Visita nuestro Observatorio COVID-19 en Puerto Rico

Samuel Quiñones García, J.D., Ph.D.

Nota de la editora: El ensayo es parte de una reflexión a partir de las conclusiones de la disertación doctoral del profesor Samuel Quiñones García (abogado y estudioso de las comunicación).

Introducción

En términos prácticos, tendemos a catalogar como transparentes aquellos gobiernos donde cualquiera puede pedir información pública sin expresar motivo. Pero una apreciación más cabal del término incluye, a los regímenes donde rutinariamente se entregan documentos públicos. Particularmente, los susceptibles de usarse para fiscalizarlos. Como mejor se demuestra esta diferencia es, si ante un señalamiento de posible corrupción, sus funcionarios los ceden a corroboración externa. En vista de que estas peticiones son hechas en distintos contextos, vale la pena destacar el que más nos interesa. Me refiero a aquellos con mayor potencial de generar un escándalo de corrupción en medio de una epidemia. Mi tesis es muy sencilla. La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, al alterar patrones de conducta social, nos está revelando verdades escondidas. Datos que añaden atributos adicionales a la transparencia como concepto.

1. El manejo de información pública durante una pandemia

En principio se supone, que las agencias públicas deban ilustrar al pueblo sobre su organización, objetivos, servicios, programas y planes. Esto es indispensable para formarnos una noción sobre sus bases, normas y jerarquías. El examen de los documentos creados al servicio de estos trámites permiten discernir cómo se conducen. En un ámbito competitivo, la violación del debido proceso, usualmente encubre favoritismos.

En este ensayo propongo que cuando azota una plaga, surgen comportamientos inéditos en el sistema informativo público. Para comenzar, todos prestamos más atención al manejo gubernamental de la respuesta, por las graves consecuencias que importa. Desafortunadamente también, porque a pesar de la crisis, las personas potencialmente corruptas no renunciarán a intentar manipular la realidad para encubrirse. Todavía peor, usarán la tragedia como excusa para reclamar que no se les investigue o se les otorgue inmunidad.

A esos fines resulta crucial velar usos no autorizados de información estatal. En general, los expedientes que contengan datos personales de individuos solo deben estar accesibles a estos y a quien tenga interés legítimo. El gobierno debe recabar fielmente antecedentes y evitar su distorsión al transmitirlos. El cotejo de su exactitud garantiza la legitimidad de los gastos públicos empleados para lidiar con la emergencia. Los funcionarios contestarán oportunamente cualquier impugnación a su desempeño. El periodista debe valorar críticamente lo informado. En el caso de que se acusen irregularidades, estas deben ser reportadas. Incluso si el consiguiente descrédito mina la confianza pública en el peor momento posible. Emprender de inmediato un curso correctivo tiene que partir de un descubrimiento total de la verdad.

La averiguación efectiva de ventajas irracionales, procesos errados, caprichosos, arbitrarios o discriminatorios, usualmente requiere solicitar documentos públicos. Un Estado transparente debe entregarlos con presteza y no reprimir al que los use para señalar sus faltas.

Durante una pandemia estas aspiraciones teóricas exigen materializarse rápido en protección de vida y hacienda. El personal del gobierno, no adquiere facultad para declarar confidenciales sus actuaciones o eludir el cotejo de su probidad, simplemente porque hay una masiva crisis de salud. Por tanto, los documentos que reflejen la dinámica interna de sus agencias, no cambian de clasificación. Excepto que una ley lo disponga, que para ser válida, debe contener una excepción para cotejar si los funcionarios cumplen sus deberes.

La aplicación de acciones correctivas será resistida. Es por esto que los procesos investigativos requerirán prueba admisible y pertinente. Evidencia que, en virtud de las aciagas circunstancias creadas por una pandemia, las personas potencialmente corruptas piensan que pueden ocultar. Ciertos tipos de ciudadanos son más proclives a indagar en este tipo de documentos. Estos suelen hacerlo en virtud de una encomienda constitucional, legal, reglamentaria o cívica. Entre estos últimos, los periodistas se distinguen por el profesionalismo con el que acometen esta labor. Pero en una pandemia estos enfrentarán obstáculos sin precedentes. Nuestra propia sobrevivencia puede depender de que los superen. Estudiemos pues, las más relevantes bases operativas de la prensa en medio de un flagelo sanitario mundial.

2. La transparencia en tiempos de epidemia

Que la verdad sea conocida, nunca es el primordial objetivo de los que procuran alcanzar o retener el poder. La mentira es moneda de curso normal en la política. De ello se deduce, que los gobernantes quieran emplearlas para evitar ser fiscalizados. Esto expone la raíz de un singular conflicto.

Los profesionales de la prensa (propietarios, editores, redactores y reporteros) en todos los medios, además de cubrir noticias, son consumidores de información pública. El derecho a obtenerla es inherente a un deber de difundirla, tan acreditado, que en la mayoría de los ordenamientos merece reconocimiento constitucional. Sin embargo, la prensa también elabora un producto en una industria. Las noticias son eventos poco comunes que el público está dispuesto a pagar por conocer. Entonces como mercancía, está igualmente sujeta a las leyes de oferta y demanda. Como la verdad no tiene precio, el mercado lo que negocia es su acceso. La prensa es la institución a cargo de reconciliar estos intereses.

La institucionalización del periodismo como un método de rendimiento de cuentas determina cierta uniformidad en el modelo operativo de la democracia en todas partes. En particular, la doctrina ha explorado con profusión la convergencia entre el derecho informativo y el acceso a los documentos públicos. Debido a las numerosas zonas donde estos convergen, legisladores y jueces confeccionan criterios para su ejercicio, lo mismo para periodistas que para el público en general. Aunque estos no difieran mucho, son las acciones de la prensa las que mayor impulso brindan a la transparencia. Sin perder de vista su aspecto empresarial, estos son los ciudadanos mejor preparados para hablarle en la cara al poder y obligarlo a rendir cuentas.

En función de este paradigma, se puede dar por descontado que las investigaciones periodísticas explotan al límite las posibilidades de su sistema informativo público. La utilización de documentos obtenidos por los cauces oficiales se verá complementada por los provistos por whistleblowers y filtradores. El efecto conjunto de ambos tipos de revelaciones brinda una metodología precisa para la detección de corrupción. La transparencia por tanto depende también de las avenidas de solución legal a la adquisición no tradicional de información pública. La eventual revelación de documentos mal clasificados como secretos, es un ingrediente principal de la fiscalización; tarea cuyos resultados propone un enorme potencial escandaloso, en medio de una crisis de salud pública. Esta situación impone novedosas interrogante para la intelección de la transparencia.

¿Es posible saber lo que hace nuestro gobierno durante una catástrofe sanitaria solamente a través de lo que publica? Ciertamente, no, pero estos son insumos básicos sobre métodos y resultados. Conocer los verdaderos resortes del quehacer público durante cualquier crisis resulta acuciante. Pero en una pandemia, el impacto del desastre es tan amplio que intimida. Con la posible excepción de la caída de un gran meteorito o la erupción de un súper volcán, no hay uno mayor. Solamente, que estos dos casos son mucho menos probables o predecibles. Los arquetipos de comunicación pública se supone que estén preparados para acomodar una pandemia. Las entrevistas a los actores relevantes o los reportajes de conferencias de prensa juegan un papel fundamental. El descubrimiento de corrupción se encuentra más cerca del uso de fuentes documentales, formales e informales.

El periodista, particularmente los especializados en la investigación, posee además una perspectiva histórica de los acontecimientos previos. Estos atributos los hacen más sensibles a notar la disrupción de prácticas gubernamentales para encubrir corrupción. En medio de una emergencia crece la incertidumbre debido al súbito cambio de conductas. Aumentan las ocasiones que acompañan al fraude, debido a la alteración de patrones. Todavía peor, los actores corruptos reclamarán impunidad, fundados, en que su procesamiento podría agravar la crisis. A tales fines, la labor periodística debe resistir el chantaje basado en estas pretensiones. Toda pregunta pertinente debe hacerse y una contestación ser ofrecida.

3. Impedimentos a la búsqueda de información pública durante una crisis

Una catástrofe natural ocasiona una disrupción social cuya magnitud está en correlación directa a su alcance poblacional. En este nuevo escenario los funcionarios corruptos no dejarán de serlo, aunque deban interrumpir sus esquemas en desarrollo. Ante el emergente ecosistema político estos funcionan bajo un principio de oportunidad. La flexibilidad para adaptarse es indispensable para aprovecharse de las nuevas circunstancias antes que sus competidores. Estos cambios súbitos están reñidos con la planificación elaborada de esquemas, defensas y coartadas. Dinámica que hace más fácil descubrir y denunciar sus esfuerzos. Pero esto no sirve de nada sin una significativa indignación social que siga a las denuncias. El escándalo es un voluble elixir que se destila, en el alambique de la «opinión pública».

La alquimia de su formación puede convertirla lo mismo en un vigorizador tónico que en un embriagador brebaje, al servicio del tirano. En ocasiones también, en un tóxico veneno, que asesina el carácter de sus víctimas. Las proporciones de un escándalo durante una pandemia estarán dictadas también, por el orden de los valores transgredidos y las expectativas sobre los sospechosos ante la opinión pública. En ese sentido, la prensa debe estar consciente de los graves efectos de no publicar completa la verdad. No importa quien la diga, a quien convenga o perjudique. Los desastres naturales tampoco logran exorcizar las contiendas políticas o partidistas. Pero hacen más urgente, que se atesten sus eventos separados de la crisis. Especialmente si la pandemia ocurre en medio de una contienda electoral.

Los conflictos pasados se entremezclan con los emergentes durante una crisis. Las luchas internas exacerban el canibalismo político, cuando más se necesita unidad. Durante una pandemia detalles ocultos de estas reyertas, previas y recientes, serán usados como armas. Al partido de gobierno le será más difícil controlar sus estructuras. No es de extrañar entonces, que análogo a otros sectores de la economía informal o el crimen organizado, las personas potencialmente corruptas procuren aprovechar el azote. Al no poder seguir sus esquemas en marcha, buscarán otras oportunidades de negocios. En este paradigma las mafias gubernamentales no temen hincar sus intereses dentro de los nuevos servicios públicos exigidos. Aunque esto signifique retrasarlos o prestarlos de manera más onerosa o deficiente.

La ciudadanía y la prensa deben crear conciencia de que los actores corruptos competirán por las ocasiones que brinde la epidemia, para el contrabando, el fraude y el aprovechamiento personal de los bienes y servicios públicos. Durante una pandemia la prensa asume una grave responsabilidad sobre estas denuncias. El actor corrupto considera que puede lograr la impunidad haciéndose el indispensable o minimizando el daño ocasionado. Alegará que revelar sus fechorías terminaría empeorando la crisis. Mientras más alto sea el perfil del corrupto, mayor será el umbral de prueba necesario para hacer una denuncia. El acceso a documentos públicos se convierte así en un factor decisivo para remontar efectivamente esta barrera.

Las dinámicas entre los integrantes de la industria periodística y los corruptos asumen entonces dos formas: la confrontación o la complicidad. Estas circunstancias a veces no son captadas de inmediato por el público, inundado de información durante la crisis. La fiscalización verdadera alerta a la ciudadanía lo que hacen las elites políticas corruptas. Superar los reclamos de impunidad durante una pandemia requiere apremiar al ordenamiento legal. La dificultad estriba en que en estos periodos, las estructuras políticas se vuelven deleznables. Cualquier percepción nociva puede hacer colapsar el gobierno. Invitando así, aunque sea de momento, al caos social, motines y saqueos. Esta es la excusa más manida para restringir las libertades civiles. Comenzando por la supresión del derecho de acceso a los documentos oficiales.

Cuando el gobierno detiene el flujo de información pública al pueblo, levantando la seguridad nacional, los corruptos verán en Jauja sus ambiciones. Las unidades políticas dentro de la tradición liberal, democrática y republicana en el molde occidental, han desarrollado efectivos diques de contención contra estas ambiciones despóticas. En el contexto de estos modelos los más valiosos se refieren a la existencia de fuentes de informativas alternas, diversas y contrastables. Todos los países experimentan ciclos más o menos autoritarios, asociados a diversos tipos de crisis. Cuando estos eventos siguen a fenómenos naturales, como una pandemia, incumbe a la solidaridad humana decirnos la verdad, no importa cuán dura sea. Lamentablemente en estas circunstancias, la tendencia del gobernante es a mostrar su mejor cara. Si para ello tienen que mentir, no es menos corrupto que el que roba.

Ser optimista no es ocultar la penosa realidad o evitar dar explicaciones. La opacidad en estos momentos convence al corrupto, que sus fechorías también se mantendrán escondidas, para evitar una disolución social. En este escenario se debe prestar atención con prioridad a los aparatos de policía, inteligencia o militares. Estos no deben clasificar indebidamente como secretos documentos públicos. Los partidos con poder parlamentario decisivo deben estar dispuestos a investigarse ellos mismos. Las restricciones que a sus prerrogativas imponga la Constitución, deben ser estiradas para superar alegaciones sobre privilegio ejecutivo. La mutua supervisión entre los poderes públicos resulta crucial para la transparencia en medio de una pandemia. Particularmente del legislativo sobre el ejecutivo. El cotejo cruzado de sus acciones, sirve para acomodar tensiones entre valores democráticos.

Dentro de este esfuerzo exegético, el periodista necesita del pueblo para fortalecer su acceso a información pública. Ganada su influencia en la opinión pública, crece su poder frente a las elites políticas tradicionales. El acceso que logren a documentos oficiales es el mejor baremo del estado de la libertad de prensa como un valor de la cultura política. La importancia de este sistema de cotejo político adquiere una nueva dimensión con el acecho de una pandemia. Conocer los documentos relacionados con el diseño de las operaciones para enfrentarla es vital. Estos acumulan fuentes y métodos de inteligencia; información atinente a recursos; datos científicos, tecnológicos o económicos sensitivos. En manos equivocadas estos pueden suponer una ventaja indebida y propiciar una competencia desleal.

Dentro del vasto enjambre de entidades públicas que integran este tinglado de respuesta, las agencias sobre salud pública serán la presa más codiciada. A lo largo de los enfrentamientos tácticos y estratégicos (ofensivos y defensivos) saber quién, qué, cuándo, dónde y cómo se organiza el combate de la enfermedad, provee a los corruptos muchas maneras de lucrarse. Irónicamente, en caso de ser descubiertos también, la posibilidad de un escándalo será usada como excusa para que se perdonen sus fechorías. Esto introduce un elemento nuevo en el estudio del derecho de acceso a la información pública.

4. La fiscalización de una crisis mediante el uso de documentos públicos

La búsqueda de la verdad con frecuencia coloca en conflicto la demanda de documentos públicos con las ambiciones hegemónicas de los propios actores encargados de proveer transparencia. La forma en que este problema se soluciona en cada sistema político depende de batallas institucionales marcadas por recurrentes ciclos de ruptura y arreglos. En ningún momento se torna más encarnizada esta lucha que durante el curso de una crisis. Que en el caso de las causadas por desastres naturales y epidemias en particular, otorgan a los expedientes administrativos un explosivo potencial escandaloso. Durante una crisis médica de grandes proporciones fiscalizar a los funcionarios del Estado, requiere un juego nuevo de destrezas para legisladores, periodistas y ciudadanos.

Supervisar al poder ejecutivo o publicar una noticia crítica requiere arrostrar la impudencia de funcionarios corruptos. Estos usarán la crisis para torcer la realidad aprovechando la mengua en los procesos de corroboración, causados por la crisis. Lo que significa que quien busque conocer lo que realmente ocurre en el interior del gobierno en estas situaciones, tiene que ser particularmente acucioso. La responsabilidad original de velar por la corrección de las actividades del Estado reposa sobre los hombros de sus propios funcionarios. En las Constituciones donde prima la separación de poderes, la relación entre las ramas legislativas y ejecutiva sigue como método de control. A los fines de este estudio, cuando un legislador se opone a los sectores dominantes (establishment) con el fin de fiscalizar se convierte en un maverick. Ejemplos precisos de esta situación son algunos agresivos legisladores de minoría o los políticos de facciones renegadas, dentro de un mismo partido.

En un sistema de partidos las élites disfrutan de muchos privilegios sujetos a que conformen sus actuaciones a los dictados de sus líderes. Cuando un funcionario se desvía de los cauces oficiales para denunciar los desmanes de sus pares o superiores, se arriesga a convertirse en un paria político. Esta labor fiscalizadora se produce en escenarios preñados de insidiosas intrigas y acusaciones de traición. Las filtraciones anónimas son un antiguo y venerado método para dar a conocer documentos públicos. Particularmente, los irrazonablemente retenidos. Igual deberán considerarse las conversaciones fuera de récord de confidentes.

El delator será considerado un héroe o un villano dependiendo del peligro que prevenga o el daño que cause, la información revelada. Justamente, la diversidad de apreciaciones que acepta esta distinción, es lo que mantiene tan controvertida esta práctica. A pesar del indudable valor informativo que tienen las filtraciones, estas siempre quedan manchadas por el tinte del anonimato. Los exposés de los colaboradores de una trama invariablemente son recusados como deseos de publicidad o venganzas partidistas. En contraste, las revelaciones hechas por los whistleblowers son estimadas de mayor valía, debido a que se expone a la represión o a críticas infundas. En ambos casos, la revelación de una información mantenida ilegalmente en secreto, usualmente requiere una intrincada interacción entre los medios y estas fuentes.

Canales de fiscalización del gobierno desde la sociedad civil son indispensables. En esta categoría se incluyen individuos y organizaciones, dedicadas específicamente al adelanto de la libertad de información y el derecho de acceso a los documentos públicos. Atención particular debe prestarse a las organizaciones que defienden los derechos humanos, la libertad de prensa y los bufetes de abogados que defienden el interés público. Todos ellos poseen la actitud y aptitud necesaria para indagar, qué es lo que realmente hace su gobierno. Ya sea impulsado por procurar remedio a un daño sufrido o la corrección de una injusticia, estos acunan un poder enorme para hacerse sentir frente al poder.

Dentro de esta subjetividad, vale la pena terminar resaltando como un previo servicio público de alto nivel, ofrece una experiencia poco estudiada en sus efectos sobre la transparencia. Desde una perspectiva positiva, esta brinda criterios superiores para detectar la corrupción. En adición aprovecha para evaluar la correcta clasificación de los documentos públicos. Pero también son muchos los que, luego de una carrera funcionarial, siguen interesados en mantenerse vinculados al gobierno por malas artes. Asesores, recaudadores, contratistas, cabilderos, estos exfuncionarios inciden en las administraciones por diversas razones. Algunos para ocultar sus pasadas acciones. Otros para explotar las buenas relaciones con sus antiguos patrones. Las actitudes y aptitudes de estos ciudadanos tendrán una entendible influencia en las transacciones que intervengan. Legisladores, periodistas y miembros de la sociedad civil tendrán que medir su huella en la probidad de su resultado. En última instancia corresponde a todos en conjunto contener a los corruptos que, no importando la grave crisis, insisten en depredar sobre los más vulnerables. Que en el caso de una pandemia, puede ser cualquiera de nosotros.

¿Aún no estás suscrito(a) a Microjuris? Házlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Házlo en nuestra sección de cursos en línea.