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El Departamento de Justicia de Puerto Rico alcanzó un acuerdo con la empresa Navient Solutions que beneficiará a miles de deudores de préstamos estudiantiles en el archipiélago, ya que viabilizará la cancelación de sobre siete millones de dólares en deudas y, en algunos casos, hasta la restitución de dinero.

El acuerdo de transacción con el otrora principal proveedor de préstamos estudiantiles en Estados Unidos fue presentado por el Departamento de Justicia, a través de su Secretaría de Asuntos Monopolísticos, el pasado 18 de septiembre, en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan.

«Este acuerdo representa un alivio significativo para miles de estudiantes en Puerto Rico. De esta forma, cumplimos con nuestro objetivo de procurar que Navient reparara los daños provocados con su conducta abusiva y engañosa. Se aprovecharon de la situación económica precaria de miles de estudiantes con grandes metas y sueños por cumplir. Sin embargo, con la autoridad que tenemos como Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, defendimos sus derechos y logramos que se les haga justicia», destacó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

El secretario de Justicia destacó que, durante su administración, «además de reforzar estrategias para combatir la criminalidad, el Departamento de Justicia se enfocó en defender a las poblaciones más vulnerables, mediante reclamaciones civiles y el recobro del dinero del pueblo. Los esfuerzos han tenido éxito y han beneficiado al pueblo puertorriqueño».

Por su parte, el secretario auxiliar de la OAM, Guarionez Díaz Martínez, detalló que el acuerdo contempla la cancelación de deudas en su totalidad para los prestatarios elegibles a base de los criterios establecidos entre las partes conforme a los reclamos presentados por Justicia. «Este acuerdo permitirá la cancelación de $7.7 millones en deudas. Cabe señalar que en muchos de los casos se cancelará la cuantía total del préstamo otorgado. Además, se identificó una partida de alrededor de un millón para la restitución de dinero a los estudiantes elegibles», explicó Díaz Martínez.

En agosto del año pasado, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a Navient, anteriormente conocida como Sallie Mae, por fraude y prácticas engañosas al promover préstamos de alto riesgo en perjuicio de estudiantes que asumieron deudas para poder completar estudios universitarios.

La demanda detalló que la entidad administradora de préstamos federales y privados incurrió en prácticas injustas y abusivas en virtud de leyes federales. Entre las prácticas irregulares de Navient, mencionadas en la demanda, figura la originación de préstamos de alto riesgo, conocidos como subprime, a sabiendas de que los estudiantes no tenían la capacidad de pago, para luego incurrir en gestiones de cobro agresivas, arruinando de paso la vida de los estudiantes en el proceso. Otra de las alegaciones es que la empresa inducía a los estudiantes que tenían dificultades para abonar a los préstamos a realizar acuerdos de pago diferidos o forbearance, en lugar de hacerles planes de pago a base de sus ingresos, lo que se conoce como income-driven repayment program (IDR), que podían resultar más favorables en la mayoría de los casos. Bajo el llamado forbearance se aplazaban los pagos por un tiempo, pero durante ese lapso seguían acumulándose los intereses y los estudiantes terminaban pagando mensualidades significativamente más altas que las originalmente pactadas.

De igual forma, Justicia alegó que Navient deliberadamente fallaba en informar a los deudores las fechas en que debían renovar o recertificar sus planes de pago, con lo cual los exponía a consecuencias irreversibles, tales como incrementos sustanciales en las mensualidades y la pérdida de subsidios federales para el pago de intereses, entre otros. Como consecuencia de esta mala práctica, el 60% de los estudiantes deudores no cumplieron a tiempo con las recertificaciones.

Navient, que administró préstamos federales hasta el año 2021, tenía procesos sumamente ambiguos que resultaban en errores en la aplicación de los pagos, particularmente cuando un estudiante tenía varios préstamos, lo que resultaban en recargos indebidos, aumentos en los intereses e informes de crédito negativos, provocando repercusiones negativas sobre las finanzas, el crédito y la vida de los estudiantes deudores. A pesar de las denuncias de los prestatarios, Navient no implementó procesos adecuados para evitar que los errores se repitieran.

Criterios de elegibilidad para la cancelación de deuda o restitución de dinero

Cancelación de deuda. El alivio de la deuda de préstamos privados se destinará principalmente a deudores que cumplen con lo siguiente:

1. Solicitaron préstamos estudiantiles privados de alto riesgo (otorgados a prestatarios con puntajes crediticios bajos) a través del predecesor de Navient, Sallie Mae, entre 2002 y 2014, y posteriormente realizaron pagos morosos por un periodo de más de siete meses consecutivos, antes del 30 de junio de 2021.
2. También incluye otros préstamos estudiantiles privados que no son de alto riesgo, otorgados por Sallie Mae Bank y otros prestamistas entre 2002 y 2014, para que los prestatarios asistieran a escuelas con fines de lucro específicas que han sido objeto de acciones en virtud de leyes estatales o federales.
3. Para ser potencialmente elegible para el alivio de la deuda de préstamos privados, según el acuerdo, el préstamo debe haber estado en mora durante más de siete meses consecutivos antes del 30 de junio de 2021.
4. En general, solo los préstamos que estaban dentro de un período de prescripción o que todavía se informaban crediticiamente al 30 de junio de 2021 están dentro del alcance del alivio de la deuda.

Restitución. Los prestatarios de préstamos federales que aceptaron acuerdos de pago diferidos o forbearance recibirán una restitución si:

1. Residieron en Puerto Rico y recibieron servicios de Navient a partir de enero de 2022.
2. Comenzaron a pagar un préstamo del Programa Directo o FFEL antes de enero de 2015.
3. Obtuvieron, al menos, un préstamo federal que era elegible para el pago basado en sus ingresos.
4. Estuvieron, al menos, dos años consecutivos bajo acuerdos de pago diferidos o forbearance entre octubre de 2009 y enero de 2017, donde al menos uno se realizó a través de una llamada telefónica, y donde al menos la mitad del periodo fue prospectivo, es decir, no se utilizó para poner al día un préstamo vencido.
5. No se inscribieron en planes de pago a base de sus ingresos antes del período de pago diferidos.