Por Daniel Rivera Vargas

«El caso está sometido».

Con estas palabras del juez presidente John Roberts concluyó, tras cerca de una hora y 15 minutos, la vista ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos del caso United States v. Vaello-Madero, caso judicial que podría representar millones de dólares adicionales a ciudadanos pobres en Puerto Rico y a su atribulada economía.

Aunque la génesis de este caso es que el gobierno federal le quiere cobrar a un ciudadano que recibió unos $28,081 del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) porque en el 2013 se mudó de Nueva York a Puerto Rico, la audiencia fue un foro para temas como el discrimen, la ley federal PROMESA, y los casos insulares, entre otros. Se alega que si a Puerto Rico le aplicará el SSI, unas 354,000 personas recibirán un promedio de $418 mensuales, frente a los $58 que reciben actualmente del programa disponible para personas discapacitadas.

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Como suele pasar en estas audiencias, las y los jueces del Supremo hacen preguntas primero a una de las partes, en este caso el subprocurador general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Curtis E. Gannon, y luego a la otra parte, en este caso el abogado pro bono de Vaello-Madero, Hermann Ferré.

Gannon habló del estatus único de Puerto Rico, y de como la isla no paga la misma cantidad de impuestos federales que en otras jurisdicciones, el presupuesto de Estados Unidos recibe menos de la isla que de otras jurisdicciones.

Los planteamientos de las y los jueces fueron variados. Por ejemplo, el juez Clarence Thomas preguntó si la cláusula territorial concedía al Congreso suficiente autoridad para actuar como lo hace con Puerto Rico, y si puede actuar de igual forma con Vermont como con la isla, a lo que Gannon insistió en el trato diferente en impuestos de la Isla.

«Aquí (con Puerto Rico) hay una relación diferente», sostuvo Gannon.

A preguntas del juez presidente Roberts de si este caso implica atender los polémicos casos insulares y del juez Neil Gorsuch de «por qué no debemos adentrarnos en si los casos insulares estaban incorrectamente decididos», Gannon dijo que entendía que no era necesario, porque está resuelto que la Igual Protección de las Leyes bajo la Quinta Enmienda aplica a los territorios.
«Desde el punto de vista del gobierno, si los casos insulares están mal, usted procede con una premisa inconsistente, porque no debemos decir lo que todos saben que es cierto», cuestionó Gorsush.

Gannon dijo que parte de lo que plantean los casos insulares es «anatema» pero que este caso no tiene que ver con ellos.

La jueza Sonia Sotomayor planteó dudas sobre la justificación para el trato desigual en el SSI, y aludió a que en muchas instancias la isla paga más impuestos que otros estados, esto según datos suministrados en el caso Peña Martinez v. U.S. Department of Health and Human Services, pendiente a resolverse en el Primer Circuito y que cuestiona el discrimen contra puertorriqueños en otros programas federales como los del PAN (Programa de Asistencia Nutricional).

«El dinero va directo a la gente, no al gobierno», dijo Sotomayor. «Son gente necesitada (en Puerto Rico), tratada de forma diferente a la gente necesitada de los 50 estados y a los de Islas Marianas del Norte (jurisdicción que sí recibe SSI)».

A los planteamientos de Gannon de que Puerto Rico puede ser tratado de manera diferente porque aporta menos que otras jurisdicciones al fisco federal, el juez Stephen Breyer reflexionó que bajo esa premisa se le podrían quitar ayudas federales a Mississippi, considerado el estado más pobre, porque aporta menos que otros estados.

Otro tema que surgió fue el estatus de la isla, atado al argumento de la autonomía del gobierno de Puerto Rico, donde el juez Breyer enunció en español «Estado Libre Asociado» tras lo que agregó «nadie sabe exactamente qué es».

«¿Le dijimos algo a las Naciones Unidas que no era cierto?», afirmó Breyer sobre el estatus de la Isla, lo que fue negado por Gannon.

El juez también le recordó la quiebra del gobierno local y el régimen fiscal actual bajo la ley PROMESA. «Promesa es solo una medida temporal», sostuvo Gannon. «Promueve la autonomía», agregó.

«Es ilusorio que la economía de Puerto Rico iguale a la economía federal en ayuda a sus necesitados», planteó la jueza Sotomayor.

Asimismo, el juez presidente preguntó cuánto recibe la isla en ayudas federales y el abogado del gobierno federal no pudo responder.

También Sotomayor planteó que hay un «historial de discrimen», que «los casos insulares son un ejemplo» y que los residentes de Puerto Rico son «políticamente una minoría sin poder», por lo que abogó a que se aplicara escrutinio estricto -lo que no favorece al gobierno- a lo que Gannon respondió que el SSI clasifica por localización, no por etnicidad.

«Una persona necesitada es una persona necesitada», replicó Sotomayor.

«Están en una comunidad donde el Congreso ha dejado muchos más ingresos fiscales, y eso marca una diferencia», comentó poco después el procurador general.

Llamó la atención también que la jueza Amy Coney Barrett se expresó sorprendida de que el abogado del gobierno pareciera alejarse de su postura escrita al alejarse del alcance de la cláusula territorial. La jueza Elena Kagan reflexionó sobre si el Congreso podría quitar cualquier programa de beneficio a Puerto Rico, y que argumentaba muy poco sobre los precedentes, Harris v. Rosario y Califano v. Torres, que ya habían evitado que la isla se beneficiara en el pasado de programas como el SSI.

En su turno, Ferré, el abogado de Vaello-Madero, dio una breve descripción histórica.

«Hasta hace poco las personas discapacitadas estaban excluidas de la sociedad, el SSI cambió eso, garantizando que estadounidenses pobres y discapacitados se pudieran reinsertar a la sociedad», sostuvo.

«La decisión del Congreso de excluir a personas pobres y discapacitadas en Puerto Rico se basa en la falsa premisa de que estaban ubicadas fuera de Estados Unidos… considerando a Puerto Rico extranjero para propósitos domésticos por la raza y ancestría de su gente».

A preguntas del juez Thomas, Ferre aseguró que parte de la controversia es que cualquier ciudadano estadounidense que se mude a Puerto Rico es tratado como si fuera un extranjero solo por vivir en un territorio.

Sobre el debate de la cláusula territorial planteado por Kagan, Ferré argumentó que debía haber sido un mecanismo transicional hacia la estadidad, pero dejó de serlo con los territorios que provenían de España.

«Entendemos que la intención era temporal… el problema es que los casos insulares hicieron que lo que fuera temporal se convirtiera en permanente», sostuvo Ferré.

A preguntas del juez Brett Kavanaugh, Ferré señaló que la Constitución prometía una forma republicana de gobierno pero que esto cambió con los casos insulares, donde una población está en un estado territorial indefinido así que la corte esencialmente «bendijo» la posibilidad de que los territorios se mantuvieran así de forma indefinida «sin una silla en la mesa» («without a full seat at the table«).

«Ciertamente depende del Congreso el crear un estado, pero me parece que la corte esencialmente paró el reloj para que el Congreso no tuviera que intervenir», agregó.

«[…] that’s a big bite in this case, where it isn’t fully argued and so forth«, dijo el juez Breyer sobre la interpretación de Ferré a los casos insulares.

La jueza Barrett cuestionó si deben revocar Harris v. Rosario y Califano v. Torres, a lo que Ferré, después de cierta aparente ambivalencia, finalmente respondió que sí.