La Comisión de lo Jurídico que preside la representante María Milagros Charbonier, inició la semana pasada las audiencias públicas en torno al Proyecto de la Cámara 11, que propone la creación de la Oficina del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal. La misma servirá para atender exclusivamente aquellos casos de naturaleza penal que la Sociedad para Asistencia Legal no pueda prestar atención por razón de conflicto de interés.

La legislación de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos "Johnny "Mendez Núñez, dispone que esta Oficina tendrá la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación legal compensada, para proveer sus servicios a indigentes mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada.

Se observa que para ello, la Oficina confeccionará una lista para el establecimiento del Panel que estará adscrito a la Sociedad para Asistencia Legal y sus gastos de funcionamiento se sufragaran de los fondos provenientes de las ventas del sello especial de suspensión, según lo dispone la Ley de Aranceles.

Esto, a través de la imposición de dos (2) aranceles nuevos para subsidiar el Panel Voluntario; el pago de $5.00 en derechos arancelarios para presentar querellas bajo la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho y el pago de $20.00 a ser cancelado por las compañías de finanzas al momento de prestar una fianza.

Conforme a lo anterior, el representante Méndez Núñez reiteró que el derecho a asistencia de abogado no puede condicionarse a requisitos económicos que lo pongan fuera del alcance de un indigente.

"Lo que busca esta medida es prestarle una representación legal adecuada a los indigentes en cualquier etapa del juicio. El Tribunal Supremo ha creado lo que son Abogados de Oficio, pero el aspecto económico es fundamental y precisamente cuando un abogado de oficio no tiene ni la capacidad para poder contratar a un buen perito o para poder hacer una buena investigación. Entonces tenemos el resultado que en muchas ocasiones tenemos personas inocentes dentro de las instituciones penales", planteó el líder cameral.

Entretanto, el Colegio de Abogados, a través del licenciado Héctor Sostre Narváez, coincidió que el Proyecto le hace justicia a los abogados de Puerto Rico y trata de resolver el problema de representación legal adecuada y acceso a la austicia de los más necesitados. Indicó que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados para el 11 de junio de 2011 le encomendó a su Comisión de Asuntos de Abogados investigar y evaluar la asignación de abogados y abogadas de oficio en los tribunales.

A esos efectos, recomendó que para salvar cualquier posible conflicto de interés, es necesario que esos fondos generados para financiar este proyecto sean identificados única y exclusivamente para esos fines.

Por su parte, los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, Rubén Parrilla Rodríguez y Manuel Mayo, expresaron que está propuesta es la mejor que se ha presentado en este aspecto, ya que recoge unas fuentes de recaudo que no van al Fondo General, y remedia el problema que enfrentan con los ingresos por concepto de sellos, que sufren el retraso constante por las remesas por las ventas de los mismos. De otra parte, recomendaron que los fondos deben ser suficientes para cumplir con la propuesta.

Ante algunas preocupaciones por las fuentes de recaudo, el presidente cameral expresó que "el proyecto no está escrito en piedra y la presidenta de la Comisión podrá incluirle enmiendas. Podemos buscar acá algunas alternativas para mejorar el proyecto, pero no podemos pensar que porque la medida tenga un impacto económico limitemos una buena representación legal a los indigentes".