El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) anunció que presentaron en el Tribunal de San Juan una demanda en contra del Departamento de Hacienda de Puerto Rico para evitar que el impuesto sobre los servicios legales entre en vigor este 1 de octubre.

"Desde que la Ley 72 se aprobó hemos estado trabajando con la Comisión Especial de Reforma Contributiva del Colegio para evitar que esta entre en vigor. De hecho, el Senado aprobó la pasada sesión unas enmiendas técnicas impulsadas por el Colegio, que eximían todos los servicios legales y notariales del IVU. No obstante, el proyecto de ley está en Comité de Conferencia y, al día de hoy, desconocemos cuál será finalmente el texto aprobado", anunció el licenciado Mark Anthony Bimbela, presidente del CAPR.

Bimbela explicó que la decisión de presentar la acción judicial se basa en que al momento no tienen certeza si las enmiendas logradas por el CAPR serán aprobadas cual acordado con la Comisión de Hacienda del Senado. A tales efectos, el presidente del CAPR indicó que "nuestra posición en todo momento es lograr la eliminación del impuesto a los servicios legales mediante la vía legislativa. Todas las reuniones y conversaciones se han hecho de buena fe, para evitar una controversia judicial y que las enmiendas se aprueben donde corresponde en primera instancia que es en la Legislatura; además, de que es la manera más económica y expedita para evitar que se le encarezcan los servicios legales al pueblo. Sin embargo, debido a lo cercano de la fecha de vigencia, nuestro compromiso con nuestra matrícula y con la abogacía nos impone el deber de presentar el recurso judicial".

Se espera que la medida que contiene las enmiendas técnicas del IVU, incluyendo la de los servicios legales, baje a votación en el día de hoy. "Llevamos semanas esperando que presenten para votación las enmiendas técnicas, especialmente las enmiendas que nuestro Colegio había conseguido que se incluyeran en la pasada sesión. De aprobarse en el día de hoy, habría que ver el alcance de las mismas, y eso determinará las acciones a seguir. En ese sentido tenemos que evaluar seriamente si las enmiendas aprobadas se ajustan a los mejores intereses del acceso a la justicia", concluyó Bimbela.

Finalmente, Bimbela exhortó a la Legislatura a aprobar las enmiendas según recomendadas por el CAPR para evitar una fútil controversia judicial para el gobierno. "Tenemos sólidos fundamentos jurídicos, sustantivos y constitucionales, no es una demanda redactada a la ligera ni con alegaciones generales y vagas. Llevamos meses investigando y perfeccionando la misma, previendo que un impase en la Legislatura, provoque que las enmiendas no sean aprobadas. No obstante, en estos tiempos, el gobierno no debe arriesgarse a una lucha judicial, pues lo más conveniente para el pueblo de Puerto Rico y para el acceso a la justicia, es que se exima los servicios legales del IVU sin intervención judicial", finalizó.