La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, anunció que los trabajos de la Sesión Extraordinaria en ese cuerpo concluirán hoy miércoles, 21 de diciembre.

Al hacer el anuncio, la Speaker dijo que sólo faltan por atender la pieza que enmienda el Código Electoral para que los aspirantes a puestos políticos presenten copias certificadas de sus planillas de los últimos 10 años, el Plan de Reorganización del Departamento de Justicia y el plan que elimina la Comisión para Ventilar Querellas Municipales.

Faltan por atender también dos de los proyectos que enmiendan la Ley del Panel del Fiscal Independiente y una medida que está en Comité de Conferencia que crea la Ley para la Administración de Intercambio Electrónico de Salud.

González Colón dijo que se encuentra esperando el proyecto del referéndum de status y la medida relativa a la "Ley de Ética Gubernamental".

Por otro lado, durante la sesión se avaló el informe de conferencia en torno al P. de la C. 2569, que enmienda "Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente", a fin de aclarar y ampliar el alcance de la autonomía administrativa y fiscal concedida a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, y en armonía con dicha autonomía excluir a dicha Agencia de diversas leyes.

Dicho informe contó con 28 votos a favor y 15 votos en contra.

Además, se refrendó el informe de conferencia del P del S. 1756, para enmendar la Ley de Armas, con el propósito de declarar una amnistía general de 60 días y atemperar ciertas disposiciones al estado de derecho vigente. La votación del informe fue 28-15.

Asimismo, se aceptaron las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 3381, que introduce cambios a las Reglas de Procedimiento Criminal para atemperarlas a la Regla 23 (a) Federal, la cual requiere el consentimiento del Ministerio Público y la aprobación del Tribunal siempre que un acusado decida renunciar a juicio por jurado.

Según la exposición de motivos de la pieza, con ello se compele a la Fiscalía y al Tribunal a fundamentar mediante conclusiones de hechos y de derecho, sus fallos absolutorios en algunos casos criminales.

Se presentó como ejemplo una masacre acaecida el pasado año en el que un juez absolvió a los sospechosos y el Tribunal Federal los encontró culpables.

"Aunque la Constitución de Puerto Rico, garantiza el derecho a juicio por jurado, no impide que podamos condicionar la renuncia. Siendo así, hemos determinado que se debe condicionar la misma. Enfatizamos que desde un punto de vista constitucional, no hay ninguna violación al disponer que se condicione la renuncia a juicio por jurado y más cuando el resultado a la negación de la renuncia es lo que dispone nuestra propia Constitución, juicio por jurado", indica la pieza.

También, se avaló el informe de conferencia en torno al P. de la C. 2 , que busca establecer la Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico, así como adoptar una política pública sobre el manejo seguro y ambientalmente sostenible de los equipos y componentes electrónicos.

Por otro lado, se concurrió con las enmiendas introducidas al P. de la C. 2965, que armoniza la "Ley de Transacciones Comerciales", con la legislación de otras jurisdicciones en el resto de los estados.

"Necesitamos adoptar reglas modernas y uniformes de garantías sobre bienes muebles para facilitar la expansión económica y el crecimiento comercial. La adopción de esta ley ayudará a aumentar el margen prestatario y las oportunidades de financiamiento para los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico, pues al uniformar y modernizar las reglas relativas al crédito ayudaremos a reducir los costos de las transacciones crediticias", explica la exposición de motivos.

Entretanto, se aprobó una resolución de investigación en torno al incentivo que les ofreció el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a los porteadores públicos, durante el periodo donde la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), proveyó transportación gratuita a sus usuarios.

La medida, del representante Jorge Ramos Peña, mencionó que esta decisión realizada durante los últimos meses del 2008, provocó una merma de hasta 25 por ciento en el pasaje de alrededor de 500 porteadores privados afectados.

"Debido a esta merma, el DTOP decidió proveer un incentivo económico a los porteadores activos en las rutas", las cuales fueron estimadas por la pasada administración en $10 millones, pero que según la resolución no fue pagada.

"Con el propósito de saber si la pasada administración actuó de manera diligente al ofrecer el servicio de la AMA de forma gratuita y al acordar un incentivo con los porteadores públicos afectados, a sabiendas del costo que dicho servicio tendría en las arcas del Gobierno de Puerto Rico", es que se ordena esta investigación.

Por otro lado, se le dio paso a una resolución (1903), para investigar las cubiertas de los llamados seguros complementarios y las prácticas de algunas aseguradoras de dilatar las reclamaciones y/o cancelar las primas cuando se reclaman las cubiertas de las mismas.

La medida, de la autoría del vicepresidente Gabriel Rodríguez Aguiló, deberá investigar también que acciones, si algunas, ha iniciado la Oficina del Comisionado de Seguros para desalentar estas prácticas.

Asimismo, se investigará el cumplimiento por parte de los transportistas escolares de un reglamento en torno a este servicio para identificar alternativas para preservar la vida y seguridad de los menores usuarios de estos transportes.

La R. de la C. 1023, de la autoría del representante Ángel Rodríguez Miranda, señala que "a pesar de la amplia reglamentación estatal existente, Puerto Rico ha sido testigo de eventos desgarradores, como el reseñado sobre una menor de edad que falleció en medio de un accidente en el que se vio involucrado un transporte escolar".

De otra parte, se avaló el R. de la C. 1671, para realizar un estudio de viabilidad para el reemplazo del puente localizado en la Carretera PR-3 en el barrio Santiago y Lima de Naguabo, debido al estado de deterioro en que se encuentra el mismo.

Finalmente, se le dio paso al R. de la C. 1842, para estudiar la implantación de una ley que ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña a identificar y actualizar la información de las estructuras enclavadas en la zona urbana y en otros terrenos del municipio de Comerío que tengan un valor arqueológico, histórico y cultural como parte del patrimonio cultural de este municipio, a fin de evaluar su cumplimiento.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el miércoles, 21 de diciembre de 2011, a las 10:00 a.m.