La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Canal Segurola, recomendó hoy que se incluya la figura de un Public Defender para orientar y ayudar a los padres en el proceso legal que llevan durante las resoluciones de querellas de estudiantes de educación especial.

«Mi recomendación en cuanto a las querellas sería que se proveyera una especie de Public Defender, una persona que ayudara a los padres a presentar su caso. Ahora mismo se que los ProBonos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico están determinando eso, pero no da abasto porque son pocos estudiantes. Pero creo importante que en este proceso administrativo haya una figura que pueda orientar y ayudar a los padres en un proceso que es ajeno a lo que están acostumbrados", explicó.

Estas expresiones fueron vertidas en vista pública del Proyecto de la Cámara 1484, el cual contempla la Ley para la Educación de los Niños con Discapacidades de Puerto Rico, y atiende el presidente de la Comisión de Educación, Abel Nazario Quiñones.

Según la Presidenta esta recomendación surge de sus intercambios con los abogados pro bono, quienes le han planteado que muchas veces esas vistas de querella se convierten en algo tan técnico para los padres «que si los padres no vienen acompañados de un abogado, realmente sus planteamientos no tienen consecuencias», detalló. Candal sostuvo que la Comisión de Derechos Civiles recibe anualmente aproximadamente unas 300 querellas relacionadas con necesidades especiales de personas con diversidad funcional o problemas de aprendizaje. «Algunos de ellas del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación", añadió.

También trajo preocupaciones sobre si el mecanismo más efectivo para resolver estos casos sea una querella, alegando que «se está complicando mucho, en el sentido de que como las reglas disponen que no aplican las Reglas de Evidencia, el examinador piensa que puede hacer lo que crea y realmente eso le quita la posibilidad de que el padre que va como muchos instrumentos sencillos sobre la preocupación hacia sus hijos pueda plantear su problema verdadero y el incumplimiento con los servicios».

Por su parte, el Senador indicó que la Comisión de Educación va a atender esto dentro del proyecto legislativo de la manera más responsable, «escuchando a los que conocen del tema no solo en el área de Derecho sino también el área del día a día para que se puedan cumplir cabalmente todas las metas que tiene el Departamento y las que aspiran los padres».

La Comisión de Derechos Civiles no avaló la medida en discusión aunque ofreció colaborar con la Comisión en el curso legislativo que lleva la pieza.

El martes continuarán las vistas sobre este proyecto de ley con la participación del Comité Padres Pelito Rosa Lydia Vélez, la Asociación de Padres ProRemedio Provisional, Alianza de Autismo y el Consejo de Deficiencias en el Desarrollo.