Por Sergio M. Marxuach
Director de Política Pública de Espacios Abiertos

Tras 15 años de estancamiento económico, una crisis fiscal y de deuda, la quiebra de su gobierno, los daños causados por los huracanes Irma y María en 2017 y una serie de terremotos en 2020, y el dolor ocasionado por la pandemia del COVID-19, Puerto Rico tiene una oportunidad única para dar un giro a su economía.

El proceso de reestructuración de la deuda ha terminado.

El Plan de Ajuste certificado brinda un importante alivio de la deuda a la isla al reducir la deuda del estado en aproximadamente un 50%. Sin embargo, es bastante difícil determinar hoy si esta cantidad de alivio de la deuda es suficiente. Lo que está claro es que la viabilidad del Plan a medio y largo plazo depende de que se ponga en marcha el crecimiento económico en Puerto Rico.

La Administración Biden se ha mostrado dispuesta a desembolsar el dinero asignado por el Congreso hace cinco años.

Estos fondos financiarán los esfuerzos de reconstrucción tras los huracanes, lo que permitirá a Puerto Rico mejorar significativamente una gran parte de su infraestructura física en un periodo de tiempo relativamente corto.

Hay razones para creer, o al menos esperar, que lo peor de la pandemia termine pronto.

Aunque el riesgo de que surja una nueva variante sigue, y probablemente siempre estará, presente, también es cierto que la humanidad ha hecho enormes progresos en entender la evolución clínica de esta enfermedad y ha desarrollado en un tiempo récord tanto vacunas como nuevos tratamientos que reducen la incidencia de síntomas graves, hospitalizaciones y muertes.

El giro intelectual y político hacia un estado más activista ofrece a Puerto Rico el espacio político necesario para desarrollar e implementar soluciones creativas a sus problemas económicos.

El espíritu de los tiempos es favorable para el desarrollo e implementación de una estrategia económica cuidadosamente diseñada para Puerto Rico. En este sentido, es importante señalar que mientras la Administración Pierluisi y la Junta de Supervisión y Administración Financiera han propuesto nuevos incentivos económicos y la implementación de reformas estructurales, respectivamente, ambos esfuerzos se quedan cortos en cuanto al diseño de una estrategia económica para Puerto Rico.

Estos esfuerzos ciertamente son significativos y tratan de abordar asuntos importantes, pero son inadecuados en su conjunto, porque tanto el gobierno de Puerto Rico como la JSAF están mirando sólo algunas piezas del rompecabezas, y nadie está mirando el rompecabezas completo. Aquí haríamos bien en seguir el consejo de Michael Spence cuando dijo que «no deberíamos caer en el error de equiparar algo útil, como el desarrollo del sector financiero o cualquier otra cosa, con una condición suficiente para el crecimiento".

Del mismo modo, no debemos cometer el error de equiparar un conjunto de reformas estructurales bastante dispares y quizás marginalmente efectivas con una estrategia económica.

Sencillamente, las reformas estructurales favorecidas por la JSAF y expuestas en el Plan Fiscal son asuntos de segundo orden y no generarán el crecimiento económico a largo plazo que Puerto Rico necesita, tanto para mejorar la calidad de vida de su población como para pagar su deuda reestructurada, a menos que se inserten o enmarquen en una estrategia o visión económica más amplia.

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