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El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó ayer en una vista oral la posibilidad de descalificar a numerosos candidatos de los partidos Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Esto se debe a que la nueva ley electoral, según se alega, exige que las personas candidatas designadas fuera de primarias tengan que recoger endosos.

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«Si las reglas se aplican de forma diferente se le hace un daño a los que invirtieron fuerza dinero y tiempo en cumplir con el reglamento», explicó Iván Rivera Reyes, abogado de varios candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) que impugnaron las candidaturas. «¿Debe tener Victoria Ciudadana un trato diferente al ciudadano de a pie?», indicó por su parte Ramón Rosario.

«Hoy este tribunal tiene sobre sus hombros el peso implacable de la historia. Esto no es un caso más», sostuvo el abogado Frank Torres Viada, en representación de la colectividad Victoria Ciudadana. «La descalificación de los candidato del Movimiento Victoria Ciudadana es incorrecto conforme a derecho, pero va más allá: resulta incompatible con la aspiración colectiva del pueblo de cada día perseguir y construir una democracia más perfecta».

Reglas e importancia del caso de candidatos de MVC y PD ante el Tribunal Supremo

En la vista oral del caso CC-2024-0266 consolidado con CC-2024-0267, Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra y otros v. Hon. Ana I. Rivera Lassen, Partido Movimiento Victoria Ciudadana y otros, se estableció que cada parte tenía 10 minutos para su alocución inicial, 20 minutos adicionales para preguntas de los jueces, y un turno adicional al final de 5 minutos de réplica, con la posibilidad de preguntas adicionales por parte de los jueces.

Al final, se extendieron, y la vista duró más de tres horas.

Durante su turno, el licenciado Rivera Reyes indicó que la ley delegaba en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) todo lo relacionado a los endosos de los partidos, y por lo tanto aprobaron un reglamento.

Afirmó que las disposiciones de ese reglamento no afectaba la libertad de asociación y que se reconoce la existencia de una legitimación activa de electores para estos casos.

Mientras, Rosario expresó que sus clientes sufrieron un daño real y no hipotético, y que hubo 18 candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) que fueron descalificados por no recoger endosos.

Añadió que Victoria Ciudadana podía bajo el reglamento vigente o entregar endosos si anunciaba sus candidatos antes del 30 de diciembre, como lo hizo el Partido Independentista Puertorriqueño.

Al iniciar sus preguntas, la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez cuestionó «porque la ley ahora no dice en blanco y negro la inclusión» de que los candidatos por método alterno no deben recoger endosos.

Rivera Reyes indicó que eso es así «por el espíritu de esta ley electoral», mientras que Rosario expresó que la ley si lo establecía, y pasó a analizar lo que dice expresamente el artículo 2.38 que dice que el candidato primarista incluye al de método alterno, y el 7.15 que dice que el candidato primarista tiene que entregar los endosos antes del 15 de febrero.

«El acceso a la papelera es un privilegio», abundó minutos más tarde el abogado Rivera.

El juez Rafael Martínez pidió que le explicaran el derecho a instar una acción del artículo 5.1 de ver cómo se afectan los electores. Rosario manifestó que los electores tienen legitimidad para que «haya un sistema electoral uniforme».

El asunto de aplicar la misma regla para todos los candidatos fue algo reiterado por los abogados de los candidatos populares y novoprogresistas.

«En el momento que las reglas de juego se dejan de aplicar de forma uniforme se crean dos castas, una superior que simplemente no tiene que cumplir con la ley, con el reglamento, y otras que sí», dijo Rivera.

«Causa un daño a todos los electores del país porque se está yendo a la médula, al tuétano, del sistema de democracia representativa, que es una competencia para recibir la soberanía del pueblo... y esa competencia debe ser como cualquier otra, en igualdad de condiciones», añadió.

Mientras, a preguntas del juez Egardo Rivera García, Rosario argumentó que el reglamento no le vulnera su derecho de asociación a MVC y negó que se esté interviniendo con asuntos internos de un partido. «La realidad activa es que el PIP lo hizo... lo resolvieron conforme a derecho, acá (MVC) no», afirmó.

Poco después River Reyes abundó: «(el filósofo )Platón estuvo en ocho libros de La República completos tratando de definir la justicia y no pudo... yo no pretendo hoy ser más que Platón aquí y definir qué es justicia, pero ¿qué no es justo? Que unos aspirantes hayan tenido que recoger endosos (y otros no)... no es justo que a ellos se les aplique (un reglamento) y a otros no».

El juez Luis Estrella, por su parte, planteó que Rivera y Rosario hablan de prevenir el trato desigual. Sin embargo, ante la realidad de que ninguna persona afiliada a Victoria Ciudadana pidió primaria de ley, el juez cuestionó si descalificar a sus candidatos no equivale a desestimar esos cientos de votos que los endosaron por un método alterno.

«Hay tres categorías: candidato único, método alterno y primaria de ley y estoy claro que ustedes quieren equiparar los tres... derogando la ley con una sección reglamentaria», sostuvo el juez Estrella.

«Con mucho respeto. No lo estoy equiparando», manifestó Rosario.

A preguntas de la jueza Mildred Pabón Charneco sobre la separación de poderes en este caso, Rosario aclaró que «legislar unos requisitos de endosos no le compete a esta rama (judicial)».

Mientras tanto, el juez Ángel Colón, en un asunto en el que insistió varias veces durante la vista, afirmó que recibieron información contradictoria desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Consideró que la ley dice que un juez «podrá» descalificar a algunos candidatos, lo que implica un elemento discrecional, es decir, que no es obligatorio descalificar por incumplir un requisito, sino que «es una alternativa».

«¿Por qué el remedio debe ser tan severo como la descalificación?… en este escenario que parece una comedia de errores», opinó el juez Colón.

Al respecto, Rivera explicó que él ve «podrá» como un asunto procesal: «Podrás descalificar una vez se traiga evidencia de que no se cumplió con la ley y el reglamento». Además, reiteró que todos los candidatos deben cumplir con las leyes y el reglamento.

En su turno, Frank Torres Viada, en representación de MVC y sus candidatos, expresó que la pretensión de los abogados de los candidatos del PNP y PPD es convertir un artículo de intención procesal en una causal legal para descalificar candidatos.

Ante lo que califica como la posición «extremista» de los otros abogados, Torres Viada expresó que es necesario «despojarnos del formalismo excesivo» y señaló que, según sus argumentos, cualquier elector podría impugnar a un candidato, lo que podría resultar en una gran cantidad de litigios.

«Quiero invitarles a que consideren que el país necesita certeza y confiabilidad en el proceso electoral. Nuestro país vive rodeado de controversias que minan la fe de los ciudadanos en sus instituciones y sus representantes, y la institución judicial, este tribunal, es el garante último de las instituciones del país. Permitan señoras y señores jueces, que el pueblo de Puerto Rico decida quién va a gobernar su destino en las urnas y no que adversarios políticos lo decidan en sus tribunales», concluyó Torres Viada.

Las preguntas de los jueces fueron respondidas por el profesor de derecho Jorge Farinacci Fernós, en representación de MVC.

En respuesta a las preguntas de la jueza Oronoz, el abogado afirmó que la eliminación de la prohibición de recoger endosos para aquellos que utilizan métodos alternos en la ley de 2020, convierte en «opcional» para un partido decidir si exige o no a sus candidatos cumplir con este requisito.

En respuesta a las preguntas de Pabón Charneco, Farinacci Fernós planteó que incluso parecería que la CEE tiene la misma postura que MVC, indicando que no era necesario recoger endosos.

Esto se fundamenta en el hecho de que cuando el partido informó a la CEE sobre su enfoque para llenar las plazas de candidatos, el secretario de la CEE no presentó ninguna objeción y «actuó consistentemente con nuestra postura».

El juez Rivera García cuestionó si MVC no debía cuestionar ese reglamento de la CEE.

«Nosotros tenemos la misma posicion que la CEE» mientras que la posición de los abogados de los populares y novoprogersistas «para nosotros es ultra vires (contraria a derecho) y nula».

También, Rivera García cuestionó a Farinacci Fernós cómo se puede pedir que, si se falla en contra de MVC, se conceda como remedio un plazo para cumplir con esos endosos. Ante esto, el juez replicó: «No me parece que una cosa sea compatible con la otra».

A eso, el profesor recomendó que «como mínimo, si se falla en su contra, se determine que sea prospectiva la norma» porque que la posición de los candidatos populares y novoprogresistas es contraria a lo que había entendido la CEE, la tradición histórica y ante la falta de una norma clara.

«MVC tiene derecho a esas candidaturas», planteó Farinacci Fernós.

En respuesta a las preguntas de Estrella, Farinacci Fernós afirmó que el legislador no estableció términos y condiciones expresas relacionadas con los endosos.

Además, en medio de las preguntas de Estrella y posteriormente del juez Colón, Farinacci Fernós reiteró que MVC no fue informado por la CEE sobre alguna irregularidad en la forma en que llenaba sus posiciones, ni se les indicó que tenían que recoger endosos, como se reclama en este caso.

«Victoria Ciudadana confió en las repetidas expresiones de la CEE», sostuvo Farinacci Fernós.

En su turno, Colón pidió que se precisarán cuáles fueron los actos de la CEE que motivaron a que MVC entendiera que no hacían falta los endosos. El juez sostuvo que estos hechos pudieran dar paso a la aplicación de la doctrina de «actos propios» para proveer «un remedio de equidad que no fuese la descalificación a los candidatos».

En respuesta a la pregunta de Colón, Farinacci Fernos enumeró varios puntos. Primero, destacó que el 30 de noviembre presentaron su reglamento de métodos alternos, dejando claro que no recogerían endosos, y que nadie de la CEE les aseguró que esto fuera incorrecto. Segundo, señaló que la CEE explicó a cada candidato que no era necesario recoger endosos.

En sus turnos de réplica, Rosario manifestó que de nada vale que la ley diga una regla si los tribunales pueden tomar una ruta distinta y que esto llevaría a cientos de casos de personas que también buscarían que el tribunal hiciera una excepción con ellos.

«¿Entonces, ¿para qué sirve la ley?», expresó Rosario.

El licenciado Rivera, por su parte, mencionó que la CEE solamente recibió el reglamento de MVC, pero eso no equivale a una validación de la corrección del documento.

Agregó que la postura de MVC implica que «están admitiendo que no siguieron la ley porque no quisieron».

En este punto del debate, hubo un breve intercambio entre el juez Erick Kolthoff y Estrella. Kolthoff expresó que no veía más diferencia en la ley, ya sea que las reglas varíen si hay un candidato único o más de uno. «El legislador dijo ‘si no hay problema, certifica al que quedó’… así es como lo veo», afirmó Kolthoff dirigiéndose a todos los presentes.

«Yo escojo la más justa», afirmó repentinamente Estrella. «Yo escojo lo que dice la ley», replicó Kolthoff.

Mientras, Guillermo Ramos Luiña, abogado de Ana Irma Rivera Lassén, mencionó que el Supremo carece de justiciabilidad en este caso. Indicó que hay que recordar que el cargo de comisionado residente está regido por las disposiciones del Congreso, y que los peticionarios no han identificado ninguna disposición federal que faculte al Estado Libre Asociado para descalificar a la hoy senadora.

El abogado recordó que incluso está protegida por la reciente decisión federal sobre la cuestionada aspiración del candidato republicano Donald Trump por parte de un estado: «ningún estado puede denegar una candidatura a un puesto federal en ausencia de una delegación expresa».

El juez Martínez Torres comentó que la frase en el caso de Trump se da en el contexto de que el estado de Colorado estaba interpretando una disposición de la constitución federal.

La licenciada Deyanira Roque, comisionada alterna de Proyecto Dignidad, señaló que, según el procedimiento, la CEE busca decisiones por unanimidad, y solo interviene el presidente en caso de falta de unanimidad. «En el caso del reglamento de las candidaturas, el tema de los endosos de los candidatos de método alterno no estuvo en controversia», mencionó.

Añadió que entonces «el presidente hizo unos cambios que nunca fueron llevados a la atención de los comisionados electorales».

«¿Cómo van a advenir en conocimiento de algo que nunca llegó ante su atención?», cuestionó Negrón. «Ese reglamento no se aprobó conforme al procedimiento del Código Electoral... por ende no es válida esa sección».

La letrada argumentó que no fue hasta el momento en que se presentó la demanda que ellos adviene en conocimiento de una controversia sobre el artículo 3.1 sobre endosos, por lo que no estaría maduro para el asunto ser discutido en corte. Añadió que el partido Proyecto Dignidad no fue emplazado en el caso.

Por su parte, el abogado Jayson Caraballo, en representación de la CEE, replicó que si se entregó un reglamento originalmente de forma incompleta, pero al otro día fue notificado completo.

Mientras, Carlos Gorrín Peralta, por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), cuestionó cuánto tiempo se extenderá el pleito, que esto caso grava a dos partidos políticos. reiteró que la CEE indicaba a los candidatos que no tenían que recoger endosos, pero ahora «amenazan con desertificar las candidaturas» .

«La pretensión de la Comisión Estatal de ahora cuestionar las candidaturas impugnadas en este caso va en contra de sus propios actos», dijo Gorrín Peralta.