Por Daniel Rivera Vargas

Un grupo de abogados y abogadas, así como estudiantes de derecho, participarán de un adiestramiento de tres días para educarse sobre cómo ayudar en los tribunales y en el mundo jurídico a la comunidad sorda de Puerto Rico.

El curso se adentra en asuntos como la cultura de las personas sordas, lenguaje de señas, la base legal en protección a ese sector, retos de esa comunidad, entre otros asuntos, compartió, en entrevista con Microjuris, la decana asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Zoé Negrón Comas.

La decana asociada explicó que se tratará de un adiestramiento "intensivo" que inicia el 21 de febrero, sigue el 28 de febrero, y culmina el 7 de marzo, de 9 a.m. y 5 p.m., culminando la última hora del último día con un bazar donde los comerciantes son parte de la comunidad sorda, y que busca promover la visibilidad, la autosuficiencia económica y el intercambio en un espacio accesible e inclusivo.

"Aspiramos a que, a partir de este adiestramiento, se fortalezca una red de profesionales con interés en continuar su formación—incluyendo lenguaje de señas aplicado a la representación legal—y en ofrecer servicios más accesibles", manifestó Negrón Comas.

Cuando se le preguntó a la licenciada sobre cómo se atendería en el adiestramiento la realidad de que hay diversidad en el lenguaje de señas que usa la comunidad, la profesora dijo que parte del adiestramiento se enfoca en cómo los abogados y abogadas pueden atender esta realidad.

La actividad contó con el apoyo y participación de entidades que trabajan con esa comunidad, como Juan José Troche Villenueve, director ejecutivo de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico.

Troche Villenueve entiende que hay una gran necesidad de este tipo de capacitación en la comunidad jurídica. "Muchas veces no nos preparan para estos retos en las universidades", resaltó el también abogado. "La primera barrera es la ignorancia de nosotros, en los profesionales del derecho, y esto es parte de romper estas barreras", afirmó.

La oficina que dirige Troche fue creada por la ley 22 del 5 de agosto de 2021, un estatuto que estima que hay más de 200,000 sordos en Puerto Rico. 

"Tenemos litigantes sordos que tienen derecho a acceso a la justicia", sostuvo el abogado.

"Esta actividad nace como parte de nosotros para lograr unas transformaciones, unos cambios estructurales desde la academia. […] No solo trabajamos a nivel de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, sino que estamos trabajando con otras profesiones como terapia del habla, audiología, otras profesiones que tenemos que abrir a la comunidad sorda. Para poder dar unos servicios hay que comprender la sordera, la cultura del sordo, la cultura de las señas y los acomodos razonables que necesita esta comunidad", destacó Troche Villenueve.

Troche Villenuve añadió que luego de este adiestramiento de tres sábados se espera diseñar cursos jurídicos para reforzar más el conocimiento de estos letrados, incluyendo que puedan comprender el lenguaje de señas para poder garantizar los derechos de sus clientes. "A la larga quisiéramos que se estableciera un curso formal en la escuela de derecho y que se establezca una clínica para dar servicio a esta comunidad", sostuvo.

También se espera representación de a los tribunales con la asistencia confirmada de la licenciada Liani Cabán, directora del Programa de Accesibilidad del Poder Judicial.

Además, los cursos cuentan con la colaboración de Advancement in Sign Language Education & Services (ASLES) y su presidenta, Yarett E. Piñeiro Rodríguez.