Por Valeria Alicea Guzmán

Desde 2017, una ley permite una alternativa legítima de tratamiento con cannabis para las personas con algunas condiciones médicas.

Sin embargo, el licenciado José Maes Aponte destacó que aún es necesario promover la educación sobre esta legislación. 

«A la gente se le olvida todo el tiempo que es una política pública del gobierno. Eso implica que el gobierno promueve que haya pacientes de cannabis. Promueve que las personas con las 25 condiciones que están en el reglamento se traten con cannabis. Entonces, ¿cómo algo que el gobierno promueve puede generar como consecuencia que las personas o las despidan o suspendan?», comentó el profesor en entrevista con Microjuris. 

El abogado reconoció «la dicotomía» que existe con la regulación federal, pues el cannabis sigue siendo ilegal. Aunque reconoció que desafortunadamente hay personas que no pueden recibir este tipo de tratamiento, indicó que la aplicación de regulaciones y la política pública estatal no debería estar en conflicto con la Ley Núm. 42 de 2017.

Asimismo, explicó que la también conocida como la «Ley Medicinal» es una legislación que no se ha difundido y debería proveer instrucciones de cómo implementarla. 

«Es decir, aquí no debería existir libre albedrío o discrecionalidad en sí aplicar una ley creada por la legislatura y firmada por el gobernador. Me parece inadmisible que puedan existir casos a nivel estatal donde se discrimine por uso de cannabis a pacientes que forman parte del programa», sostuvo. 

Ahora bien, ¿cuántas personas tienen el  conocimiento suficiente para lidiar con estos problemas?

Según el licenciado, al menos todas las agencias del gobierno deberían educar sobre cómo manejar casos y evitar el discrimen hacia empleadas o empleados que sean pacientes de cannabis medicinal.  

«Hay poco entrenamiento sobre este asunto de discriminación. ¿Cómo la gente tiene que escoger en ser paciente de cannabis medicinal tienen que  pensar que se están metiendo en líos o que eso le va a producir algún problema?», cuestionó. 

De igual manera, Maes Aponte comentó que otro asunto que urge atender es la educación sobre esta política pública a la Policía de Puerto Rico. 

«Sobre casos o circunstancias en las que estén involucrados pacientes o dónde pueda ver cannabis medicinal. Este tema de la ley y el orden y el uso de cannabis medicinal tiene otras complejidades por el mal uso que se le está dando», aseguró.

El profesor mencionó que una de las fallas está relacionada con que no se discutió sobre la posibilidad de que las personas usaran el producto «en la calle». Por tanto, resaltó que el problema de «ley y orden» es cómo la Policía va a saber si la persona está consumiendo cannabis medicinal o marihuana comprada en el punto de drogas. 

«La primera es que para saber hay que hacer una prueba de laboratorio. Segundo, si no están entrenados con respecto a la ley no saben cómo es el proceso de compra de un paciente, que el paciente debe mantener el producto en el envase que fue dispensado con las identificaciones correspondientes. Definitivamente, esto nos lleva a un tema de educación», detalló. 

Derechos y deberes 

Por otro lado, el abogado explicó que los pacientes desconocen sus derechos ni cuál es el uso correcto del cannabis medicinal. 

«Hay que preguntarse a quién le toca educar a los pacientes. Si tu visualizas cómo es el trámite normal de una licencia, pues el paciente llena unos documentos y formularios. Luego lo evalúa un médico y, si todo está a corde, le emiten una licencia. Pero no nos aseguramos de que el paciente haya leído el reglamento para saber sus deberes y derechos», dijo.  

Uno de los ejemplos que compartió Maes Aponte es que un paciente de cannabis medicinal no puede consumir su producto en lugares públicos. Los pacientes solo pueden consumir cannabis medicinal en su hogar o lugares privados con autorización del dueño.     

«Ahora bien, eso no puede dejarse de decirse tampoco. ¿Cómo sabe un paciente cuando realmente necesita hacer uso de su medicación? Por ejemplo, un paciente tiene una condición de desórdenes de  ansiedad. Uno no escoge cuándo ni dónde te va a dar un ataque de pánico. Si ese es el medicamento que tienes recetado, ¿por qué no lo puedes usar donde esté?», cuestionó.   

Además, agregó que hay pacientes que desconocen que el cannabis medicinal no se puede fumar, pues la Ley Núm. 42 de 2017 lo prohíbe. 

«Aquí no ha habido de parte de ningún sector inversión en educar a los pacientes. Hay algunas iniciativas nuevas que circulan en redes de información, pero se trata de algo estructural donde los pacientes sepan cuales son sus derechos y deberes, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer», puntualizó.