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Para el comienzo de la próxima sesión ordinaria del lunes, 9 de enero de 2023, la Cámara de Representantes de Puerto Rico tendrá ante su consideración el Proyecto de la Cámara 1242 con el fin de crear la Ley para la Estabilización de Rentas, a fin de proveer protección en contra de aumentos exorbitantes en el costo de alquiler de viviendas, proteger el derecho a la vivienda accesible, y aminorar los efectos de la gentrificación en Puerto Rico.

Descarga aquí el proyecto 

La ley impondría una serie de limitaciones al incremento del costo de los alquileres de vivienda en Puerto Rico.

El proyecto en su exposición de motivos menciona a modo de ejemplo algunos estados como Nueva York, Maryland o New Jersey, y a varios países como Canadá, Reino Unido, Emiratos Árabes, Qatar, Noruega, Suiza, Irlanda, Portugal, Italia, Francia, Suecia, Alemania, entre otros, como lugares donde actualmente se aplican leyes y regulaciones a precios de alquiler, con el objetivo de aplicar frenos al incremento excesivo en dichos precios de alquiler a nivel mundial. De igual modo, destaca que en el país tenemos un 31% de viviendas bajo alquiler, y que tan reciente como el año 2021, se llevaron a cabo 700 demandas de desahucio, en su mayoría por incapacidad de pago, por lo que se hace imperativo legislar para aumentar las protecciones a casi una tercera parte de las viviendas en Puerto Rico.

Específicamente, la medida veda el que se incremente el costo de alquiler durante el primer año del contrato de arrendamiento. El incremento máximo permitido luego del primer año será calculado por el aumento en inflación comparado por el promedio para el año anterior, según los datos más recientes del Índice Oficial de Precios al Consumidor de Puerto Rico.

El proyecto de ley también provee unas limitaciones al desahucio.

De convertirse en ley, la pieza legislativa requerirá que los desahucios sean por justa causa y establece el derecho del inquilino o inquilina sobre la unidad de alquiler, de haber sido removido por propósitos de remodelación o construcción.

Además, estaría prohibido que la persona arrendadora aumente el costo de alquiler al próximo inquilino o inquilina, después del desahucio.

La propuesta legislativa también establece el Registro de Precios de Alquiler de Puerto Rico adscrito al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico con el fin de levantar información sobre los precios de alquiler en Puerto Rico, sus aumentos y notificaciones.

Dicha ley tendría una vigencia de 10 años a partir de su aprobación. Un año antes de su vencimiento, la Asamblea Legislativa realizará una investigación para medir su efectividad.