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Por la Lcda. Jessica L. Pérez Salazar

El pasado 20 de enero de 2025, el Presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva titulada: «Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense», limitando el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para ciertas categorías de personas.

Específicamente, la orden dispone que no serán ciudadanos automáticamente aquellos nacidos en EE.UU. si:

• La madre estaba ilegalmente presente en EE.UU. y el padre no era ciudadano ni residente permanente.
• La madre estaba en EE.UU. de manera temporal (por ejemplo, con visa de turista, estudiante o trabajo) y el padre no era ciudadano ni residente permanente.

La orden indica que estas restricciones se aplicarán a los niños nacidos 30 días después de la entrada en vigor de la norma, y prohíbe a las agencias federales emitir o aceptar documentos que reconozcan la ciudadanía de quienes no cumplan los nuevos criterios.

Un cambio en la interpretación de la Enmienda Catorce

La Decimocuarta Enmienda establece que:

«Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. (...)»

Sin embargo, esta orden ejecutiva reinterpreta la cláusula de ciudadanía, argumentando que el propósito de la Enmienda Catorce fue corregir la injusticia de Dred Scott v. Sandford (1857), que negaba la ciudadanía a personas de ascendencia africana, y no otorgar ciudadanía universal a todas las personas nacidas en Estados Unidos. Según esta nueva interpretación, los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal no estarían «sujetos a la jurisdicción» de EE.UU. y, por lo tanto, no serían ciudadanos por nacimiento.

Precedentes de la Corte Suprema sobre la ciudadanía

Históricamente, la Corte Suprema ha tomado decisiones clave sobre la ciudadanía estadounidense, incluyendo:

• United States v. Wong Kim Ark (1898): La Corte determinó que Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres chinos, era ciudadano bajo la Decimocuarta Enmienda.
• Tuaua v. United States (2015): Se resolvió que las personas nacidas en Samoa Estadounidense no son ciudadanos automáticamente, sino «nacionales» de EE.UU.
• Fitisemanu v. United States (2022): Similar al caso Tuaua, este litigio cuestionó la ciudadanía de personas nacidas en territorios estadounidenses. La Corte Suprema se negó a reconsiderar los fallos anteriores que negaban la ciudadanía automática a individuos nacidos en ciertos territorios, basándose en precedentes conocidos como los Casos Insulares.

En respuesta a la orden ejecutiva, 18 estados, liderados por Nueva York, Colorado y California, han demandado a la administración Trump, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para reinterpretar una enmienda constitucional.

Una estrategia política con consecuencias humanas

Más que una simple orden ejecutiva, esta medida parece estar diseñada para provocar una batalla legal en la Corte Suprema sobre la interpretación más estricta del concepto de «jurisdicción» de la Enmienda Catorce. Al polarizar el debate, la administración Trump busca fortalecer su base electoral con una política migratoria más restrictiva.

Mientras tanto, miles de familias inmigrantes, en situación irregular o con estatus temporal, enfrentan un futuro incierto. Sus hijos, nacidos en Estados Unidos, podrían quedar atrapados en un limbo legal que afectará su acceso a derechos esenciales por que la ciudadanía no solo otorga un pasaporte, sino también derechos fundamentales como educación, salud, trabajo y seguridad social.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento trasciende lo constitucional y lo político; es una cuestión de derechos humanos que impactará el tejido social, la estabilidad jurídica y el principio fundamental de igualdad sobre el que se construyó Estados Unidos. La decisión final no solo determinará quién es reconocido como ciudadano, sino también qué valores prevalecerán en la nación en las próximas generaciones.

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