La lucha de Laura Lasanta Rivera por mantener su hogar es, además de ejemplo de la firmeza de una mujer en contra del aparato gubernamental en su contra, un llamado a las comunidades a educarse y mantenerse vigilantes ante la posibilidad de que enfrenten el poder de expropiación del Estado, según una abogada vinculada al caso.

Lasanta Rivera es una maestra de 67 años que vive en Santurce. Pero no en cualquier lado de Santurce, sino en la casa -la única residencia- que ubica en el medio de un nuevo parque urbano construido detrás del complejo de vivienda Ciudadela, al lado del Museo de Arte de Puerto Rico y a pasos del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Allí la mujer ha luchado por décadas contra el poder de expropiación del Estado, que desde 2003 trata de sacarla de la estructura, que ha pertenecido a su familia por generaciones en el barrio santurcino de San Mateo de Cangrejos.

El poder de expropiación del Estado emana inicialmente de las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos. En el caso de la puertorriqueña, la sección 9 del artículo II dice: «No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley». Entonces, el estatuto vigente es de 1903, llamada Ley General de Expropiación Forzosa, en su exposición de motivos dice que se permite expropiar «para planes de reconstrucción económica en beneficio general del pueblo de Puerto Rico, para la redistribución o fraccionamiento de tierras concentradas en latifundios, para el establecimiento de centrales o factorías públicas, para planes de siembra de productos alimenticios en casos de necesidad pública o emergencia, y para cualquier otro propósito de utilidad pública».

Pero la verdad es que muchas personas expropiadas, como Lasanta Rivera, «no le interesa la justa compensación, ella quiere quedarse en su casa», dijo su abogada Alicia Díaz Santiago, del Centro para la Reconstrucción del Hábitat.

Se trata de un proceso que, en el caso de la clienta de esta abogada, resulta particularmente complejo, ya que si prospera la intención del gobierno de trasladarla, enfrenta la dificultad de que no conduce. Por ello, tendría que buscar una nueva vivienda en un lugar donde, como en su actual hogar en Santurce, tenga supermercados y servicios médicos a corta distancia a pie, algo más difícil en un país con problemas de vivienda asequible.

«Ella tiene hasta miedo de ir a una cita médica, por temor de que a su regreso encuentre un candado allí en su casa», afirmó la letrada.

Según contó la abogada de Lasanta Rivera, en 2003 los residentes de ese sector de Santurce comenzaron a sentir la presión del gobierno que buscaba expropiarlos de sus hogares, esto como parte de una fase de una ley de 1988 para «rehabilitación de Santurce», que promovía el desarrollo económico y la vivienda nueva, aunque la letrada entiende que esto no debía ser a costa de los residentes de las viviendas de la época.

El poder de expropiación es uno bien amplio del Estado, dijo la letrada. En el caso de San Mateo de Cangrejos llevó a que todos los residentes de ese sector fueran expropiados por el gobierno. «Se eliminó la comunidad entera», dijo la letrada. Parte de San Mateo de Cangrejos, una comunidad histórica de Santurce, no fue afectada directamente por el caso, pero sí el sector que colinda entre Ciudadela y el Museo.

¿El saldo de la expropiación de las familias? Los hogares fueron sustituidos por árboles y vegetación. Aunque la expropiación se hizo inicialmente para crear una nueva comunidad residencial en el área, ese proyecto de vivienda no prosperó y se transformó en un parque que conecta el museo con Ciudadela. En la actualidad, ya el parque está terminado, con esculturas al aire libre, veredas, un «dog park»- lo que queda de la antigua comunidad San Mateo en ese predio es la casa de Lasanta Rivera, que sigue enclavada en medio del parque, porque nunca la mujer fue desalojada.

Lasanta Rivera es la superviviente de un pleito legal iniciado en 2003, dijo su abogada. Ella vivía en una casa contigua a la de sus padres y su hermana, que en el momento del inicio de las demandas de expropiación residían en ese hogar con varias discapacidades. Estas limitaciones físicas de movilidad impidieron al Estado lograr el lanzamiento, o desalojo, de esas familias de su casa.

«Lasanta Rivera, dentro de su lucha comunitaria y perseverancia, se quedó viviendo en la propiedad que le pertenecía a su familia», dijo Díaz Santiago.

En el 2016, siguió contando la abogada, se paralizó el pleito legal con la entrada en vigor de la ley federal PROMESA, que detuvo todas las acciones judiciales relacionadas con el gobierno. Esto causó que cesaran los esfuerzos del gobierno de expropiar a Lasanta Rivera, como había pasado con toda su comunidad.

Los tres familiares de Lasanta Rivera con discapacidades fueron muriendo, y la mujer quedó sola en la casa -y en lo que en su día fue ese sector de San Mateo de Cangrejos- y lo último que supo del gobierno fue una carta que en 2023 recibió de la entonces administradora de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, identificada como Blanca Fernández González, aseguró la licenciada Díaz Santiago.

«La carta decía que la Autoridad no va a llevar a cabo ningún acto de desalojo mientras ella ocupe esa propiedad. Obviamente a ella le dieron esa tranquilidad y no tiene que temer que el Estado hará algún tipo de desalojo contra ella», dijo Díaz Santiago.

Los casos se mantenían abiertos, a pesar de la carta, incluso con una moción en julio de 2025 en la que informaban que «no estaban seguros de si querían seguir con la expropiación de Lasanta Rivera». Entonces, la licenciada Díaz Santiago comenzó a buscar una oferta transaccional con el gobierno para finalmente cerrar los casos legales contra su clienta, y el gobierno le respondía que aún no lo habían discutido.

Esto cambió a principios de febrero, cuando justo antes de entrar a una vista de seguimiento, la abogada del gobierno le dice: «Vamos a seguir buscando la expropiación y le estamos buscando casa a Lasanta Rivera para que se mude».

Ya en la vista ante la jueza, dijo la letrada, «el Estado solicitó el desalojo de Lasanta Rivera. Yo traigo a colación esta carta y la jueza le pide al Estado que someta una moción dejando saber por qué esa carta no es válida, o cuál es la posición de ellos. Les dio 30 días».

Al momento de la entrevista, la moción no había sido radicada, dijo la abogada. Agregó que la jueza le dio 30 días adicionales a ellos para contestar la moción que en su momento someta el gobierno.

Lo que representa este caso para otras comunidades

Díaz Santiago explicó cómo el caso de Lasanta Rivera debe motivar a las comunidades a estar alertas ante la posibilidad de que el Estado o un municipio ejerza su poder de expropiación.

«Es sumamente importante. El poder de expropiación del Estado, como está en nuestro ordenamiento jurídico, es absoluto. Y el caso de Lasanta Rivera nos permite ver que el Estado puede usar cualquier razón para quitarle a alguien su titularidad. Y en el caso de Lasanta Rivera es una (persona) pero pueden expropiar 30, 40 casas», agregó.

El proceso de expropiación puede llevar a atropellos, dijo la letrada. El caso Kelo v. City of New London fue una pugna en la que una comunidad perdió su reclamo contra una expropiación y toda la comunidad fue sacada de sus hogares, esto porque supuestamente se construiría un nuevo proyecto de viviendas para promover la economía. Sin embargo, a pesar de que las familias fueron desalojadas, el proyecto prometido nunca se hizo y hoy día, donde hubo casas de una comunidad, lo que hay es un lote de tierra vacío.

La abogada dijo que muchos estados luego de ese caso tomaron medidas para dificultar las expropiaciones, pero ese no ha sido el caso de Puerto Rico. En este cuatrienio, comentó, no han conseguido a un legislador para presentar un proyecto que tienen trabajado para atender este asunto.

Lasanta Rivera no es un caso único sobre el poder de la expropiación del Estado. Ya se está viendo en otras comunidades, como con la canalización del Río Piedras, que ha llevado a que la comunidad de áreas como Reparto Metropolitano hayan expresado su oposición.

«Hay un problema de comunicación entre gobierno y la gente. Hay un problema de desconfianza. Lasanta Rivera confió que el gobierno no la iba a sacar. Y ella ampara su confianza en una carta que le dieron», agregó.

La letrada exhortó a que una comunidad debe, ante el poder de expropiación del Estado, hacer lo siguiente:

• Conocer la ley
• Conocer los planes del Estado en torno a su comunidad
• Organizarse como comunidad, incluyendo reunirse periódicamente
• Que tomen decisiones por el mejor bienestar de la comunidad

Díaz Santiago dijo que el centro para el que trabaja ofrece asesoría en casos de expropiación. Si desea más información puede contactarlos a adiaz@crhpr.org y 833-274-2272.