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El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) aprobó una resolución para felicitar y reconocer a la profesora Vivian Neptune Rivera por su trayectoria como decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y por sus aportaciones al desarrollo de la profesión jurídica y al acceso a la justicia en Puerto Rico.
La determinación fue adoptada durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del CAAPR celebrada el 18 de abril de 2026, mediante la Resolución Número 6, presentada por el licenciado Edgardo Hernández Vélez, delegado por Carolina ante la Junta de Gobierno.
De acuerdo con la resolución, Neptune Rivera se desempeñó como decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico por aproximadamente quince años. Durante ese periodo, el CAAPR destacó que ejerció un "liderazgo firme, visionario y comprometido con la excelencia académica y el servicio público".
La Junta de Gobierno también resaltó que, bajo su incumbencia, la Escuela de Derecho experimentó una transformación institucional orientada hacia una estructura "más ágil, moderna y alineada con las necesidades cambiantes de la sociedad puertorriqueña".
Asimismo, el organismo señaló que la gestión administrativa y académica de Neptune Rivera se distinguió por el fortalecimiento y expansión de programas clínicos de asistencia legal, los cuales ampliaron el acceso a la justicia para comunidades vulnerables y poblaciones desatendidas en Puerto Rico. Según el texto aprobado, estas iniciativas reafirmaron el compromiso de la academia jurídica con el servicio público y la responsabilidad social de la profesión legal.
La resolución también reconoce que Neptune Rivera promovió principios de equidad, diversidad e inclusión dentro de la Escuela de Derecho de la UPR, adelantando dichas iniciativas antes de que estos temas alcanzaran una discusión más amplia en los espacios académicos y profesionales del país.
El CAAPR sostuvo que esas gestiones contribuyeron al desarrollo de una comunidad jurídica "más justa y representativa", así como al fortalecimiento institucional de la educación jurídica en Puerto Rico.
En el documento, la Junta de Gobierno destacó además que la trayectoria de Neptune Rivera constituye "un ejemplo de compromiso con la educación jurídica, el servicio a la sociedad y el desarrollo de la profesión legal en Puerto Rico".
La resolución aprobada incluyó varios acuerdos formales. Entre ellos, el CAAPR dispuso felicitar y reconocer a la profesora Neptune Rivera por sus ejecutorias como decana; expresar agradecimiento por su compromiso con el acceso a la justicia y la formación de nuevas generaciones de abogados y abogadas; y destacar su legado en la transformación de la Escuela de Derecho hacia una institución "más inclusiva, moderna y al servicio del país".
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, creado mediante legislación especial, mantiene entre sus funciones institucionales promover el desarrollo de la profesión jurídica y fomentar iniciativas relacionadas con el acceso a la justicia y la educación legal continua.
Las resoluciones aprobadas por la Junta de Gobierno constituyen mecanismos institucionales mediante los cuales el organismo fija posiciones oficiales, reconoce trayectorias profesionales o atiende asuntos vinculados al ejercicio de la abogacía y al sistema de justicia.
En este caso, el reconocimiento a Neptune Rivera se produce en el contexto de una discusión más amplia sobre el rol de las escuelas de derecho en la formación de profesionales jurídicos y en la expansión de servicios legales a sectores vulnerables mediante programas clínicos y de interés público.
La resolución certificada fue suscrita por la presidenta del CAAPR, licenciada Vivian Godineaux Villaronga, y enviada oficialmente a Neptune Rivera mediante comunicación fechada el 11 de mayo de 2026.
El reconocimiento del CAAPR hace referencia específica a la expansión de programas clínicos de asistencia legal durante la administración de Neptune Rivera. En Puerto Rico, estos programas constituyen una herramienta académica y de servicio público mediante la cual estudiantes de derecho participan, bajo supervisión facultativa, en la prestación de servicios legales a personas o comunidades con acceso limitado a representación legal.
Las clínicas jurídicas universitarias han adquirido relevancia en áreas como derechos civiles, vivienda, violencia de género, inmigración, desarrollo comunitario y asistencia a poblaciones vulnerables. Además de su función académica, estos programas complementan los esfuerzos institucionales dirigidos a ampliar el acceso a la justicia en el país.
La resolución del CAAPR vincula directamente ese componente clínico con la misión pública de la Escuela de Derecho de la UPR y con la formación ética y profesional de futuras generaciones de abogados y abogadas.