Por el Lcdo. Roberto López Dávila*

La Inteligencia Artificial (IA) sin duda está de moda. Aunque, en su formulación conceptual primigenia, la IA no puede considerarse en rigor un paradigma «nuevo», por así decirlo, ya que sus orígenes pueden trazarse desde la segunda mitad del siglo pasado -concretamente a partir de la Conferencia de Darmouth de 1956, en donde se acuña el término [1]-, el salto que han experimentado sus tecnologías y modelos habilitantes sí que ha sido exponencial, sobre todo en los últimos 20 años. [2]

Y, es que no hay semana que pase en la que los medios no reseñen nuevos y excitantes avances y aplicaciones de este género, siendo el ChatGPT la más reciente expresión del vertiginoso desarrollo que han registrado estos potentes sistemas socio-técnicos. Todo ello da cuenta del auténtico poder transformador que estas tecnologías encierran para reconfigurar sectores enteros de la actividad comercial y social, así como para aportar bienestar al conjunto de las sociedades contemporáneas. De ahí que ya se comience a hablar de que estas herramientas tienen el potencial de inaugurar una «nueva era de la máquina». [3]

Similar al papel que desempeñaron en su momento la máquina de vapor, la electricidad y la Internet para impulsar la primera, segunda y tercera revolución industrial, respectivamente, la IA se sitúa como el más formidable factor motriz de la llamada Cuarta Revolución Industrial. [4]

De hecho, hay estudios que estiman que la IA podría añadir cerca de $15 millones de millones ($15 trillions) a la economía global para el año 2030. [5]

El enorme potencial económico que comportan estos sistemas se ha traducido también en un interés político por ellos. El valor geopolítico y geoestratégico que los países han visto en la IA ha desatado una auténtica «carrera tecnológica» por lograr la supremacía en el sector por parte de las principales potencias globales. [6] No en vano algún líder internacional llegó a afirmar que el país que alcance el liderato en esta tecnología dominaría el mundo. [7]

Sin desdeñar su importancia económica -que la tiene- y su creciente capacidad innovadora, el debate sobre la IA ha estado dominado por las consideraciones meramente comerciales y mercantiles que la misma suscita. Poca atención se le ha dado en cambio a sus implicaciones sociales y legales, particularmente en lo relacionado a su impacto a las libertades y a los derechos fundamentales de las personas.

Y, es que, aun cuando no seamos plenamente conscientes de ello, una parte importante de las transacciones y de las actividades humanas cotidianas están sometidas a procedimientos algorítmicos. Desde lo más trivial, como la eliminación de spam de las bandejas de entrada del correo electrónico y la selección personalizada de nuestros programas favoritos que nos hacen plataformas como Netflix, hasta lo más trascendental, como la selección de resumés para un puesto de trabajo, la concesión de beneficios públicos o su uso para calibrar el riesgo de reinicidencia en procesos criminales, la IA permea en todas las facetas de la vida en sociedad, teniendo cada vez más presencia e injerencia en decisiones fundamentales sobre nuestras vidas.

Este impacto para un número creciente de personas ha sido particularmente nocivo y perjudicial, aun cuando los sistemas que lo han provocado hayan sido diseñados con las mejores de las intenciones en mente. La ausencia de una perspectiva de derechos humanos a la hora de diseñar, usar y desplegar sistemas de IA como apoyo a procesos decisionales críticos, unido a la opacidad y continua adaptabilidad de estas herramientas a sus entornos, ha dado lugar a discriminaciones, mediante la amplificación de desigualdades preexistentes, sesgos y demás actuaciones lesivas a garantías básicas como el derecho a la privacidad, al debido proceso y a la libertad de expresión, así como a nociones medulares propias de una sociedad democrática, como la dignidad humana y la capacidad vital a la autodeterminación individual.

Ante ello los gobiernos han comenzado ha desarrollar soluciones de política pública equilibradas con miras a procurar que la innovación que aporte la IA en el terreno económico e industrial a sus sociedades no se produzca a costa de la vulneración de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Un acercamiento que ha ganado mucha aceptación en años recientes para lograr este balance entre beneficios económicos y reducción de riesgos es el de articular el desarrollo y uso de la IA dentro de planes estratégicos nacionales.

Desde el año 2017, un número creciente de países han venido utilizando este método, a manera de hoja de ruta, para coordinar sus políticas públicas y asegurar que, en el proceso de definir e implantar los distintos aspectos de los planes de innovación de IA, las garantías fundamentales no queden comprometidas.

Un informe referencial que ha estado haciendo acopio y análisis comparativo de estrategias nacionales con enfoques humano-céntricos y respetuosos de los derechos fundamentales es el que prepara anualmente el Center for AI and Digial Policy en Washington, D.C.

En su edición de 2021, y publicado a principios del pasado año 2022, el informe Artificial Intelligence and Democratic Values Index (AIDV Index) tiene por objetivo analizar las estrategias de inteligencia artificial de 50 países con base en 12 métricas rigurosas vertebradas en valores democráticos. [8] Con ello pretende medir de manera independiente y objetiva el nivel de progreso que los países han registrado en sus políticas y prácticas hacia la consecución de sistemas de IA confiables, transparentes y responsables. [9]

Además de buscar constatar el tratamiento que el país le imparte a la IA desde un punto de vista de los derechos fundamentales, con énfasis, por ejemplo, en el grado de participación democrática que le brinde a sus ciudadanos en la elaboración de la estrategia nacional de IA, el estudio persigue identificar el acercamiento regulatorio que se le pretenda dar a estos sistemas, a fin de salvaguardar dichas garantías básicas. Otra importante área a la que el informe le da prioridad a través de sus métricas es a precisar el grado de avance que los países hayan experimentado en la implementación de los imperativos y metas dispuestas en sus respectivas estrategias en lo que a las apuntadas garantías democráticas respecta.

Los criterios de análisis del AIDV Index están basados en los estándares globales derivados de los principales instrumentos y marcos internacionales desarrollados hasta la fecha en materia de políticas de gobernanza ética y democrática de la IA. Entre otros mecanismos y documentos, algunos de los cuales figuran como métricas concretas del informe con sujeción a las cuales se evalúa el desempeño al efecto de los países, se encuentran los Principios de IA de la OECD/G20, la Recomendación sobre IA Ética promulgada por la UNESCO, los Universal Guidelines for AI, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Como resultado de la evaluación, Canadá, Alemania, Italia y Corea del Sur, obtuvieron los mejores resultados. Su alto desempeño se explicó, sobre todo, en el liderato mostrado por estos países en políticas de IA, por su compromiso con los valores democráticos, y por su apertura al público a la hora de diseñar sus estrategias. Pesó también la existencia de una infraestructura robusta de protección de datos en estos países, su apoyo a la transparencia algorítmica, así como su compromiso con el desarrollo, diseño y uso de sistemas IA de forma justa, transparente y responsable.

Las dos superpotencias en IA, Estados Unidos y China, no registraron buena puntuación con sujeción a las métricas, si bien han experimentado algunas mejoras con respecto al informe del año anterior. [10]

La región de Latinoamérica tiene una importante presencia en el ranking, con Argentina, Colombia y Brazil a la cabeza de la zona, en ese mismo orden.

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En la siguiente tabla se listan los países que fueron objeto del escrutinio, ordenados según la puntuación obtenida de la aplicación de los 12 factores enunciados. Incluye también información comparativa de la puntuación obtenida por estos países en el informe del año anterior.

La pregunta obligada ante todo lo discutido es: ¿cuándo Puerto Rico se unirá al resto de países y comenzará su andadura hacia la construcción de su propia estrategia nacional de IA para extraer los beneficios económicos e industriales de estas tecnologías, así como las aportaciones que éstas encierran de conveniencia y bienestar para el conjunto de la sociedad puertorriqueña?

Debe ser una estrategia en cuyo centro sitúe los derechos fundamentales, el respeto al estado de derecho y a las instituciones democráticas, ante los peligros acreditados que comporta la IA

En un contexto en el que aplicaciones de IA están comenzando poco a poco a desplegarse en el país, algunas de ellas para usos particularmente inquietantes , el apuntado llamado no puede ser más urgente.

Para acometer este esfuerzo, las características, métricas y parámetros como los que utiliza el Center for AI and Digital Policy brindan un marco orientador muy eficaz para asegurar que los sistemas de IA que se diseñen y se utilicen en el país sean respetuosos de las libertades y garantías básicas y redunden, en definitiva, en provecho social y en la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudadanía.

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*Lic. Roberto L. López Dávila, B.A., J.D., Master in Laws, FHCA, CIPP/US/E, CIPM, FIP, CSX-F, Asesor Legal, Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico, ex AI Policy Fellow, Center for AI and Digital Policy. Las expresiones contenidas en este trabajo son de la entera responsabilidad del autor, por lo que no son atribuibles en modo alguno al Poder Judicial, a la Oficina de Administración de los Tribunales o a cualquiera de sus dependencias. Para cualquier comentario sobre el escrito, puede escribir al autor a robertoluisster@gmail.com

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_workshop

[2] Al efecto conviene tener presente que el término «inteligencia artificial» es, en rigor, un adjetivo; esto es, describe funcionalidades de cierto tipo de máquinas que son capaces de «copiar» o «imitar» procesos cognitivos propios de los humanos. En este sentido, el Machine Learning, el Deep Learning, el Natural Language Processing, entre otras tecnologías impulsadas por datos (data driven), son las herramientas más recientes de una larga evolución tecnológica dirigida a alcanzar ese horizonte de «máquinas inteligentes» o sistemas de «inteligencia artificial».

[3] Brynjolfsson & McAfee, The Second Machine Age, USA: W.W. Norton & Co, Inc. (2014)

[4] «The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond», World Economic Forum (Jan 14, 2016), https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

[5] Sizing the Prize: What’s the real value of AI for your business and how can you capitalize? PricewaterhouseCoopers (2017).

[6] Angela Kane & Wendell Wallach, «Artificial Intelligence is already upending geopolitics», Techcrunch (April 6, 2022). Según un estudio del Center for Data Innovation Estados Unidos se sitúa a la cabeza del avance en IA en términos absolutos, al medirlo en función de niveles de inversión en investigación y desarrollo, recurso humano competente, acceso a datos y recursos hardware especializado, etc. Le sigue de cerca en segundo lugar, China, siendo el país que más avances ha experimentado sobre la materia durante los últimos años; y en tercer lugar, un poco más alejado de los primeros, se sitúa la Unión Europea. Daniel Castro, Michael McLaughlin & Eline Chivot, «Who is Winning the AI Race: China, the EU or the United States?», Center for Data Innovation (August, 2019), https://datainnovation.org/2019/08/who-is-winning-the-ai-race-china-the-eu-or-the-united-states/

[7] James Vincent, «Putin says the nation that leads in AI ‘will be the ruler of the world’», The Verge, (Sep. 4, 2017), https://www.theverge.com/2017/9/4/16251226/russia-ai-putin-rule-the-world

[8] El autor que suscribe contribuyó en la investigación y redacción del informe, junto a cerca de 100 expertos en políticas de IA procedentes de más de 40 países.

[9] Algunos de estos factores persiguen detectar, por ejemplo, si la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia figuran como objetivos destacados dentro de los planes nacionales de IA; si el país ha reconocido por ley el derecho a la transparencia algorítmica; y, si el país cuenta con una autoridad o agencia independiente para la supervisión efectiva de los sistemas de IA.

[10] «Artificial Intelligence and Democratic Values, The AI Social Contract Index 2020», https://www.caidp.org/reports/aidv-2020/

[11] Michelle Estrada Torres, «Cámaras con reconocimiento facial: llegaron para quedarse en Bayamón», La Perla del Sur (16 de febrero de 2023),https://www.periodicolaperla.com/actualidad/camaras-con-reconocimiento-facial-llegaron-para-quedarse-en-bayamon/

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