La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno comenzó el proceso de vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 338, que busca crear la Comisión para el Aumento del Salario Mínimo en Puerto Rico.

La idea es que la comisión analice, investigue y defina una metodología para aumentar el salario mínimo en Puerto Rico.

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A vista pública ya comparecieron la licenciada Naomi Álamo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y Georyanne Ríos Álvarez de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. 

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La mirada del Departamento del Trabajo

La licenciada Naomi Álamo del DTRH recordó que en el 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó la Orden Ejecutiva 2017-027 para crear el Comité Multisectorial para el Aumento del Salario Mínimo. La intención era similar a la de la medida bajo discusión.

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«La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, en febrero de 2021 publicó un informe que estimaba que aumentar gradualmente el salario mínimo federal a $15 la hora para 2025 beneficiaría a 17 millones de trabajadores, pero también reduciría el empleo en 1.4 millones de personas, y además, sacaría de la pobreza a 0.9 millones de personas en Estados Unidos y posiblemente aumentaría los salarios de otros 10 millones de trabajadores«, continuó diciendo la licenciada Álamo del DTRH.

No obstante, señaló que el aumento al salario mínimo haría que los precios de los productos y servicios suban, que la producción económica general disminuya levemente y que aumente el déficit presupuestario federal a $54 mil millones durante los próximos 10 años

El autor de la medida, Héctor E. Ferrer Santiago expresó que el fin de la medida es hacer justicia a las personas trabajadoras y proteger la economía.

Ríos Álvarez, de la Asociación de Industriales, dijo que «la discusión del salario mínimo y su posible ajuste, es un tema del más alto interés público, que amerita una discusión balanceada y sosegada, donde todos los sectores, el sector empresarial, el sector obrero, así como las diversas organizaciones cívicas, del tercer sector y del sector público, deben exponer y defender sus posturas y recomendaciones».

A su vez, expresó que la Asociación de Industriales no favorece el proyecto según está redactado. Sin embargo, basado en su experiencia recomendó que la Comisión no fuera más grande de nueve personas, sino que tenga representación del sector del DTRH, del DDEC y del sector privado.

El proyecto tiene como coautores a los representantes Luis Raúl Torres Cruz, Ramón L. Cruz Burgos, Jesús Manuel Ortiz González, Juan J. Santiago Nieves, y Domingo Torres García.

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