Por Daniel Rivera Vargas

El procesamiento de un inmigrante mantiene bajo la lupa el choque entre los poderes ejecutivo y judicial del gobierno federal, y como se ha acentuado esta confrontación en los pasados meses.

Kilmar Armando Abrego García fue objeto de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en abril pasado. El alto foro dijo que el sujeto fue deportado a El Salvador en marzo de forma ilegal por las autoridades porque había una orden judicial previa prohibiendo ese traslado. En esa orden de abril autorizó su liberación del sistema penal salvadoreño y su regreso a Estados Unidos.

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Pero, el caso no quedó ahí. Según resume el juez de distrito Waverly D. Crenshaw en una orden del miércoles, la administración Trump no cumplió de inmediato la directriz avalada por el Supremo de devolver a Abrego García de El Salvador a Estados Unidos, y lo hicieron en un momento en que habían logrado una acusación separada en contra del salvadoreño. En vez de liberarlo a su regreso a Estados Unidos lo arrestaron de inmediato a la luz de los nuevos cargos y fue ingresado a una prisión federal.

Pero, los abogados del salvadoreño cuestionaron el encarcelamiento. La administración Trump argumentó que este era un caso en el que se justificaba la detención hasta el juicio, pero el juez resolvió que no se ha probado que este caso amerite esta determinación y que lo que procede es que Abrego sea liberado.

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A pesar de la orden de excarcelación, que puede ser apelada al Tribunal de Apelaciones, el Departamento de Seguridad del Interior respondió ayer con severidad en redes sociales, atacando al tribunal de distrito y asegurando que no cumplirá con la orden del juez de liberar a Abrego García. "Este es un juez sin ley (lawless). Este miembro de la ganga MS-13, traficante humano e inmigrante ilegal jamás caminará por las calles de Estados Unidos de nuevo", expresó la cuenta oficial en la red social X de Homeland Security.

Asimismo, en este caso una segunda juez federal, esta vez de Maryland, Paula Xinis, expresamente ordenó que una vez Abrego García sea excarcelado en Tennessee, no debe ser apresado o puesto en custodia por funcionarios federales del Servicio de Inmigración y (ICE, por sus siglas en inglés).

Para el profesor de derecho de la St. Mary’s University School of Law, en San Antonio, Texas, Carlos Chévere Lugo, el caso de Abrego García "es una situación complicada" y "peligroso" respecto al balance de poderes por la tensión que se está creando entre funcionarios de las ramas ejecutiva y judicial, algunos de ellos miembros de la judicatura nombrados por el presidente Donald Trump, que en el ejercicio de sus funciones en ocasiones han terminado fallando en contra del presidente.

Pero es incierto el alcance de sus órdenes porque en varias ocasiones, en asuntos procesales, los jueces de distrito resuelven una cosa y luego los tribunales apelativos resuelven otra.

"Yo diría que puede ser una minicrisis constitucional, porque aunque los jueces de distrito dicen una cosa, en el Supremo han sido hasta ahora complacientes con Trump", sostuvo.

Eso podría variar, adelantó Chévere, porque hasta ahora los fallos a favor de Trump son en asuntos procesales, por lo que habrá que ver qué sucederá cuando comiencen a resolver controversias en los méritos.

"Los tribunales están un poco limitados en cuanto a cómo hacer efectivas sus decisiones, usualmente es el ejecutivo el que hace valer las decisiones judiciales. Lo más que puede hacer en estos casos es multar a los abogados de la agencia, encontrarlos en desacato", afirmó Chévere.

Mientras los jueces tienen este mecanismo para tratar de hacer valer sus órdenes, hay sectores conservadores que han tratado de iniciar procesos de residenciamiento contra jueces que se expresan en contra de Trump, aunque este mecanismo ha sido históricamente poco efectivo. Chévere recordó un caso de residenciamiento de un juez, Walter Nixon, quien fue residenciado por el Congreso de Estados Unidos en 1989 luego de ser hallado culpable en un juicio de perjurio en un caso relacionado a un socio comercial de un hijo.

 "Es bien raro que eso ocurra (un residenciamiento de un juez)", señaló Chévere.

Pero eso no quita que haya presión sobre los jueces. El propio Trump se ha expresado incluso de miembros del Supremo, como Amy Coney Barret, quien de los miembros más nuevos del alto foro, es la que más ha tomado decisiones que no son cónsonas con el actual gobierno federal.

"Llevamos 7 meses de la administración, esto va a seguir aumentando», vaticinó Chévere.