La Cámara de Representantes federal aprobó esta semana su más reciente versión de la legislación PROMESA (HR 5278 – Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act) que pretende dar herramientas de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico de $73 mil millones.

El proyecto fue aprobado en votación bipartidista con 297 votos a favor y 127 en contra.

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El proyecto de ley PROMESA intenta complementar el mecanismo de reestructuración de deuda con la creación de una junta federal para ayudar al Gobierno de Puerto Rico a manejar sus finanzas públicas, balancear su presupuesto, convertirse en más eficiente y transparente, y recuperar el acceso a los mercados financieros.

El Comisionado Residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ofreció las siguientes declaraciones: "Mi norma a seguir, desde el primer día, ha sido que la Junta propuesta debe tener la autoridad de supervisar—pero no de ordenar y controlar—al Gobierno de Puerto Rico. PROMESA cumple con esa norma. Luego de intensas negociaciones, el proyecto de ley establece una Junta razonable con poderes mucho menos fuertes que los poderes que el Congreso le proveyó a la Junta establecida para el Distrito de Columbia en 1995. Si el Gobierno de Puerto Rico hace las cosas bien, la Junta tendrá un rol muy limitado y cesará sus operaciones en pocos años".

Durante el debate, Pierluisi defendió varias enmiendas, incluyendo una suya presentada junto a los congresistas Sean Duffy (R- WI) y Don Young (R-Ak). El propósito principal de esta enmienda es aumentar la actividad económica de las pequeñas empresas en la Isla y promover la creación de empleos en Puerto Rico, a través del programa HUBZone, que apoya a comunidades con dificultades económicas en toda la nación. Si la tasa de pobreza o de ingreso promedio en el censo cualificado cumple con el parámetro establecido, se le designa como «área cualificada del censo». Las pequeñas empresas situadas en el «área cualificada del censo» pueden competir con preferencia para contratos federales, asumiendo que cumplen con todos todos los demás criterios establecidos por ley.

Sin embargo, hay un tope estatutario que no permite que la población de las «áreas cualificadas del censo» en una «Área Estadística Metropolitana (MSA, por sus siglas en inglés)» exceda el 20 por ciento del total de la población de esa MSA. Aunque el tope aplica a nivel nacional, tiene un impacto especialmente negativo en Puerto Rico. En 2013, sobre 500 de las 945 «áreas cualificadas del censo» hubieran cualificado si no fuera por el tope aplicable a las MSA. Pequeñas empresas localizadas en más de 60 municipios en Puerto Rico no pueden aprovechar el programa HUBZone por ese tope. "Ningún otro estado o territorio es afectado de forma tan adversa por este tope como Puerto Rico", explicó el Comisionado Residente.

Para promover el desarrollo económico en Puerto Rico, la enmienda Pierluisi/Duffy/Young eliminaría este tope para Puerto Rico por 10 años o hasta que la Junta de Supervisión Independiente establecida por PROMESA concluya, lo que ocurra primero. Basado en las mejores estadísticas disponibles, esta enmienda asegura que las pequeñas empresas situadas en más del 80 por ciento de las «áreas cualificadas del censo» en Puerto Rico puedan ser elegibles para competir.

Pierluisi, además, respaldó la enmienda de los representantes David Jolly (R-Florida) y Carlos Curbelo (R-FL).Esta enmienda le requiere al Grupo de Trabajo del Congreso sobre el Crecimiento Económico en Puerto Rico, creado por la Sección 409 de esta ley, que informe sobre los cambios recomendados en la política pública federal que reduciría la pobreza infantil en Puerto Rico. Dijo que la pobreza "tiene sus raíces en el trato desigual que Puerto Rico recibe bajo los programas federales importantes contra la pobreza, que sólo es permisible porque Puerto Rico es un territorio en vez de un estado. Para reducir la pobreza, debemos poner fin al trato desigualdad. Y para terminar el trato desigual, Puerto Rico debe descartar su condición territorial a favor de la estadidad o la soberanía nacional".

"Este proyecto de ley es un paso esencial, pero no es la solución duradera. El gobierno federal, al igual que el de Puerto Rico, deben aceptar un hecho fundamental. Mientras mis constituyentes sean tratados como ciudadanos de segunda clase, Puerto Rico nunca tendrá una economía de primera. Puerto Rico tiene que convertirse en un estado para ser un miembro igual de la familia estadounidense, lo que es el próximo paso lógico; o Puerto Rico debe unirse a la comunidad de naciones como un país soberano. Puerto Rico merece tener democracia plena y dignidad plena—no merece menos", finalizó diciendo.