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Por Héctor M. Méndez Vázquez

En el último día de aprobación de medidas de la Segunda Sesión Ordinaria, la Cámara de Representantes avaló por unanimidad, la Resolución Conjunta de la Cámara 243, con el fin de establecer una moratoria de 24 meses durante la cual se le prohíbe al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) considerar o aprobar solicitudes de aumentos tarifarios presentadas por LUMA Energy, o de cualquier entidad relacionada con la operación y el mantenimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico.

La iniciativa presentada por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Fourquet Cordero y por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Víctor Parés Otero, ordena además que se realice una auditoría independiente del sistema tarifario.

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Según se explica en la exposición de motivos, durante los pasados años, el costo promedio del kilovatio-hora en Puerto Rico se ha mantenido entre los más altos de todas las jurisdicciones de Estados Unidos y el Caribe, sin que la ciudadanía perciba mejoras proporcionales en la confiabilidad, estabilidad o calidad del servicio eléctrico, además de que persisten deficiencias en el mantenimiento, interrupciones frecuentes y la ausencia de métricas de desempeño claras y verificables.

Ante este panorama, la resolución propone una moratoria para evitar que se impongan aumentos tarifarios sin una evaluación externa que garantice que estos responden a datos reales, eficiencia operacional y cumplimiento contractual, y no a reclamaciones automáticas carentes de un análisis riguroso.

Por otra parte, la medida aclara que no limita la capacidad del Negociado de Energía para aprobar revisiones tarifarias que resulten en reducciones o beneficios para los consumidores.

Según la propuesta, durante el periodo de 24 meses, el Negociado —en coordinación con la Junta Reglamentadora de Servicio Público y la Oficina del Zar de Energía— llevará a cabo una auditoría independiente del sistema tarifario eléctrico, que incluirá:

• Revisión de los informes de costos operacionales y administrativos sometidos por LUMA Energy.
• Evaluación de la razonabilidad de los ajustes automáticos por combustible y compra de energía.
• Verificación del cumplimiento del operador con los indicadores de desempeño, eficiencia y confiabilidad establecidos contractualmente.
• Identificación de medidas correctivas o estructurales que reduzcan el impacto tarifario en los consumidores.

Además, el Negociado deberá entregar un informe intermedio a la Cámara de Representantes y al Senado dentro de los primeros 12 meses, y un informe final al concluir la moratoria, con hallazgos, conclusiones y recomendaciones de política pública. Mientras dure la misma, todo procedimiento tarifario que implique aumentos en la factura eléctrica quedará suspendido, excepto aquellos estrictamente necesarios para reflejar fluctuaciones certificadas en los costos de combustible y compra de energía.

La medida se aprobó con el respaldo de todos los representantes, sin embargo, la misma no podrá ser considerada por el Senado hasta la siguiente Sesión Ordinaria que dará inicio en el mes de enero del próximo año, a menos que se produzca una Sesión Extraordinaria y que la pieza legislativa sea incluida para consideración.