El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó hoy que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dio por terminado el contrato con la compañía GILA, empresa que opera el sistema electrónico de peajes, conocido como Autoexpreso.

Asimismo, el primer mandatario —quien ordenó detener inmediatamente el envío de multas de Autoexpreso y rediseñar el sistema para que sea uno más justo y eficiente— firmó la Ley Núm. 220-2018 (Proyecto de la Cámara 1724), medida que baja las multas de $50 a $15, a la vez que atiende las objeciones que podía tener la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Además, Rosselló Nevares notificó sobre la cancelación de las multas notificadas a los usuarios o registradas en el récord del usuario y no pagadas hasta el 17 de septiembre de este año.

«Aunque ningún sistema es perfecto, la realidad es que, desde julio de 2015 que llegó GILA a la operación de Autoexpreso, los problemas para los usuarios de este sistema no han hecho más que aumentar de forma dramática, injusta e inaceptable», declaró Rosselló Nevares.

«En días recientes, el Departamento de Transportación y Obras Públicas culminó una auditoría en GILA, que reflejó un sinnúmero de fallas e incumplimientos que, nuevamente, para nuestra administración son inaceptables», añadió el primer ejecutivo.

La cancelación del contrato —que se da amparada en las disposiciones de la Sección 24.4 del acuerdo para operar el Sistema Electrónico de Cobro de Peajes (ETCS, por sus siglas en inglés)— se informó hoy en una misiva entregada al vicepresidente de Operaciones de Peajes de GILA, LLC., Luis Alberto Sánchez.

Según dispone el contrato, tras una cancelación, GILA tendrá que seguir operando el sistema por 90 días mientras se escoge un nuevo operador para operar el sistema con las nuevas especificaciones.

La nueva solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) traerá a Autoexpreso una entidad que cumpla con nuevas especificaciones para un nuevo sistema que se ajuste a las necesidades y capacidad requeridas.

Además, el primer mandatario sostuvo que «ordené que se hiciera todo el análisis legal y procesal en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), para rescindir de este contrato lo más pronto posible, paralelamente con unas iniciativas que den un alivio a los usuarios de Autoexpreso, y se rediseñe todo el sistema para hacerlo realmente justo y eficiente».

En tanto, el director ejecutivo de ACT, Carlos Contreras Aponte, sostuvo que el argumento por parte de la empresa GILA sobre una supuesta pérdida de más de 400 empleos ante la cancelación del contrato no es correcta.

«La mayoría de estos empleados no son de GILA, sino de compañías que dan servicio a GILA mediante subcontratación y que también daban servicio a la operadora anterior, TransCore. Por tanto, es altamente probable que la compañía que sustituya a GILA retenga a estos proveedores, cuyos empleados ya tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para continuar operando el sistema».

El secretario añadió que «llegamos a un acuerdo con el Departamento de Hacienda para que a las personas que vayan a renovar sus marbetes no se les cobren las multas de Autoexpreso. En otras palabras, si usted tiene varias multas en la licencia de su vehículo, Hacienda solo le cobrará aquellas que no tengan que ver con Autoexpreso, más los cargos regulares por sacar su marbete».

Lo anterior estará en vigor hasta tanto se complete la tercera medida que, según explicó Contreras «consiste en la creación de un sistema para que los conductores puedan impugnar las multas por medio del Internet, y que puedan borrar las mismas, haciendo solo el pago correspondiente del peaje. Como he dicho en otras ocasiones, el interés de la Autoridad de Carreteras no es cobrar multas, sino lo peajes».

«Con esta medida, evitamos también que la persona pierda un día o más metido en una oficina de Autoexpreso para hacer una reclamación», explicó Contreras Aponte, al tiempo que informó que en los CESCO y las oficinas de Autoexpreso estarán listos para que, aquellos que no tuvieran acceso al Internet, puedan hacer sus reclamaciones en persona y evitar pagar multas por concepto de Autoexpreso.

El PC 1724 firmado no contiene la disposición que prohibía cobrar multas en casos de sellos registrados sin balance para atender cualquier preocupación de índole fiscal.

El Plan Fiscal de ACT establece como ingreso alrededor de $100 millones en cinco años por concepto de multas de Autoexpreso. No obstante, desde el 2015 mientras la multa administrativa fue de $15 se recolectaba cerca de $21 millones anuales en promedio por este concepto. Bajo esta misma premisa, se permite cumplir con los ingresos proyectados en el Plan Fiscal certificado de la ACT.

De otro lado, el primer ejecutivo expresó su apoyo al Proyecto de la Cámara 1723 que establece un proceso justo de revisión de multas administrativas.

La medida establece que una vez se presenta una solicitud de revisión, el Gobierno tiene 60 días para investigar y adjudicar la revisión del conductor. Esta solicitud no tendrá costo, podrá hacerse por correo postal, fax o correo electrónico y el conductor tendrá derecho a tener evidencia de la cuenta de Autoexpreso que genera la multa.

También, la medida establece que será el Gobierno el responsable de presentar prueba de la infracción y no el conductor. Si no se cumple con el proceso se tendrá que eliminar la multa.