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Por Daniel Rivera Vargas

La inequidad, la pobreza y la desigualdad política forman parte de los argumentos de la opinión disidente emitida hoy, jueves, por la jueza Sonia Sotomayor en el caso United States v. Vaello-Madero, que coloca al alto foro federal reiterando que no es inconstitucional tratar a Puerto Rico diferente a otras jurisdicciones estadounidenses.

Sotomayor, puertorriqueña, fue la única disidente. La opinión de mayoría fue de tan solo ocho páginas y fue escrita por el juez Brett Kavanaugh.  Revocó las decisiones de distrito del juez Gustavo A. Gelpí, y del Tribunal de Apelaciones de Boston. En este caso, el ciudadano Jose Luis Vaello-Madero se defiende de una imputación federal de cobrar $28,081 de esta ayuda federal indebidamente porque comenzó a recibirla en Nueva York y debía de dejar de recibirla cuando se mudó a Puerto Rico.

"La igualdad de trato de los ciudadanos no debe dejarse al margen de las comodidades del proceso político. Debido a que los residentes de Puerto Rico no tienen representación electoral en el Congreso, no pueden confiar en sus representantes electos para remediar las disparidades punitivas que sufren los ciudadanos residentes", dijo la jueza Sotomayor.

Tribunal Supremo de EE.UU. determina que no es inconstitucional excluir a residentes de Puerto Rico del SSI

Para Sotomayor, en este caso hay una violación a la cláusula constitucional de Igual Protección de las Leyes. Afirma la jueza que la Corte Suprema se sustenta en precedentes -Califano v. Torres y Harris v. Rosario- que no tienen el peso de una opinión por tratarse de disposiciones sumarias, y que ambos descansan en la premisa equivocada de que Puerto Rico no contribuye en nada al Tesoro de Estados Unidos.

Asimismo, Sotomayor resalta en su disidente como SSI tiene el propósito de ayudar a personas necesitadas y que, según datos oficiales del Censo, Puerto Rico tiene un 43.5% de su población bajo el nivel de pobreza, más del triple del promedio en Estados Unidos, que es 12.3%.

 "El SSI está diseñado para apoyar a los ciudadanos más necesitados. Como programa de último recurso, está dirigido a prevenir la pobreza más severa. En vista de ese propósito central, denegar beneficios a cientos de miles de residentes elegibles de Puerto Rico porque no pagan lo suficiente en impuestos es totalmente irracional", sostuvo la jueza.

Sotomayor en su opinión enfiló sus cañones al poder legislativo federal, y destaca que hay una obligación constitucional al Congreso para «hacer todas las reglas y regulaciones necesarias" respecto a los territorios, pero que eso no es una licencia para ignorar el mandato también constitucional de que los ciudadanos americanos sean tratados con igualdad.

"La decisión del Congreso de negar a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico una red de seguridad social que proporciona a casi todos los demás ciudadanos estadounidenses es especialmente cruel dada la urgente necesidad de ayuda de esos ciudadanos", dijo.

Pero, la jueza advierte que la opinión del Supremo "podría tener dramáticas repercusiones", en el sentido de que al permitir excluir a ciudadanos porque no pagan suficientes impuestos, el Congreso podría excluir a residentes de estados como Montana, Alaska y Dakota del Norte de ciertos beneficios porque pagan pocos impuestos federales.

La jueza alimenta su opinión con datos suministrados en diversos recursos de Amigos de la Corte, como el dato provisto por la comisionada residente Jenniffer González de que unas 300,000 personas en la isla se podrían beneficiar de SSI, mientras que en el programa actualmente disponible para la isla en sustitución de SSI, llamado AABD (siglas de Ayuda para Ancianos, Ciegos y Discapacitados), solo 34,224 residentes reciben esa ayuda federal.