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Luego que el gobernador Pedro Pierluisi anunció una nueva orden ejecutiva y exhortó a comercios a exigir la vacunación, muchas personas se preguntan si un establecimiento o incluso un centro comercial pueden exigir la vacunación de las personas que le visiten.
El constitucionalista Alex Omar Rosa Ambert explicó a Microjuris que —en primer lugar— no existe un derecho constitucional a entrar a un espacio privado.
Esta conversación surge luego que se circuló una notificación de violación en el que se expresa un derecho constitucional a entrar a espacios privados.
«Aquí yo veo dos problemas. El primero es que ellos no están señalando el derecho constitucional que se les infringe y parecen estar infiriendo que tienen un derecho constitucional a estar en un espacio privado. Sabemos que no es cierto«, señaló Rosa Ambert.
El otro problema que observa Rosa Ambert es que se el documento circulado se está basando en la Ley de Derechos Civiles de 1964. En ese caso, según explicó el también defensor público auxiliar federal, las categorías protegidas ya están explícitamente establecidas y no existe una categoría que aplique en este sentido.
Esas categorías son raza, color, religión, sexo u origen nacional.
En el caso de una persona que no se haya vacunado por su religión, Rosa Ambert sostuvo que ahí la persona tendría que probar que se le negó el espacio a entrar por su dogma.
«Cualquier espacio privado puede determinar sus reglas de admisión«, enfatizó el abogado.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) explicó en Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo v. Hermandad Independiente que «un centro comercial que tiene vínculos importantes con el Estado y facilidades gubernamentales ubicadas en él, se asemeja jurídicamente a un foro público tradicional«.
El Supremo entendió que, bajo esas condiciones, no se podía prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de expresión.
Sin embargo, el defensor público auxiliar federal señaló que —a menos que las personas vayan a entrar para hacer una expresión— la decisión del Supremo no le impide a un centro comercial establecer una restricción contra personas que no están vacunadas.
Nuevamente, Rosa Ambert puntualizó que no existe un derecho a estar o a consumir en un espacio privado.
Rosa Ambert recordó también que el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) decidió en NASA v. Nelson que los intereses del gobierno como empleador y propietario van por encima de cualquier interés de intimidad sobre la información personal que pueda tener sus raíces en la Constitución.
De acuerdo con Rosa Ambert, si este es el estándar que está disponible para el gobierno (que suele ser el más alto), la dueña o el dueño de un centro comercial también puede establecer una limitación por sus intereses como propietario.