La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes inició hoy la evaluación de un proyecto que enmienda el estatuto que regula las profesiones de detective privado y guardia de seguridad en Puerto Rico, en disposiciones relativas a la renovación de sus licencias.

El Proyecto de la Cámara 258, de la autoría del portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, extiende a cuatro (4) años la renovación de la licencia de los detectives privados, agentes de seguridad y las agencias de seguridad; y requiere el pago de $20, como requisito para que la Policía de Puerto Rico pueda expedir y renovar licencias de guardias de seguridad privados.

Además, establece un pago de $50 dólares para que la Policía pueda expedir y renovar licencias de detectives privados, y dispone que parte de los ingresos generados del cobro de sellos de rentas internas, serán asignados al "Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico".

A la audiencia compareció la asesora legal de la Policía de Puerto Rico, licenciada Estrella Mar Vega, quien sugirió que se sustituya el término sellos de rentas internas a comprobante, para que el dinero que esté destinado al Fondo del Mejoramiento Tecnológico no vaya a parar al Fondo General. "Así recibiremos los recaudos de manera más directa", planteó.

Por su parte, el director de operaciones de Ranger America, Leovigildo Vázquez, favoreció la pieza por considerar que renovar las licencias anualmente es tedioso y oneroso, en particular, para los profesionales que llevan años laborando en dichas áreas.

Vázquez recomendó que los recursos destinados al Fondo del Mejoramiento Tecnológico, sean dirigidos al Área de Investigación y Renovación de Licencias. "Se usarían todos los recursos necesarios para realizar las investigaciones requeridas y agilizar la emisión y renovación de licencias", abundó.

Para el excoronel de la Uniformada, una vez entre en vigor lo dispuesto por el proyecto, la Policía debe hacer disponible un registro de aquellos profesionales cuya licencia haya sido revocada por alguna violación de la ley.

Mientras, el oficial ejecutivo de Operaciones y Finanzas de Génesis Security, Pedro R. Morales, apoyó la pieza de Rodríguez Aguiló y sugirió que en la legislación se establezca el pago de derechos de las personas extranjeras que temporalmente puedan ejercer las profesiones de detective privado y guardia de seguridad.

Entretanto, el gerente de Relaciones con el Cliente de la empresa de seguridad St. James, Félix Santos, se mostró a favor del espíritu de la legislación. No obstante, planteó que el cotejo del certificado de antecedentes penales del guardia o detective privado debe hacerse anualmente. Santos recomendó mayor fiscalización a las agencias de seguridad privadas, tras la proliferación de empresas que operan sin cumplir con los requisitos de ley.

A preguntas del Presidente de la Comisión en torno a la sugerencia de la Policía para que la renovación de las licencias sea cada dos años, los representantes de Ranger America, Génesis y St. James, consignaron estar de acuerdo con la misma.

A la audiencia también acudieron las compañías West Security, G4S Secure Solutions y el detective privado Ángel R. Fernández, quienes avalaron el proyecto, pero coincidieron en que el mismo debe ser el inicio para una nueva ley que regule a los detectives privados y a los guardias de seguridad.

El autor del proyecto estuvo presente en la vista y anticipó que atenderá aspectos y preocupaciones que han traído miembros de la industria de seguridad y la superintendente de la Policía, Michelle Hernández Fraley.

"Hay que ponerle garras a la ley, para que todas las compañías operen bajo los mismos requisitos y que el Gobierno tenga las herramientas para poder monitorearlas", señaló Rodríguez Aguiló.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Seguridad Pública planteó que hay que presentar una ley a tono con nuestros tiempos y con mayores filtros para fiscalizar a esa industria. "Debe ser ley que atienda las necesidades de ese sector. El sector de la industria de la seguridad ha planteado cómo les afectan las deficiencias entre ellos mismos", manifestó.

Lasalle Toro afirmó que hay que fiscalizar a esas entidades que están encomendadas a velar por la seguridad. "Lo más importante, velar que las personas que son contratadas por esas empresas no tengan antecedentes penales o hayan violado la ley", concluyó.