El United States Bankruptcy Court for the District of Puerto Rico notificó que la Rama Judicial federal no contará con fondos para mantener sus operaciones regulares y remuneradas. Esta determinación obedece al cierre gubernamental federal (government shutdown) que interrumpe temporalmente la asignación presupuestaria.

Mediante la Noticia 25-14, la Secretaría del Tribunal, encabezada por la Clerk of Court, Wilma Jaime, informó que el tribunal mantendrá operaciones limitadas con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales esenciales del Poder Judicial federal.

Alcance de las operaciones judiciales

El comunicado establece que todos los casos calendariados continuarán su curso según programado, salvo que el juez o jueza que preside disponga lo contrario. La Oficina de la Secretaría permanecerá abierta en su horario regular en las sedes de San Juan y Ponce, y el personal operativo continuará realizando aquellas funciones permitidas conforme al Anti-Deficiency Act. Asimismo, el tribunal aseguró la continuidad de los servicios electrónicos mediante el sistema CM/ECF (Case Management/Electronic Case Files), disponible para todos los usuarios registrados.

Canales de información y asistencia

El aviso exhorta a la comunidad jurídica a mantenerse informada a través de los medios oficiales del tribunal, incluyendo su portal electrónico http://www.prb.uscourts.gov, su cuenta oficial en X (@USCourtsPRB) y la página de noticias del sistema judicial federal en uscourts.gov.

Para consultas específicas, la Secretaría del Tribunal puso a disposición el teléfono (787) 977-6109.

Contexto jurídico y administrativo

De conformidad con el Anti-Deficiency Act (31 U.S.C. §§ 1341 et seq.), las agencias y ramas del gobierno federal deben cesar operaciones cuando no existe asignación presupuestaria aprobada por el Congreso. Sin embargo, la normativa permite continuar aquellas funciones consideradas esenciales para la protección de la vida, la propiedad y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

En el caso de la Rama Judicial federal, esto incluye la tramitación de casos urgentes, la preservación del acceso a los tribunales y la administración de expedientes en curso.

La medida adoptada por el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito de Puerto Rico se enmarca en esta normativa, con el objetivo de asegurar la continuidad mínima de sus funciones jurisdiccionales mientras persista la falta de financiamiento.