Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera advirtió que fueron ellos los que cuadraron el presupuesto del pasado año fiscal, lo que para algunos es indicativo de que se puede extender el periodo de operación sobre el gobierno de Puerto Rico de este ente fiscal creado por la ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA", por sus siglas en inglés).

En una declaración escrita del 1 de julio, el ente fiscal dijo que la Junta de Supervisión intervino por un tranque en el gobierno. "Ni la Gobernadora ni la Asamblea Legislativa presentaron oficialmente un presupuesto (para el año fiscal 2025 a 2026) revisado para la certificación por parte de la Junta de Supervisión dentro del calendario establecido al amparo de la Sección 202(a) de PROMESA", indicó el organismo en declaraciones escritas.

 La Junta de Supervisión no descartó que, a pesar de la intervención de este cuerpo en el ejercicio fiscal, este presupuesto de 2026 y dijo que la disputa entre Fortaleza y Legislatura no tiene que ver con el gasto del gobierno sino otros asuntos, y agregaron que "podría considerarse conforme con las condiciones para la disolución la Junta de Supervisión, en virtud de la Sección 209 de PROMESA, si la auditoría financiera independiente del Gobierno de Puerto Rico determina que el presupuesto del año fiscal 2026 se mantuvo equilibrado bajo los estándares de contabilidad de acumulación modificada, según lo exige PROMESA".

La ley PROMESA establece, entre otros requisitos, cuatro presupuestos balanceados del gobierno de Puerto Rico para que deje de operar la Junta de Supervisión.

En sus declaraciones escritas, la Junta de Supervisión indicó que esta acción no tiene que ver con el presupuesto del Año Fiscal 2026- 2027 que entró en vigor el 1 de julio de 2026 , y así lo reiteró en declaraciones separados el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos: «Es importante que la ciudadanía reciba la información en su justo contexto. La determinación de la JSAF hace referencia al presupuesto y no debe interpretarse como una evaluación o certificación del presupuesto correspondiente al nuevo año fiscal.

Para el abogado John Mudd, estudioso de la Ley PROMESA, está intervención de la Junta en el presupuesto quiere decir que se ha incumplido con la exigencia de este estatuto de que el gobierno del territorio sea el que presente cuatro presupuestos balanceados.

"La junta no se va antes de 2033", aseveró el letrado.

Añadió que quien único puede certificar los presupuestos balanceados es la propia Junta de Supervisión, y que este es un asunto donde hoy tiene jurisdicción para intervenir la jueza de los casos de PROMESA, Laura Taylor Swain.

Pero agregó que no solo se trata de presupuestos balanceados sino de que deben existir estados financieros auditados.