Carreteras no tiene fondos, según Ambac Assurance; intenta evitar que sus ingresos se destinen a pagar otras deudas

08 de junio de 2016

Puerto Rico District Court | ACT , Autoridad de Carreteras y Transportación , Banco de Desarrollo Económico , Gobierno Central , Pedro Delgado-Hernández , Transportación

Descarga el documento: Ambac Assurance Corporation v. Puerto Rico Highways and Transportation Authority

El interdicto tenía como propósito frenar el destino de los fondos devengados por la extensión del arrendamiento de peajes a Metropistas para pagar a contratistas del gobierno, y no para el uso directo de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

La aseguradora Ambac Assurance Company (Ambac) solicitó un interdicto contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y contra el Banco de Desarrollo Económico (BDE) ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

La orden protectora temporal se solicitó para evitar que los demandados destinen el dinero que se devengue por la extensión al arrendamiento de dos peajes a Metropistas para el pago a contratistas de gobierno, según anunció el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Ambac argumentó que ese dinero debe utilizarse para el beneficio de la ACT, particularmente, para el pago de la deuda que emitió la Autoridad.

Específicamente, Ambac solicita que el Tribunal ordene a la ACT y al BDE a mantener los fondos en el BDE.

Según el juez Pedro Delgado Hernández, Ambac demostró que existe la posibilidad de que surja un incumplimiento de contrato, violación a deberes fiduciarios, y un potencial de perjuicio a los tenedores de bonos de la ACT.

A pesar de que Ambac cumple con varios de los requisitos para lograr que se le conceda el interdicto, del saque el Tribunal determinó que no ha demostrado que tendrá probabilidad de éxito en su reclamo.

El juez Delgado Hernández señaló que la ley dispone que es el gobernador de Puerto Rico quien controla cómo se destina el dinero bajo un acuerdo de concesión. Ambac no impugna la validez de dicha la ley, ni la concesión a Metropistas.

Por ello, el Tribunal de Distrito se ve maniatado, ya que no puede ordenar a la ACT y al BDE a hacer con esos fondos algo distinto a lo que dispuso el gobernador bajo autoridad de ley. El gobernador es quien tiene control sobre los fondos, no los demandados en este caso.

Reseña por el Lcdo. Cristian González