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Cámara emite orden decretando estado de emergencia

13 de febrero de 2024
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El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, emitió una Orden Administrativa, decretando un estado de emergencia y suspendiendo todas las actividades legislativas de manera presencial hasta el próximo 4 de marzo.

Lee aquí el documento 

De acuerdo al presidente la orden se emitió «ante el alarmante incremento en casos positivos de COVID-19, influenza, microplasma y otras enfermedades respiratorias en la Cámara».

La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, radicó una demanda en contra de la Cámara, tras ser expulsada en la pasada sesión del martes por incumplir con las directrices en torno al uso de la mascarilla como medida preventiva ante los contagios de diversas enfermedades respiratorias, como el COVID-19.

La demanda, presentada por el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, solicitó que se dicte sentencia declaratoria determinando que las actuaciones de la presidencia de la Cámara fueron inconsistentes, arbitrarias y caprichosas.

«Estamos decretando un estado de emergencia en la Cámara de Representantes para proteger la salud y seguridad de los empleados, funcionarios y visitantes de este Cuerpo Legislativo. Para garantizar la continuidad de los trabajos legislativos, toda vista pública, reunión ejecutiva o sesión de consideración final deberá llevarse a cabo en la modalidad remota, a través de videoconferencias, conforme al proceso ordinario de citación establecido en el Reglamento de la Cámara de Representantes», sostuvo el presidente cameral.

Añadió que las inspecciones oculares podrán llevarse a cabo de manera regular, «observando siempre todos los protocolos salubristas aplicables, y siguiendo el proceso ordinario de citación establecido en el Reglamento de la Cámara de Representantes».

Del mismo modo, Hernández Montañez informó mediante la Orden Administrativa que «cada representante, director(a) de oficina legislativa y/o dependencia administrativa establecerá un plan, según estime necesario, para garantizar la continuidad de servicios a la ciudadanía».

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