A pesar de las críticas realizadas por organizaciones no gubernamentales, China se prepara para legislar su primera ley antiterrorismo, que se espera sea firmada durante los próximos días.

Las organizaciones, así como algunos gobiernos extranjeros y organizaciones empresariales, entienden que su aprobación obedece a un deseo del gobierno de recrudecer su control sobre los medios de comunicación y el ciberespacio y que esta pondrá en riesgo la propiedad intelectual de las compañías foráneas que tienen presencia en el país.

En dicho documento se define "terrorismo" como "cualquier proposición o actividad que, por medio de violencia, sabotaje o amenaza, genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales y patrimoniales y amenaza a los organismos gubernamentales e internacionales con objetivos políticos e ideológicos". Esta además provee para que las empresas de tecnología sean obligadas a mantener sus servidores en el país, y a proveerle al gobierno chino, sin necesidad de orden judicial, información de las claves de encriptación e información de los usuarios.

De igual forma, estas compañías deberán instalar puertas traseras (mecanismos para evitar los sistemas de seguridad) en sus productos, bajo la amenaza de que sean vetados en el mercado chino en caso de no hacerlo. En otra cláusula, la normativa prohíbe a cualquier individuo u organización que "fabrique y difunda información sobre incidentes o publique detalles de actividades terroristas que puedan conducir a su imitación". Y en esta categoría se incluyen los medios de comunicación —con excepción de los que hayan recibido el visto bueno de las autoridades— y especialmente los usuarios de las redes sociales.

William Nee, investigador asignado a China por la organización Amnistía Internacional reaccionó criticando la vaguedad de la definición de terrorismo en esta ley. Según Nee, lo legislado por la ley podría incluir "cualquier crítica a las políticas, normas y reglamentos oficiales".

El proyecto podría dar a las autoridades más herramientas para censurar la información no deseada y criminalizar a aquellos ciudadanos chinos que informen sobre incidentes terroristas. Como acabamos de ver en el juicio contra [el abogado defensor de los derechos humanos] Pu Zhiqiang, las autoridades están dispuestas a perseguir penalmente a cualquier persona que se atreva a cuestionar la guerra contra el terrorismo o las políticas hacia las minorías étnicas", explicó Nee al diario español El País.