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Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.
Por la Lcda. Melissa Pellicier Ortiz
La aprobación del Código de Lactancia de Puerto Rico (Ley 87-2025) es un gran logro aunque no exento de desafíos. Por primera vez, una sola ley recoge y organiza las disposiciones más importantes en cuanto a este tema, que durante años estuvieron dispersas en distintas leyes. Este esfuerzo buscaba dar mayor claridad, visibilidad y uniformidad a los derechos de lactancia en nuestro Puerto Rico.
Sin embargo, al derogar leyes pioneras como la Ley 427-2000, la Ley 95-2004 y la Ley 79-2004, se eliminaron protecciones importantes que tenerlas por escrito, no era poca cosa. Es innegable que algunas de las disposiciones en estas leyes eran letra muerta por muchos factores, pero sobre todo, debido a una fiscalización casi inexistente. Y ahora, este nuevo Código, al ser menos específico en sanciones y procesos, podría agravar esta falta de cumplimiento, afectando cómo se viven y ejercen estos derechos a diario.
Integración y nuevos espacios para la lactancia
El nuevo Código trae consigo avances notables:
Estos cambios amplían los espacios físicos y normativos para apoyar la lactancia, lo que sin duda representa un paso adelante hacia una mayor armonía entre la maternidad, la vida laboral y académica.
La consolidación, aunque positiva en muchos aspectos, sacrificó protecciones que brindaba mayor fuerza al cumplimiento:
Estos cambios, sumados a la pobre fiscalización que aqueja a nuestro país desde hace demasiado tiempo, debilitan aún más la capacidad de las madres y sus representantes legales para lograr un cumplimiento rápido y efectivo ante violaciones del derecho a lactar. La ausencia de estas salvaguardas no solo afecta la teoría del derecho, sino que impacta directamente la manera en que las madres logran hacer valer estas protecciones en los tribunales.
Esta nueva Ley brinda una base sólida para reclamar espacios adecuados y tiempo para lactar y se mantienen las vías administrativa, civil y penal para denunciar incumplimientos, pero con sanciones menos contundentes. Ello trae consigo que los litigios puedan volverse más largos y complejos lo cual podría desalentar el que las madres lactantes, víctimas de discrimen, sean capaces de reclamar sus derechos.
Frente a este nuevo panorama, se vuelve urgente revisar todos los protocolos internos de recursos humanos, atención al público, manejo de casos en agencias, empresas privadas y entidades de servicio, para garantizar el cumplimiento proactivo de esta nueva ley, en especial las agencias llamadas a monitorearla y por tanto a crear reglamentos para su implementación. Estas actualizaciones no solo evitarán conflictos legales y gastos, sino que envían un mensaje de respeto y apoyo a las madres lactantes trabajadoras.
El nuevo Código de Lactancia de Puerto Rico es un paso importante en la dirección correcta: unifica normas, crea más espacios para lactar y busca facilitar la vida de madres y sus familias. No obstante, la eliminación de sanciones fuertes, referencias clave y procesos detallados deja retos pendientes para asegurar que en la práctica, el derecho en efecto se proteja.
El llamado es que todos los sectores de nuestra sociedad, cumplan y hagan cumplir esta ley. Por el camino, también fortalecer los mecanismos de fiscalización, revisar protocolos internos y trabajar por futuras enmiendas que devuelvan la fuerza de sanciones y protejan de manera plena a las familias lactantes. La lactancia es salud, es el derecho de mamá y bebé y por tanto es justicia social. No basta con decir que está protegida: necesitamos leyes que aseguren que nadie, ni persona ni corporación, se atreva a violarla sin consecuencias reales.
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