Esta semana pasada la juez Aileen Navas, del Tribunal Superior de San Juan, emitió una orden exigiendo a la Autoridad de Tierras (AT) a notificar, con al menos un mes de anticipación, cualquier trabajo de excavación y dragado propuesto en terrenos administrados por esta corporación pública en el Caño Tiburones.

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La orden judicial fue emitida como parte de una demanda radicada por la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña Inc. (SOPI) y varios ciudadanos, exigiendo a la Junta de Planificación (JP) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a cumplir con la designación de todos los terrenos con humedales pertenecientes a la AT y en el Caño Tiburones, como reserva natural, según establece la Ley sobre Política Pública de Humedales de Puerto Rico (Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998, según enmendada).

"Acudimos al Tribunal para evitar que la AT continuara dragando canales y excavando zanjas, resultando en la desecación y destrucción de humedales, lo que eventualmente reduciría el área total de terrenos que el Gobierno está obligado a proteger como reserva natural, acción que no ha cumplido desde el año 1998", informó el Lcdo. Pedro Saadé Lloréns, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y representante legal de los demandantes.

Este señaló que se vieron en la necesidad de presentar una moción urgente solicitando la protección del Tribunal de San Juan debido a los trabajos de drenaje que estaba realizando la AT en días recientes, según quedó evidenciado por medio de fotos y el testimonio de varios testigos en una vista judicial llevada a cabo la semana pasada. Ante tal situación, la juez Navas se vio precisada a actuar de inmediato para evitar que los humedales de la zona continuaran siendo destruidos, y que se convirtiera en académica la sentencia que emitirá eventualmente sobre el área que debe ser designada como reserva natural.

La planificadora Ela Cruz, portavoz de los demandantes, indicó por su parte que en la vista quedó demostrado también que los trabajos realizados por la AT "se han estado haciendo sin ningún tipo de plan, según declaraciones hechas por el Director Ejecutivo de esta corporación, el agrónomo Salvador E. Ramírez Cardona, y por lo tanto, en menosprecio del valor natural extraordinario que tiene el Caño Tiburones. En consecuencia, ahora tendrán que preparar y presentar un plan detallado de los trabajos que propongan hacer, incluyendo justificar los mismos ante el Tribunal, con un mes de anticipación, previo a iniciar cualquier movimiento o remoción de terreno y vegetación".

"Confiamos que esta determinación judicial sirva de oportunidad para que la AT y el Departamento de Agricultura reconsideren sus prácticas en el Caño Tiburones, reconociendo el mandato de ley dirigido a proteger sus servicios ecológicos y su valor para la sociedad puertorriqueña. La agricultura no puede y no debe significar destrucción de nuestros sistemas naturales. Después de todo, sin tierra y sin agua no hay agricultura," sentenció por su parte Nathaniel González, Presidente de la SOPI.