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Por el Dr. Darik Cruz Martínez

Introducción

Los tribunales en línea y las plataformas digitales (en adelante, "TLPD") para resolver disputas y controversias cobran gran relevancia e importancia para continuar facilitando el acceso a la justicia, la conveniencia de las partes y el mejoramiento de un sistema adjudicativo de controversias. Aunque podríamos pretender que las TLPD abarcan todo el proceso de adjudicación, también podrían ser de utilidad para ciertas etapas, dependiendo de la materia, la complejidad del asunto, entre otras consideraciones.

Si bien es cierto que existen programadores y profesionales del derecho trabajando al unísono para mejorar la experiencia de las TLPD, no es menos cierto que el proceso de desarrollo, mantenimiento y optimización de estos sistemas tecnológicos conlleva costos, alto conocimiento tecnológico e incluso expectativas irreales sobre cómo deben ser esas plataformas. Esto, a su vez, provoca desafíos y desaciertos, toda vez que la creación de una plataforma adjudicativa, más allá de ofrecer un servicio a la sociedad, tiene como aspiración brindar un mecanismo alterno tecnológico para la resolución de controversias.

Principalmente, se busca garantizar el acceso a la justicia, no solo a los individuos, sino también a personas con discapacidades o situaciones particulares, como lo puede ser el idioma.

Lo antes mencionado se combina con un proceso dirigido a las partes, entiéndase, los participantes, como figuras centrales. Con esto en mente, el "assessment" para una TLPD debe incluir aspectos tecnológicos para corroborar si la plataforma y el proceso utilizado son aptos e idóneos para resolver disputas. Tanto la parte sustantiva como la procesal son extremadamente importantes para obtener un diseño adecuado y eficaz de una TLPD.

En el caso del participante, debemos considerar el impacto emocional e intelectual al tener que afrontar, voluntaria o involuntariamente, un proceso adversativo y adjudicativo, que bien puede ser en materias del área civil, el ámbito criminal e incluso en trámites administrativos. Una TLPD puede provocar un estresor adicional al estrés diario de cualquier ser humano.

En muchos lugares, la primera opción es el tribunal para atender controversias, y esta no debería ser la primera alternativa, sino una opción casi final en caso de que otros métodos para resolver disputas no hayan resultado eficientes e idóneos en atender el asunto. Para algunas personas, los trámites en los tribunales de justicia son percibidos como intimidantes y provocan un estrés adicional.

Actualmente, con los avances tecnológicos y científicos, se han desarrollado —o al menos han adquirido mayor presencia— áreas como la neurociencia. A su vez, esta ha podido combinarse con el derecho. Esta combinación de neurociencia y derecho pudiese abonar a mejorar las plataformas en línea, ya que permite identificar y comprender las reacciones de las personas en los procesos adjudicativos digitales.

Teniendo esto en consideración, se pueden mejorar los procesos en las plataformas, y la experiencia de las personas debería representar mayor comodidad y satisfacción. Claro está, sin olvidar el propósito esencial: dirimir controversias y que estas sean debidamente adjudicadas. Por ello, conceptos como NeuroLaw y Legal Design han tomado gran relevancia en la discusión académica en algunas jurisdicciones.

NeuroLaw y Legal Design

El Neurolaw es conocido como el campo interdisciplinario que vincula el cerebro con la ley, facilitando el camino hacia una mejor comprensión del comportamiento humano para regularlo con mayor precisión mediante la incorporación de avances en neurociencia en los estudios jurídicos.

Esta combinación de ambas áreas requiere evaluar si existen formas de mejorar procesos judiciales o administrativos, incluyendo —pero no limitándose a— los procesos adjudicativos en línea, entiéndase tribunales en línea y plataformas digitales para iguales fines.

En general, las leyes, reglamentos y ordenanzas están creados para regular y/o dirigir la conducta de los seres humanos. Consecuentemente, estas son percibidas, entendidas (razonadas) y procesadas por nuestros cerebros para dar fiel cumplimiento o, al menos, esa debería ser la expectativa generalizada en una sociedad: que las leyes promulgadas sean cumplidas.

Actualmente, escuelas de derecho, programas graduados e incluso cursos a nivel de bachillerato en los Estados Unidos están investigando, estudiando y enseñando la interacción entre las neurociencias y el derecho, y cómo, combinando ambas áreas, pueden comprender mejor el proceso neurológico del ser humano respecto a diversos aspectos legales. Esto puede observarse desde la lectura de un contrato hasta cómo reacciona una parte en un contrainterrogatorio.

Considerando lo anterior, esta información recolectada debería ayudar a mejorar los procesos tecnológicos de adjudicación de controversias, siempre que se cuente con la tecnología apropiada para estos fines. Retomando el compromiso académico con este nuevo renglón, podemos mencionar algunas instituciones como Vanderbilt Law School, Fordham Law School y Arizona State University (ASU) Sandra Day O’Connor College of Law, entre otras.

Por otro lado, el Legal Design se refiere a una metodología que impacta la forma en que se comunican y prestan los servicios legales. A través de esta, se pretende dar respuesta a cuestiones relacionadas con la dificultad de comprensión lingüística y visual de los textos jurídicos, así como del entendimiento de las obligaciones jurídicas contenidas en estos.

La relevancia del Legal Design cobra fuerza en cómo los profesionales que tramitan estos procesos pueden explicar cabalmente y asegurarse del entendimiento de sus clientes e incluso de las partes involucradas. Recordando que no solo la divulgación de información es de suma importancia, sino también asegurarnos de que lo divulgado fue comprendido.

Lo anterior no implica evitar o eliminar el lenguaje jurídico para los no juristas, sino más bien enfocarse en un diseño metodológico adecuado para educar. Al final, todos deben tener un aprendizaje constante, y esto no debe ser la excepción. Por ello, es preciso que, como sociedad, procuremos la enseñanza para transmitir conocimiento y fomentar el aprendizaje en distintas áreas, particularmente en el ámbito legal.

Como señala un artículo de PwC: "Esta innovadora metodología es el resultado de una combinación de conocimientos jurídicos y de diseño, y su principal objetivo es que los documentos jurídicos sean más accesibles y comprensibles para cualquier lector mediante la simplificación de los términos jurídicos y de la estructura utilizada".

Aspectos a considerar

En el caso del Neurolaw, se busca medir cómo el cerebro reacciona a documentos legales. Asimismo, podrían incluirse procesos relacionados con la adjudicación de controversias en plataformas en línea. Estos tendrían el propósito de evaluar las reacciones cognitivas y el nivel de comprensión de los participantes frente a dichos documentos y procesos.

En tal caso, las plataformas podrían analizar y mejorar su sistema tecnológico para brindar un proceso sencillo, entendible y eficaz. Al integrar estos elementos, la experiencia podría generar mayor confianza en los participantes e implicar un mejor desempeño durante el proceso adjudicativo digital.

Con el cumplimiento de la ley y las divulgaciones necesarias, se podría utilizar la tecnología de reconocimiento facial (FRT, por sus siglas en inglés). Esta permite identificar o confirmar la identidad de una persona mediante su rostro. Los sistemas de reconocimiento facial pueden utilizarse en fotos, videos o en tiempo real. Se trata de una forma de inteligencia artificial que imita la capacidad humana de reconocer rostros.

La integración del FRT en estas plataformas podría contribuir a mejorar la experiencia del usuario y optimizar los procesos de adjudicación. No obstante, no nos referimos a su uso directo por las partes o el juzgador, sino como herramienta para mejorar la plataforma. Aunque no existe legislación federal uniforme sobre esta tecnología, aproximadamente 23 estados en los Estados Unidos han atendido este asunto. En Puerto Rico, no se identifica normativa específica al respecto.

También podría considerarse el uso de biosensores, los cuales permiten medir respuestas emocionales ante la información recibida, detectando niveles de estrés, ansiedad o tranquilidad. Al igual que el FRT, su implementación en TLPD requeriría legislación pertinente en Puerto Rico.

Conclusión

Como puede observarse, resulta necesaria una legislación apropiada, ya sea a nivel federal o estatal, para aprovechar herramientas tecnológicas que puedan mejorar los sistemas de adjudicación como las TLPD. La recopilación de información sobre los participantes podría contribuir al perfeccionamiento de estas plataformas y a la obtención de mejores resultados.

No obstante, para el funcionamiento idóneo de una TLPD, deben considerarse elementos esenciales como la accesibilidad, la confidencialidad (en atención a la privacidad), la equidad y la neutralidad, entre otros.

Las plataformas digitales utilizadas por tribunales o entidades adjudicativas deben ser evaluadas continuamente por sus proveedores. La integración de inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías representa oportunidades significativas para mejorar los sistemas de resolución de controversias, lo que conlleva la responsabilidad continua de estudiar su impacto y aplicación en el ámbito jurídico.

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