiene que evaluar las circunstancias de cada caso.

«No es que sencillamente tenga tiene la discreción de conceder o no la fianza, sin escuchar prueba a favor o en contra de lo mismo», manifestó la representante.

Dijo también, que es el pueblo el que determinará si quiere que los tribunales tengan esa discreción.

En otro asunto, se aprobó la reasignación de $1,500 al Municipio de Guayama y la reasignación de $60 mil para hacer arreglos y mejoras a la planta física de la Villa Pesquera del Municipio de Ponce.

Finalmente, se refrendó una resolución conjunta para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), transfiera al Municipio de San Juan la titularidad de los terrenos donde ubican el parque de pelota y la cancha de baloncesto, al lado de la Escuela Inés María Mendoza, en el Barrio Caimito.