Las enmiendas propuestas por el Gobernador para limitar el derecho a la fianza
fueron favorecidas hoy por un grupo de candidatos a jueces superiores y fiscales auxiliares durante una audiencia pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura del Senado, que preside el senador Roger Iglesias Suárez. Durante la vista no estaban presentes senadores de la delegación de Minoría.

El nominado a juez del Tribunal Superior, Lcdo. Aníbal Lugo Irizarry, quien participó del reconocido caso Morales-Feliciano, opinó estar «convencido» de que las enmiendas son necesarias para que los jueces tomen decisiones «sabias» al momento de imponer o no la fianza.

Lugo Irizarry comparó el derecho a la fianza con el sistema del Gobierno Federal en donde el juez tiene el beneficio del pre trial services en donde se presenta información sobre el acusado y se aplica a todos los delitos «no sobre uno nada más». A juicio del abogado de defensa, «eso le da la oportunidad de evaluar si ese imputado amerita que se le imponga o no una fianza».

«Mi experiencia con este tipo de caso es que muchas veces los acusados, que no se le impone la fianza, me dicen ‘está bien me quedo aquí porque vamos a negociar y este tiempo que estoy aquí se me acredita al tiempo que este adentro’. También, en el sistema estatal existe que no solamente es el 10% (de fianza) lo que pasa es que se ha instituido en Puerto Rico que tiene que ser esa cantidad pero eso no obliga a un juez a ponerle el 50%, el 60 % o un 20%. Las mismas reglas y guías disponen que esa fianza pueda ser combinada con dinero en efectivo o con propiedades garantizadas con familiares porque un familiar no va a permitir perder su propiedad ni tan siquiera por un hijo. Muchas veces ese 10% lo presta un fiador», destacó el nominado a preguntas de Iglesias Suárez.

Por su parte, la re nominada a jueza del Tribunal Superior, Sonia Santana Sepúlveda, destacó estar a favor de la enmienda pero indicó que de no darse «existen los mecanismos» para procesar a los acusados. Mientras laboró como Juez en la Región Municipal de Humacao, Santana Sepúlveda, luego de evaluar la prueba sometida por la Fiscalía, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y si la persona acusada estaba siendo investigada por otros asesinatos, «yo bajaba con una sentencia ‘heavy'».

«Entonces, como hay 30 días para celebrar la vista preliminar yo se las señalaba para el día 27 o 28 en lo que la fiscalía se movía y terminaba las investigaciones. Además, de la vista que yo estaba celebrando se le sometían otros cargos. De que debe limitarse en ciertos asesinatos como se está proponiendo me parece que una persona que esté acusada por ejemplo de su segundo o tercer asesinato se le debe conceder la facultad de decir ‘no, tú no vas a tener fianza y te vamos a ingresar hasta que celebre el juicio'», sostuvo Santana Sepúlveda quien juramentó como abogada en el 1990 y desde el 1991 hasta el 2002 laboró en la región de Humacao.

Por su parte, el Presidente de la Comisión opinó que en casos de asesinatos, «estos individuos son sicarios que alguien les paga la fianza. Ese es uno de los problemas porque hay un segundo o un tercero que es su ‘jefe’ y se encarga de ayudarlos o bien sea a través del fiador. La persona que comete un asesinato, que sabe que no lo salva nadie, va para la calle o a matar a los testigos para salvarse del caso o a seguir matando otra gente».

A preguntas del senador Iglesias Suarez sobre las fianzas que impuso y si otro juez las redujo, Santana Sepúlveda explicó que si a su entender el caso prosperaba en todas las etapas solicitaba que la fianza fuera entregada en efectivo. Según la jueza, esto significa que la fianza impuesta «no la puede presentar por propiedades ni por una compañía de fianza por lo que tiene que traer el dinero y ahí la cosa cambia».

También se expresó a favor de la fianza la Lcda. Iris Alicia Martínez, nominada a ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar I, quien ha participado de la investigación de casos de corrupción gubernamental, evasión contributiva, fraude y derechos civiles al ser Fiscal Especial de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor en el Departamento de Justicia.

«Estoy de acuerdo con la Ley 84 de mayo de 2011 en que se establezca igual que en el sistema federal en que el derecho de la fianza absoluta debe eliminarse y darle la discreción a los jueces que son los que pueden evaluar la peligrosidad de este acusado de fuga o de peligro a la sociedad. Para el resto de los delitos, que no sean los de asesinatos especificados en ley, debe permanecer el derecho a la fianza. Sin embargo, hay ocasiones en que las fianzas son muy bajas y deben ponerlas más altas», declaró Alicia Martínez, quien fue juramentada por el Tribunal Supremo local y el Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito de Boston en el 2000.

En la audiencia pública también se evaluó el nombramiento de Silkia María Figueroa Sierra para miembro asociado de la Junta de Libertad bajo Palabra. La nominada posee un bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Sociales y un grado de maestría en Justicia Criminal y desde el 1994 trabaja en la Administración de Corrección.

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