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En Puerto Rico existen diversas modalidades de trata humana en Puerto Rico, por lo que los recientes casos divulgados sobre esta problemática en el archipiélago solo reflejan una fracción de la realidad.
Esta fue la premisa que César Rey Hernández, Catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública y profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), compartió en entrevista con Microjuris.
«La violencia contra la infancia es una realidad silenciada. Aquí, en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Hemos hablado de la invisibilidad de este crimen. Precisamente, debido a la intimidación, la alternativa es ocultar esa realidad, sobre todo si es menor, es mujer o si es indocumentados», manifestó Rey Hernández.
En días recientes, en medio de la discusión para la creación de un Observatorio sobre Trata Humana en Puerto Rico, ha trascendido que el Departamento de la Familia recibió 14 referidos por trata humana en 2021.
De acuerdo a los datos relevados, el sistema de justicia juvenil bajo el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) reveló que el 29% de todos sus ingresados fueron víctimas de trata humana, que el Children’s Bureau tiene atendidos 2,092 casos ligados a problemas financieros; 1,407 casos relacionados con violencia doméstica y 1,264 casos asociados con el abuso de drogas y alcohol, entre otros.
Indicó, además, se ha reportado un alza en los casos de pornografía infantil, otra forma de trata humana.
«Estos son los que salen a flote. Esta es la parte de arriba de la pirámide, la pirámide desgraciadamente es mucho mayor y no está contabilizada».
Añadió que solamente en ocho meses de 2023 hubo 8,347 referidos de maltrato en el Departamento de la Familia. De igual forma, comentó que fácilmente esto en números reales pueden ser más, y que puede incluir formas de trata humana como la prostitución.
La trata humana es delito en Puerto Rico, penalizado en los artículos 159 y 160 del Código Penal de Puerto Rico con entre 25 a 50 años de cárcel.
Usando la definición del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, el Poder Judicial indica que la trata de personas se define como la «captación, traslado, transporte, acogida o recepción de una persona utilizando la violencia, amenaza, engaño, rapto, fuerza, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción, con el fin de someterla a explotación y lucrarse con su actividad».
De acuerdo a Naciones Unidas, la trata humana a nivel mundial representa $150,000 millones, superando la venta de armas, que históricamente después de las drogas es la actividad ilegal más lucrativa, recordó el profesor.
Desde el 2006, Rey ha trabajado en cuatro investigaciones sobre el tema de la trata humana, tres de las cuales se han publicado como libros, las primeras con la Fundación Ricky Martín, y luego desde la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. El más reciente trabajo tiene el endoso del Poder Judicial y de la UPR.
También vio temas de trata humana cuando el tema no se clasificaba de esa forma para una investigación en 1986 sobre las condiciones de vida de los dominicanos no documentados, población que sufre desde explotación en los viajes ilegales hasta agresiones sexuales.
Hay varios problemas con el manejo de la trata humana en Puerto Rico por parte del gobierno, incluyendo la falta de uniformidad en protocolos entre las agencias de gobierno, en las que no hay comunicación efectiva entre las agencias, algo que Rey comentó que le tocó experimentar cuando era secretario de Educación en instancias como Hogares Sustitutos, y programas de desvío.
Elogió, sin embargo, el trabajo que realiza el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Oír hablar al profesor del tema duele. «Yo entrevisté jóvenes que a los 14 años los botaron de la casa, porque su orientación sexual empañaba el prestigio de una familia, y la abuela lo botó. Y terminó sodomizado y víctima de trata humana en Nueva York».
El narcotráfico explota a los menores, llevándolos por la ruta de la deserción escolar y la violencia, narró.
«En nuestros estudios hemos calculado que cerca del 80% de la mano de obra en los puntos de droga tiene menos de 18 años. De hecho, el 100% de los más de 200 jóvenes que hemos entrevistado en estos años son desertores escolares de séptimo, octavo y noveno grado. Hay una relación entre la deserción y el estímulo de la economía subterránea de puntos de droga».
«Eso me tocaba muy de cerca porque incluye estudiantes que tuve cuando era secretario de Educación», reflexionó el exjefe de agencia entre 2001 y 2005.
Agregó que se estima que el 30% de la economía de Puerto Rico es informal, y que de esta el 60% es producto de la narco-economía.
«En la calle encontramos que hay una gran cantidad de empleabilidad de mano de obra barata. En puntos establecidos hay mucho estímulo material, no solo por el dinero, sino por tener un revólver, una motora, un «walkie talkie», reuniones con abogados que le anticipan que los van a coger, pero que van a salir bien», sostuvo.
Otro escenario detectado de trata humana de menores es algunos hogares sustitutos, que reciben paga por cada menor que albergan, pero en algunos casos usan a esos menores para manejar drogas ilegales, mendicidad u obligarlos a pedir en las calles, y hasta en situaciones como prostituciones.
En temas de prostitución y pornografía y delitos sexuales, reveló que ha escuchado testimonios de un hombre que obligaba a una de esas menores a prostituirse con él y sus amigos, y le pagaba con un celular y llevarla a comer a un restaurante de comida rápida de hamburguesas; y de un abuelo que violaba y prostituía a su nieta.
«En esa economía ilegal, los menores pasan a ser un atractivo lucrativo porque son mano de obra barata, son persuadidos fácilmente, son coaccionados, son ciertamente explotados», sostuvo.
Sobre la iniciativa del Observatorio de Trata Humana, Proyecto de la Senado 1237, a Rey le parece loable en principio, pero dijo que hay áreas que se deben precisar.
Por ejemplo, deben evaluar los criterios que van aplicar, a quién se responde, cuál es su capacidad de la nueva entidad para establecer protocolos entre las agencias y qué pasos se darán para dejar fuera prejuicios tabús como sexo, familia, matrimonio, entre otros.
«Lo que está en papel me parece una iniciativa importante. Creo que es un avance, me parece que es un gran esfuerzo», aseveró.
El llamado de rey es a que, como sociedad, Puerto Rico reconozca y atienda esta problemática como «lo más urgente en nuestra sociedad», enfatizando en la importancia de la fiscalización al gobierno para que tome medidas adecuadas, hacer responsables a los adultos en relación a los menores bajo su custodia y permitir que haya políticas públicas que estén protegidas contra los vaivenes partidistas.
«Que todavía estamos en el siglo XXI trabajando estos temas cuando hace 20 años trabajamos con eso... hay sobre 23 legislaciones, que todavía se arrastran los pies con esto, que no se toman pasos, hay protocolos que se han descontinuado. Esa alternancia política que sufre el país afecta la política pública, afecta a la población más vulnerable, se quitan iniciativas que pueden ayudar a corregir problemas sociales... hay que darle continuidad a buenas iniciativas independientemente de la política», concluyó.