El gobernador Pedro R. Pierluisi a través de sus agencias fiscales, anunció recientemente que implementará ciertas medidas solicitadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a pesar de que las describió como "excesivas y arbitrarias".

Aseguran que la nueva Ley 52-2022 crea incertidumbre en la práctica de la notaría

A través de una comunicación escrita dirigida al presidente de la JSF, David A. Skeel, el gobernador indicó que "adoptará las medidas recomendadas" por el ente federal.

Las medidas establecen que, para dar paso a la transición de las compañías foráneas, el gobierno deberá crear un fondo de reserva de $250 millones, del efectivo de excedentes de años anteriores, para enfrentar posibles reducciones en recaudos como consecuencia del cambio.

Esta reserva se tendría que honrar hasta el 31 de diciembre de 2025. También, se tendrá que detener la implementación de nuevos decretos de impuestos para médicos y que se garantice que cualquier pago por una ley anterior se mantendrá inalterado, a menos que sea sustituido por una nueva fuente de pago expresamente identificada.

Aunque el gobierno va a implantar estas medidas, se mostró inconforme con las mismas porque desde hace varios meses funcionarios de las agencias fiscales han demostrado con información actualizada que las proyecciones de recaudos que se le proveyeron a la JSF son certeras y razonables.

Para el gobernador Pierluisi, la Reserva de Contingencia resulta innecesaria y su monto y plazos propuestos son excesivos y arbitrarios. "De hecho, en su carta la Junta de Supervisión estima que el impacto de la Ley 52 en los ingresos del Gobierno será una reducción neta de $143 millones, pero solicita de manera desproporcionada y arbitraria que el monto de la Reserva sea de $250 millones", expresó.

Dijo que el exceso de la Reserva para Contingencias se exacerba al considerar que, utilizando datos históricos reales de los contribuyentes, el Gobierno estima que la Ley 52 resultará en un aumento positivo de aproximadamente $42 millones en ingresos.

El primer ejecutivo recordó que el Plan Fiscal Certificado del 27 de enero de 2022 del Gobierno de Puerto Rico, ya incorpora una reducción de aproximadamente $250 millones en los ingresos de la Ley 154-2010, durante el término de la Reserva de Contingencia y que los esfuerzos de recaudación de ingresos han resultado en un rendimiento consistente, superior a los estimados proyectados por la propia entidad.

En la misiva, además, Pierluisi afirmó que está analizando el impacto en Puerto Rico de la recién aprobada Ley Federal para la Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés), que establece una nueva contribución alterna mínima de 15% bajo ley federal, para empresas con ciertos niveles de ingresos.